Si algo nos ha enseñado este largo año de crisis, es que todas las tendencias a la digitalización y a la competitividad se han visto aceleradas como nunca. Los sectores económicos más afectados por la covid-19, como ha sido el de la movilidad urbana, se enfrentan a una renovación insoslayable. Si son adaptativos y flexibles, pueden resultar beneficiados a corto y medio plazo. Y si son inmovilistas y rígidos, serán duramente castigados por los mercados con falta de inversión y por sus usuarios por falta de demanda.
Tras las dramáticas caídas de demanda en la movilidad urbana, que llegaron a superar el 80% en los momentos más duros, las diferentes modalidades de transporte urbano se recuperan de un modo dispar. Los usuarios vuelven a moverse, pero no necesariamente del mismo modo que lo hacían antes de la crisis, ni en la misma proporción en las diferentes modalidades de transporte.
La digitalización, la sostenibilidad y el precio juegan un papel mucho más relevante que lo hacían hasta ahora, en menoscabo de la capacidad o, incluso, rapidez del transporte. La seguridad, calidad y precio en un servicio puerta a puerta crecen frente al uso del transporte colectivo. Hay evidentes transvases de público, por ejemplo, entre metro y autobús al transporte privado y a otras modalidades de transporte como taxis, VTC, patinetes, bicis, etc.
El servicio de taxi necesitaba adaptarse y modernizarse para poder asumir toda la demanda dispuesta a usarlo a través de la digitalización y precios algo más competitivos.
Las nuevas políticas permitirán al taxi competir de tú a tú con las más de 8.000 VTC que circulan por Madrid
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid parecen compartir una visión procompetitiva de la movilidad en taxi, y si el sector juega bien sus cartas -apoyado por las plataformas digitales-, la nueva política de expansión de las zonas de bajas emisiones al interior de la M-30 y otras limitaciones a la circulación amparadas por el programa Madrid 360 pueden conseguir incrementos de demanda superiores al 25%
sobre las cifras prepandemia, lo que recuperaría tanto las maltrechas economías de los taxistas, como el valor de sus licencias.
Todos los modos de transporte están hiperactivos en su adaptación a una nueva realidad. Y en esta especie de “juego de la silla” de la movilidad, hay que estar muy atentos para conseguir captar usuarios de otras modalidades. La regulación es clave para ello y consciente de esto el Consistorio ha aprovechado para abordar una adaptación de la Ordenanza del Taxi que les dote de recursos para incorporarse a las nuevas tendencias que reclamaban los usuarios, evitando así la obsolescencia de las normas hasta ahora en vigor (que databan de 2012).
Precios cerrados y descuentos
La política de ofrecer precios cerrados con descuentos sobre la tarifa máxima del servicio en los trayectos precontratados por emisoras tradicionales o aplicaciones digitales, supone una gran revolución en el servicio con pequeños ajustes técnicos de regulación, que van a multiplicar el uso del taxi y por tanto los ingresos de los taxistas, a la par que abaratan el coste del servicio. Los taxistas más digitalizados no pararán de hacer servicios, reduciendo la circulación en vacío y por tanto emisiones y congestión. Es un círculo virtuoso en el que todas las externalidades serán ganadoras.
Pese a las renuencias de algunas asociaciones sectoriales, esto les va a permitir competir de tú a tú con las más de 8.000 VTC que circulan por Madrid. Lo que implicará, a su vez, un incremento de ingresos, competitividad y calidad del servicio de taxi, en vez de permanecer en la continua gresca de la prohibición y la movilización callejera, que, por más que se aludan motivos de fondo, tienen en la mayoría de las ocasiones más fines políticos que de amparo a los intereses profesionales.
El resultado se adivina en una calificación del taxi que sube hacia las cinco estrellas, después de muchos años de estancamiento en la percepción de los usuarios
Es quizá la apuesta por la calidad lo más significativo de la nueva Ordenanza. Impidiendo la permanencia en el sector de los chóferes infractores, con la nueva cartilla de taxista por puntos. Exigiendo la inexistencia de antecedentes penales sobre delitos de naturaleza sexual, aplicando un sistema de incentivos a la electrificación y accesibilidad de las flotas; y, regulando un protocolo de vestimenta adecuado a los estándares de sus competidores, el resultado se adivina en una calificación del taxi que sube hacia las cinco estrellas, después de muchos años de estancamiento en la percepción de los
usuarios.
Taxi compartido (pago por plaza)
No obstante, no todo son luces. También hay sombras. Como en lo relativo a la regulación del taxi compartido (pago por plaza), donde la apuesta municipal se ha quedado muy corta en adaptarse a los progresos tecnológicos que permiten la gestión on time de dicho servicio. Un aspecto que lamentar, puesto que impide las ventajas de reducción de congestión y los avances en digitalización que suponen el taxi compartido (carpooling) para unos usuarios cada vez más jóvenes y adaptativos.
Es en estos casos de falta de ambición y previsión de las normas autocalificadas de modernización cuando se vienen a la mente las demoledoras palabras de Ayn Rand, en su distópica novela la Rebelión del Atlas (1959) en relación con la labor de los políticos y burócratas: “Cuando advierta que para producir necesita autorización de quienes no producen nada (…) entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada”. Una visión de futuro sobre el taxi compartido que se queda coja en el papel, y que apostamos que obligará en breve a modificar la norma para atender las necesidades que muchos usuarios ya satisfacen con empresas como Blablacar, porque les quedan vetadas a los taxistas.
Confiemos en que la norma se aplique adecuadamente y que los propios taxistas no practiquen el habitual “tiro en el pie” ante la novedad
En última instancia, el balance global de la nueva regulación es francamente positivo, con verdaderos aspectos de mejora para la calidad del servicio al usuario y herramientas legales para dinamizar la demanda y crecer en productividad e ingresos, sobre todo si se aplica una verdadera y audaz política de descuentos en los precios cerrados, que, según una reciente encuesta realizada por Metroscopia, demandan un 70% de los usuarios madrileños.
Confiemos en que la norma se aplique adecuadamente y que los propios taxistas no practiquen el habitual “tiro en el pie” ante la novedad, evitando caer en un escenario de profecía autocumplida del fracaso, para, con ello, no echar de nuevo gasolina al motor de la reivindicación victimista permanente a la que hemos asistido en los últimos años, en vez de potenciar la excelencia en un servicio en el que por tradición, buen oficio y cuota de mercado son los mejor posicionados para liderarlo.
Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en Movilidad y Transportes
