Nos despedimos en julio con una columna sobre la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del uso del euskera en la administración local y la reivindicación nacionalista de un supuesto derecho a vivir en la lengua propia. Ahora estrenamos nueva legislatura con otra controversia lingüística, en este caso sobre el uso de las lenguas autonómicas en el Congreso de los Diputados. ¡No se dirá que es un tema menor en la política española!
En la sesión constitutiva de la XV legislatura, celebrada el pasado 17 de agosto, la recién elegida presidenta del Congreso dedicó buena parte de su discurso a hacer un encendido elogio a la diversidad lingüística de la ‘España real’. Francina Armegol fue esta vez más allá del manido tópico de la diversidad como ‘algo que nos enriquece’ para anunciar su decisión solemne de permitir en adelante el uso de las lenguas autonómicas en la Cámara: ‘Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, así como la riqueza lingüística que suponen. Quiero anunciarles que esta Presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva’. Desde ya, que dicen ahora.
El anuncio formaba parte de los compromisos adquiridos por el partido socialista en la negociación con las formaciones nacionalistas para formar la Mesa del Congreso. La propia Armengol, una política balear que no esconde sus simpatías por las tesis nacionalistas, era parte del paquete negociador. Como también la petición, tan apresurada como anómala, dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores a la presidencia del Consejo de la Unión Europea para incluir el catalán, el gallego y el euskera en el régimen lingüístico de las instituciones europeas; lo que a todas luces constituye una extralimitación en sus competencias por parte de un gobierno en funciones.
Con las prisas por allanar el acuerdo con los nacionalistas catalanes, vascos y del BNG, el anuncio de Armengol (‘desde esta sesión constitutiva’) resultó precipitado. La utilización de las lenguas autonómicas en la Cámara Baja entraña problemas logísticos importantes, pues requerirá un servicio de traducción simultánea de las intervenciones, con sus cabinas, auriculares y demás, amén de la traducción contrastada de toda la documentación que se presente o tramite en vasco, catalán y gallego. No sólo habrá que contratar un cuerpo de traductores, sino acometer las instalaciones que sean precisas para que nuestros diputados se entiendan entre sí. Imaginen que hubiera que remodelar el salón de sesiones para instalar cabinas de traducción. Sólo eso supondría un proceso complejo de estudio de proyectos y contratación, además del visto bueno de Patrimonio, dado el valor histórico del hemiciclo.
Socialistas y republicanos tienen avanzada una propuesta de modificación reglamentaria con objeto de permitir que los parlamentarios hagan uso de las lenguas autonómicas en sus intervenciones
Pero las cuestiones de intendencia no son todo. Lejos de ser una medida puramente simbólica, como se hacía hasta ahora, cuando algunos diputados saludaban o introducían citas en las lenguas autonómicas, representa un cambio sustancial que afectará al desarrollo de los debates en el Pleno y a los trabajos en las comisiones. Y eso son palabras mayores por cuanto atañen al núcleo de la función representativa que llevan a cabo los parlamentarios (ius in officium); por tanto, estamos hablando del derecho de los ciudadanos a la participación política, que ejercen a través de sus representantes electos. Nada menos.
Una decisión de esa envergadura no puede tomarse alegremente en un rapto de entusiasmo, sino que exige una reforma del reglamento, como se hizo en el Senado en su momento. Por lo que sabemos, socialistas y republicanos tienen avanzada una propuesta de modificación reglamentaria con objeto de permitir que los parlamentarios hagan uso de las lenguas autonómicas en sus intervenciones en los Plenos, en las comisiones y en el registro de documentos oficiales; al parecer, en el caso de los textos se adjuntará copia en español y en el Boletín Oficial de la Cámara se publicarán también las versiones originales en catalán, vascuence o gallego. Si quieren aprobar la iniciativa antes de la sesión de investidura, tendrán que tramitarla por vía de urgencia. No será problema en tiempos de legislación exprés.
Sí debería sorprender el cambio de criterio de los socialistas en un asunto como éste. Como la memoria es corta, igual se les ha olvidado que en junio de 2022 los parlamentarios de ERC, PNV, más el Grupo Plural, presentaron una proposición de reforma del reglamento del Congreso con idéntico propósito de permitir el uso de las lenguas autonómicas en la Cámara Baja. Aquella iniciativa no prosperó porque fue rechazada con los votos de los socialistas. Como sostuvo desde la tribuna el portavoz del Grupo Socialista, estos entendían que existe ‘un equilibrio razonable en el uso de las lenguas propias en las Cortes Generales’, con más latitud en el Senado por ser la Cámara de representación territorial. Así que la reforma reglamentaria no tenía razón de ser.
De eso hace poco más de un año y no parece haber más justificación para revestir el cambio de criterio, aparte de la nuda necesidad de recabar apoyos para la investidura de Sánchez. Para eso en todo caso está la prensa amiga. A toque de rebato han salido en tropel periodistas y académicos, que no dijeron palabra entonces, a defender que el Estado español es plurilingüe y que esa diversidad lingüística (¡enriquecedora!) debe reflejarse en las instituciones. ¡La anomalía era que no se pudieran usar antes todas las lenguas en el Congreso, donde estamos representados todos los ciudadanos! Algunos incluso nos aseguran, en un extraordinario tour de force, que es lo mejor para combatir al nacionalismo. Será por eso que los representantes nacionalistas lo piden con tanta insistencia.
En aquellas comunidades donde se habla otra lengua cooficial además del español, como en Cataluña, País Vasco o Navarra, la mayoría (o una amplia mayoría) de ciudadanos tiene el español como primera lengua
Cuando se habla de un país plurilingüe conviene tener cuidado, porque España no es un país plurilingüe al modo de Suiza, Bélgica o Canadá. En estos países existen distintas comunidades lingüísticas, sin que haya una lengua común que sirva de vehículo de comunicación entre todos los ciudadanos, como sí ocurre en España. En aquellas comunidades donde se habla otra lengua cooficial además del español, como en Cataluña, País Vasco o Navarra, la mayoría (o una amplia mayoría) de ciudadanos tiene el español como primera lengua. Pero además son comunidades bilingües, en el sentido de que todos los ciudadanos conocen y se comunican en español, incluso los que tienen otra lengua materna.
Por ello, el artículo 3 de la Constitución establece que el régimen de bilingüismo, con dos lenguas oficiales, está acotado territorialmente, pues sólo se da en aquellas comunidades autónomas donde así lo dispongan sus respectivos Estatutos. Dicho de otro modo, en términos constitucionales el régimen lingüístico del Estado español no es oficialmente plurilingüe, pues solo tiene una lengua oficial. Conviene recordarlo ahora que todo el mundo habla con engañosa naturalidad de ‘lenguas oficiales’, como si lo fueran en todo el Estado.
Trasladar la imagen del Congreso, con toda la parafernalia de auriculares, cabinas y traductores, como un encuentro de embajadores, que hablan en nombre de pueblos distintos
De todo lo cual se sigue que la reforma del reglamento del Congreso para introducir las lenguas autonómicas ni responde a un mandato constitucional ni cumple ninguna necesidad comunicativa; al contrario, dificultará la comunicación y nos gastaremos más. ¿Se trata entonces de una reivindicación simbólica? Sin duda, pero aquí lo de menos son las lenguas, o éstas cumplen una función meramente instrumental. No en vano, los defensores del multilingüismo siempre lo asocian con el carácter plurinacional que atribuyen al Estado como comunidad política, que estaría compuesto no por ciudadanos, sino por pueblos o naciones distintos, cada uno con su lengua propia. Ese es el imaginario nacionalista que impulsa la reforma. Por eso no puede extrañarnos que los mismos que defienden con ardor el multilingüismo en las instituciones centrales, luego se oponen a que el español sea también lengua vehicular en las escuelas, pues las querrían monolingües en comunidades que son plurales.
Decía Edmund Burke, en el célebre discurso a los electores de Bristol, que ‘el Parlamento no es un congreso de embajadores’, donde estos representan intereses enfrentados, sino que es ‘la asamblea deliberativa de una nación’, donde los parlamentarios discuten acerca del bien común y se dirigen al conjunto de los ciudadanos, no sólo a los miembros de sus circunscripciones. Pues bien, es de lo que se trata ahora, bajo el pretexto de las lenguas: de trasladar la imagen del Congreso, con toda la parafernalia de auriculares, cabinas y traductores, como un encuentro de embajadores, que hablan en nombre de pueblos distintos. El horizonte confederal, como ahora dicen, por un plato de lentejas.
