Ya tenemos el plazo máximo para la exhumación del dictador Franco, antes del 25 de octubre. Tras 44 años en el mausoleo en el Valle de los Caídos, se va a ejecutar la orden que aprobó el Parlamento con un apoyo muy mayoritario y sin la oposición de ningún partido sacar los restos de la tumba que el dictador compartía con represaliados del franquismo. Llevamos un año de hablando de la exhumación, de polémicas entre el Gobierno y la familia Franco, de procesos judiciales que al final han dado la razón al Ejecutivo, en una alineación de todo el Estado democrático de Derecho: ejecutivo, legislativo y judicial, a favor.
La exhumación está centrando la precampaña electoral en un debate que resulta a priori un poco raro. Si todos los partidos políticos votaron a favor y el PP se abstuvo ¿por qué está siendo un tema de campaña electoral?, ¿por qué se cuestiona la legitimidad de una medida que ya se debería haber llevado a cabo con Rajoy de presidente? ¿qué país se puede permitir no ejecutar las decisiones democráticas y soberanas del Congreso de los Diputados? Son preguntas pertinentes porque se está produciendo un debate de una cuestión que pasó de ser política a ser ley.
En directo desde el helicóptero
Según dijo la vicepresidente Carmen Calvo en el Consejo de Ministros, se va a proceder a la exhumación con “la mayor discreción posible”, con la mayor no-comunicación posible. Como bien sabrán ustedes, no comunicar, también es comunicar y, por lo tanto, el gobierno pretende evitar que sus adversarios políticos, en plena pre campaña, le acusen de hacer campaña con el cadáver del dictador. Obviamente, los medios de comunicación de nuestro país intentarán hacer su trabajo, e informarnos puntualmente sobre cómo se ejecuta, cómo se traslada, y cómo se inhuma a Franco en Mingorrubio.
Los procesos en el Valle de los Caídos y en el nuevo mausoleo podrán ser discretos y evitar todo tipo de fotografías, pero resultará prácticamente imposible evitar que se grave y retransmita el traslado. Por carretera, en helicóptero parece claro que lo veremos en directo, porque es el deber de los medios informar de lo que ocurre.
El papel del Supremo
Y aquí vendrá de nuevo la polémica, el Gobierno ha utilizado la exhumación como un elemento más de propaganda. Esta afirmación tiene muchas consecuencias y todas ellas con un trasfondo de teoría de la conspiración no menor. Supone afirmar que el Tribunal Supremo le ha hecho el juego al Gobierno haciendo coincidir la sentencia con plena repetición electoral. Supone afirmar que el fracaso de las negociaciones recae únicamente en el PSOE que ya sabía cuando el Supremo se pronunciaría. Supone afirmar que cuando se aprobó el decreto del Gobierno, éste sabía que la familia Franco impediría la exhumación y la llevaría a los tribunales, retrasándola en más de un año.
Son muchas suposiciones. Al Gobierno se le puede exigir que todo el proceso sea discreto, que se procure la máxima opacidad en un asunto que no deja de ser escabroso, que garantice la dignidad del cuerpo y el respeto a la familia. Pero no se le puede pedir que no ejecute un mandato parlamentario, gubernamental y judicial; y sobre todo que no dignifique la memoria de las víctimas. Solo en la oposición recae la responsabilidad de no seguir haciendo de éste, un asunto de campaña.
