El viernes de la semana última la Comisión de Educación del Congreso concluyó sus trabajos sobre el proyecto de nueva ley educativa, que será la séptima en cuarenta años de democracia. Del galimatías en que se ha convertido la legislación educativa dice mucho el mismo nombre de la iniciativa: Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), más conocida por 'ley Celaá'. Como dice también de sus bandazos partidistas: el proyecto pretende derogar la legislación del Gobierno popular (LOMCE) para poner al día la anterior ley socialista (LOE). La posibilidad de una gran acuerdo educativo ni se contempla.
Habría muchas cosas que decir del proyecto y de las urgencias con que se ha tramitado, sin tiempo siquiera para escuchar a expertos y miembros de la comunidad educativa. Me centraré, sin embargo, en uno de los asuntos que más revuelo ha causado, como es que se haya retirado del texto la mención al español como lengua vehicular de la enseñanza. En la redacción inicial del proyecto de ley enviado a las Cortes se decía lo siguiente:
"Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".
La enmienda transaccional pactada por el partido socialista, Unidas Podemos y ERC elimina dos cosas del párrafo anterior: la mención al castellano como "lengua oficial del Estado" y luego la frase donde se enuncia que "el castellano y las lenguas cooficiales tiene la consideración de lenguas vehiculares". Como es sabido, la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza se introdujo en 2013 en la LOMCE y fue uno de los puntos que más rechazo provocó en las formaciones nacionalistas. Ahora los republicanos catalanes han exigido su retirada del texto como condición para apoyar la nueva ley, según explicó su portavoz Monserrat Bassa: "Para ERC era una condición indiscutible desactivar ese punto de la 'ley Wert' para blindar nuestro modelo de inmersión. Sin eso, no íbamos a seguir hablando del resto del proyecto". Joan Mena, de Unidas Podemos, se sumó inmediatamente a los independentistas: "Le dijimos al PSOE: necesitamos a ERC. Y acordamos que presentaríamos una enmienda conjunta". En paralelo a la negociación de los Presupuestos, dicha enmienda se aprobó el jueves pasado y el proyecto de ley pasa ahora al Pleno con la nueva redacción.
El modelo de inmersión
Curiosamente, las explicaciones de los socios difieren radicalmente en lo que se refiere a la trascendencia o el alcance de la llamada ‘enmienda del castellano’. Los independentistas la presentan lógicamente como un gran triunfo, pues blinda el modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana. De la misma opinión es el portavoz de la formación morada, quien expresa su satisfacción porque en adelante no sucederá que la ley educativa catalana diga una cosa (que sólo el catalán es lengua vehicular), mientras la ley orgánica dice otra (que el castellano también lo es). "A partir de ahora quedará blindado el modelo de inmersión: porque lo dice Cataluña pero también porque lo dice España", aseguró Mena.
De creerles, los socialistas sólo buscarían hacer de las lenguas un ‘factor de cohesión’, de acuerdo con el modelo de plurilingüismo establecido en la Constitución que no contempla el castellano como lengua vehicular
Los representantes socialistas, por su parte, insisten en que la enmienda no cambia nada. "Desaparece una palabra del Partido Popular y nada más. Los niños van a seguir estudiando en catalán y castellano", declaró Lastra. Otros, como la portavoz de Educación, señalan que se trata de un "debate ficticio" promovido por la derecha en su afán por atizar los conflictos. De creerles, los socialistas sólo buscarían hacer de las lenguas un ‘factor de cohesión’, de acuerdo con el modelo de plurilingüismo establecido en la Constitución; según añaden, en ella no se contempla el castellano como lengua vehicular. Siendo un cambio perfectamente anodino, lo que no se entiende entonces es que haya sido una exigencia irrenunciable de sus socios ni que lo celebren tanto.
Hay que darle la razón a la portavoz socialista cuando dice que la enmienda no va a cambiar nada en Cataluña. Ahí está precisamente el problema. Como es sabido, los alumnos catalanes tienen dos horas semanales de lengua castellana en primaria y tres horas en la secundaria obligatoria. Eso es todo lo que cursan de español, como si fuera una lengua extranjera. En educación infantil ni siquiera se da; como cuenta Ana Losada, nueve de cada diez niños no empiezan a estudiarlo hasta los seis o siete años.
Veto al español
Para conocer la situación sólo hay que consultar el exhaustivo informe sobre los proyectos lingüísticos de las escuelas catalanas elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) en mayo de 2019. El estudio realiza un análisis de 2.214 proyectos de un total de 2.325 centros existentes, una muestra del 95,2%. Las conclusiones son bien elocuentes: por ejemplo, solo el 7,7% de los centros de educación infantil y primaria imparten otra asignatura en castellano que no sea la de lengua castellana y sólo un centro de ESO y Bachillerato imparte asignaturas no lingüísticas en castellano. Por lo demás, el 98,5% de los proyectos lingüísticos examinados veta el uso del español en las comunicaciones orales dentro del centro, en pasillos, patio o comedor; y la casi totalidad de los centros realiza todas sus comunicaciones escritas en catalán (99,5%) o se comunica con las familias exclusivamente en esta lengua (97,4%), con independencia del entorno sociolingüístico en el que estén situadas. Como se ve, es una política rígida de exclusión del castellano, llevada a cabo sin atender a las necesidades lingüísticas o de aprendizaje de los estudiantes, que se extiende poco a poco a otras comunidades autónomas como Baleares.
Lo que no se ve en ninguna parte es que allí donde hay dos lenguas oficiales se imponga a los alumnos un modelo de lengua vehicular única
A la vista de estos datos se advierte el aire de impostura de quienes defienden la enmienda como si no pasara nada; al menos los independentistas van de frente. Escamotean así el hecho de que la mal llamada ‘inmersión lingüística’ es completamente excepcional en términos comparados. Lo más habitual en países plurilingües es un sistema de doble red escolar, aunque no es la única alternativa. Lo que no se ve en ninguna parte es que allí donde hay dos lenguas oficiales se imponga a todos los alumnos un modelo de lengua vehicular única, con independencia de la lengua de las familias o la elección de sus padres, y donde se impide al niño desarrollar una parte significativa del currículum escolar en una lengua que, además de oficial, es la lengua materna de la mayoría de la población. Como expliqué hace tiempo, haciendo una comparación de Cataluña con Quebec, no hay sociedad democrática en Europa o Norteamérica donde se violen de esta manera contumaz y sistemática los derechos lingüísticos de buena parte de los ciudadanos. Eso sí que es una anomalía democrática.
Para que se me entienda, hablo de derechos lingüísticos reconocidos por la Constitución. Aunque estos días oigamos que el texto constitucional no dice nada al respecto, su máxime intérprete sí que lo ha dicho. El Tribunal Constitucional ha explicado que el deber constitucional de conocer el castellano presupone el derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de enseñanzas recibidas en esa lengua. ¿Se satisface ese derecho con una asignatura de lengua castellana, como ocurre ahora? El Tribunal ha sido muy claro sobre lo que significa un régimen de cooficialidad lingüística: la definición del catalán como ‘lengua propia de Cataluña’ no puede suponer un desequilibrio en el tratamiento de ambas lenguas en perjuicio del castellano. Por ello la famosa sentencia del Estatut de 2010 declaró nulo e inconstitucional el uso preferente del catalán.
El legislador renuncia a dar cumplimiento a la obligación constitucional de reconocer el castellano como lengua vehicular, permitiendo así que sea relegado a la condición de lengua extranjera
Obviamente, esto se traslada a la enseñanza. Para el Tribunal Constitucional, la enseñanza en ambas lenguas es consecuencia necesaria de la cooficialidad, sin que quepa pretender que se imparta exclusivamente en una de ellas con exclusión de la otra. A lo que añade: "Siendo así que ambas lenguas han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas oficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas". Disculpen la sintaxis tortuosa, pero es justo lo que el nuevo proyecto de ley rechaza hacer.
Más que un falso debate, estamos ante un debate lleno de falsedades, muchas de ellas deliberadas. Todo ello para encubrir que el legislador renuncia a dar cumplimiento a la obligación constitucional de reconocer el castellano como lengua vehicular, permitiendo así que sea relegado a la condición de lengua extranjera. No otra cosa pretenden los nacionalistas. Naturalmente las familias podrán buscar amparo a sus derechos lingüísticos ante los tribunales, pero seguirá sin cumplirse que el castellano tenga una presencia de al menos un 25% en las clases. Y queda bien claro el mensaje que envía la actual coalición de gobierno a los catalanes no nacionalistas: no sólo renuncia a proteger sus derechos, sino que mercadea con ellos a cambio de apoyos coyunturales. Al menos podrían evitarnos las bobadas que usan como hojas de parra.
