La decisión de Bildu de incluir a miembros de ETA en las listas que presenta a las elecciones locales y autonómicas muestra claramente el auténtico nexo que aún mantiene ese partido con el terrorífico pasado de aquellos que durante décadas asesinaron a cientos de personas, de las “heroicidades de aquellos valiente gudaris” entre cuyas hazañas se incluyen los asesinatos de veintidós niños. Al igual que muestra que es censurable la política de colaboración que mantiene el actual gobierno de Sánchez, y por ende el PSOE, con los herederos de aquellos cuya vesania humilló a la sociedad española y especialmente a la vasca.

Estos días se argumenta por algunos sesudos opinantes que Bildu es un partido legalizado; es cierto. Otros conspicuos representantes y dirigentes políticos aducen que queríamos que la banda terrorista y las organizaciones políticas que ejercían de colaboradores necesarios para matar renunciaran a la violencia y se integraran en el marco democrático que ofrece nuestra generosa Constitución para reivindicar sus objetivos; y ese deseo también es cierto que lo teníamos muchos. Pero lo que rechazamos una gran mayoría de los votantes y cotizantes socialistas (quiero pensar que eso mismo les ocurrirá incluso a muchos de los silentes representantes del PSOE en las instituciones, aunque otorguen con su silencio) es, como decía anteriormente, la cooperación que el Gobierno de España mantiene con Bildu, partido con el que está coaligado, y en especial las cesiones políticas que constantemente hace a ese grupo parlamentario.

Las afirmaciones anteriores se sustentan en el sometimiento del Grupo Socialista a las exigencias de Bildu. Entre ellas sobresale la aceptación de la célebre disposición adicional presentada a la ley de Memoria Democrática, que dice textualmente: “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación de la misma”, apoyada por el Grupo Socialista sin que ninguna voz denunciara el escarnio que supone para el primer gobierno socialista de Felipe González y para la historia del PSOE, partido en cuyas listas fueron elegidos.

Es de justicia resaltar aquí las, en mi opinión, acertadas declaraciones realizadas por los presidentes de Aragón y de Castilla-La Mancha criticando la colaboración e incluso exigiendo poner fin a cualquier relación con Bildu

Otra lamentable concesión ha sido la decisión de encargar a ERC y a Bildu la presentación de la Ley de la Vivienda, acción esta que, junto a la señalada en el párrafo anterior, pone de manifiesto dos cosas: por un lado, la profunda colaboración y dependencia del gobierno de Sánchez respecto a esos dos grupos y, por otro, la debilidad que el presidente exhibe ante unos socios cuya pretensión, junto con Podemos, es acabar con la Constitución que los ampara. Prueba de esa debilidad es el desafío que acaba de lanzarle Bildu al incluir a miembros de ETA en sus candidaturas sin que tal provocación haya recibido otra respuesta que unas penosas declaraciones de ministros huyendo de los medios de comunicación, y la poco contundente declaración del propio presidente, así como la tardía y confusa respuesta de la Comisión Ejecutiva del PSOE. En contraste con lo anterior, es de justicia resaltar aquí las, en mi opinión, acertadas declaraciones realizadas por los presidentes de Aragón y de Castilla-La Mancha criticando la colaboración e incluso exigiendo poner fin a cualquier relación con Bildu.

El presidente Sánchez, y también la dirección del PSOE, deberían tener presente que, en política, por muy buena intención que se tenga, no todo vale, pese a lo que pudiera pensar Maquiavelo. La ética debe presidir las actuaciones de un buen gobernante. Max Weber ya distinguió, refiriéndose a la ética en la actividad política, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, aunque yo me inclino por denominar a esta última la ética de los resultados (Bobbio), porque es más fácil de entender.

Mucho me temo que tanto ERC, como Bildu y algunos responsables socialistas estén más pendientes de la ética de los resultados, por los beneficios personales que les pueda reportar. La razón de Estado, si existiese, debe responder a la conjunción equilibrada de las dos éticas definidas por Max Weber. Así, no caeríamos en los excesos de lo que se entiende por “ética dogmática” (la de la convicción) ni en la ética de la primacía del poder por acapararlo, que en nuestro caso consiste en presentar por parte de los partidos cualquier promesa electoral o cualquier acuerdo como logros sociales en favor de los más vulnerables (supuesta ética de los resultados). En la acción política, ambas éticas por separado se han mostrado históricamente como perniciosas para el conjunto de los ciudadanos, como ocurrió con el estalinismo, con el fascismo y como sucede recientemente con los populismos.

Las vacilantes declaraciones del Gobierno y de un sector del PSOE, más pendientes de no enfadar a los que les apoyan para mantenerse en el poder que en pensar en el lacerante dolor que infligen a las víctimas

Por ello resulta sobrecogedor observar cómo muchos de los terroristas (algunos ahora en listas electorales) que se dicen arrepentidos, al profundizar en ese sentimiento, afirman que la lucha armada fue una equivocación, un error, pero pocos de ellos reconocen que el auténtico error fue arrebatar la vida a tantos y tantos inocentes.

Algo similar ocurre con las vacilantes declaraciones del Gobierno y de un sector del PSOE, más pendientes de no enfadar a los que les apoyan para mantenerse en el poder que en pensar en el lacerante dolor que infligen a las víctimas del terrorismo de ETA y en la indignación que ocasiona a la mayoría de los españoles la inclusión de terroristas en las listas de Bildu. Esa actitud no ha tenido en cuenta tampoco el deterioro que todo ello causa a la credibilidad de un partido, el PSOE, que, pese a sus equivocaciones histórica, ha intentado ser uno de los soportes básicos de la reconciliación de los españoles y de la convivencia democrática.

Ruptura de pactos parlamentarios

No es, en mi opinión, suficiente la declaración del presidente Sánchez cuando afirma que la inclusión de cuarenta y cuatro miembros de ETA en las listas de Bildu “es legal, pero no decente”, pues, aunque sea cierto que no es decente, insisto en que limitarse a decir eso no es suficiente. Lo que sería deseable es que los órganos de dirección del PSOE fijasen con firmeza dos posiciones: la primera, una ruptura inmediata de los pactos parlamentarios; y, la segunda, el veto a cualquier colaboración con Bildu, especialmente, cuando los concejales tengan que nombrar a los alcaldes en el País Vasco y Navarra, y, en esta última comunidad, en el momento en el que la Parlamento de Navarra tenga que elegir al presidente de la Comunidad Autónoma.

Observo con estupefacción que lo que se difunde ahora entre la opinión pública es la afirmación de que criticar, censurar y acabar con la alianza con Bildu o ERC es favorecer una posible victoria de la derecha. Tan paupérrimo argumento se oye y se escribe incluso en algunos medios de comunicación. Con semejante afirmación se quiere también censurar las acertadas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, García Page, y del presidente de Aragón, Lambán. Pues bien, nada más lejos de la verdad que ese razonamiento. Lo que realmente favorece a la derecha, especialmente al PP, es el abandono por parte de algunos dirigentes socialistas de la aplicación de una política basada en los valores tradicionales del socialismo liberal, tales como la ética, la libertad, la dignidad, la convivencia pacífica y el respeto a la verdad.

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