Jueces del Supremo y de otras muchas instancias, fiscales de criterio independiente, algunos abogados del Estado que se niegan a ser abogados del Gobierno, y un corto etcétera, es lo que nos queda frente al todopoderoso Ejecutivo.
El 3 de octubre de 2017 tuvo que ser Don Felipe quien pusiera las pilas a un Estado doblegado por la inacción de Rajoy-Soraya; fue evidente que la opinión pública española no estaba dispuesta a dejar abandonados a dos millones y medio de compatriotas en Cataluña.
El Supremo, con el juez Marchena, está dando una lección de rectitud profesional (¿quizás por ello quisieron que se fuera al pasteleo del Poder Judicial?).
Marchena y los fiscales están dando una lección de coherencia y rectitud profesional
La Fiscalía, Javier Zaragoza y los otros tres fiscales, han hecho un espléndido trabajo y acusan a los secesionistas por los delitos que todos vimos en septiembre de 2017.
Pero el Gobierno ordenó a Consuelo Castro que apartase al abogado del Estado, Edmundo Bal, en beneficio de una tal Rosa Seoane, con criterio contrario a calificar como delito de rebelión a los golpistas totalitarios.
Recuerden este nombre: Rosa Seoane. Hará carrera política a costa de su degradación personal y profesional.
Y lo que es peor, esta señora aumenta el desprestigio de los abogados del Estado, ya muy deteriorado después de padecer durante años a Soraya y a Cospedal.
El Estado de partidos es como Gargantúa: lo devora todo.
