Cuando dentro de unos años, quinquenios o décadas, los historiadores -los auténticos- deban calificar lo que ha supuesto su etapa al frente del Gobierno de su país, la tarea les exigirá analizar los hechos más significativos de su acción de Gobierno. Vaya en estas líneas una somera descripción de las que habrán de tenerse en cuenta para la calificación.

En la relación con el Poder Judicial cabe señalar que de forma repentina dejó al órgano responsable del gobierno de los jueces sin su natural facultad de elegir entre los candidatos a formar parte o a presidir las diversas instancias judiciales. Con ello resultó imposible la cobertura de las vacantes que se iban produciendo en juzgados y tribunales, generándose así un colapso en el sistema judicial de su país. Sin embargo, excepcionó de la citada medida la facultad de designar por el citado órgano a los dos magistrados del Tribunal encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución de su país cuyo nombramiento le corresponde. De modo que, con las decisiones por él adoptadas o impulsadas, el órgano de gobierno de los jueces no puede nombrar al presidente de cualquier órgano judicial territorial o regional, pero sí puede designar a dos componentes del Tribunal vigilante de la Constitución.

Frente a los usos de la democracia de su país, designó como jefe supremo de la Fiscalía nacional a quien hasta veinticuatro horas antes era su ministra de Justicia, haciéndolo después de haber manifestado a un periodista en una entrevista: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”. También se apartó de la costumbre institucional de su nación impulsando la designación como magistrados de la instancia guardiana de la Constitución a otro ministro de Justicia de su Gobierno y una antigua colaboradora suya en el palacio presidencial. Y también lo hizo para que fuera elegido como presidente del citado Tribunal al que años antes estuviera al frente de la Fiscalía con un Gobierno de su propio partido. Junto a lo expuesto, permitió y consistió que varios miembros de su gabinete insultaran a la generalidad los jueces de su país, calificándolos de fachas con toga. El pecado de los insultados fue aplicar una ley que reducía las penas a los condenados por agresión sexual, ley que primero aprobada como proyecto por su Gobierno y después validada en el Parlamento por la mayoría parlamentaria que él había armado.

Ha permanecido más de 300 días sin someterse a sesiones de control en la Cámara baja del Parlamento de su país

Conviene referirse a su relación con el poder legislativo, cuestión en la que recurrió a los instrumentos y procedimientos de urgencia en el 50% de sus iniciativas legislativas. Por otra parte, en varias ocasiones sustituyó el natural mecanismo de la aprobación de proyectos de ley por un Gobierno, recurriendo a la presentación de proposiciones de ley por parte del grupo parlamentario de su propio partido. De ese modo, utilizó desde el ámbito del Gobierno un instrumento ideado para dar curso a las iniciativas de la oposición. Al operar en el modo expuesto, se evitó el trámite de los informes que los órganos consultivos de su país deben emitir sobre la legalidad de los proyectos de ley aprobados por el Gobierno. Por otra parte, en algunas iniciativas legislativas de carácter tributario sustituyó la calificación de impuestos por la de gravámenes patrimoniales. Con ello, se evitaron determinados requisitos legales que han de cumplirse para la aprobación de nuevos impuestos. Al tiempo, ha permanecido más de 300 días sin someterse a sesiones de control en la Cámara baja del Parlamento de su país.

Su acción de Gobierno ha afectado a la credibilidad social de varios de los órganos que integran el entramado institucional de su país generándose como convicción en amplias capas de la sociedad que ha sido violentado el normal funcionamiento de los citados organismos. Entre ellos, el instituto responsable de la investigación sociológica, la entidad encargada de las estadísticas oficiales, el organismo que engloba la radio y televisión públicas, la Administración tributaria de su Estado… En todas ellas se han producido cambios inopinados en su dirección y/o modificaciones en su praxis de actuación que han provocado la controversia política y dudas generalizadas sobre su fiabilidad y neutralidad. En este sentido, se ha extendido como creencia que las estadísticas oficiales ofrecen datos falsos, siendo el ejemplo más significativo la referida al número de desempleados. Así lo aseguran la inmensa mayoría de los economistas nacionales y así se deduce de informes oficiales de la entidad supranacional a la que pertenece su país. También sucede que la televisión estatal ha reducido su audiencia a mínimos históricos, consecuencia de la extendida opinión sobre la falta de veracidad de la información que suministra. Y ha de señalarse que son los funcionarios de élite de la Administración tributaria los que han denunciado que se están dando pasos para que la aplicación de los impuestos pierda su necesaria imparcialidad y se convierta en un instrumento de utilización política.

Tampoco ha contestado su Gobierno a la reiterada pregunta acerca del número de personas que, figurando como empleados en la estadística oficial de empleo, se encuentran realmente sin trabajo

Además de lo anterior, y en relación con el uso del poder que le confiere su puesto, son muchos los medios informativos que le acusan de hurtar información a la sociedad y de tapar escándalos suyos y de los componentes de su Gobierno. Con independencia de esta opinión, lo ciertamente objetivo es que no ha proporcionado la información que le ha sido solicitada sobre los viajes privados y de partido que realiza en un reactor oficial. Tampoco ha contestado su Gobierno a la reiterada pregunta acerca del número de personas que, figurando como empleados en la estadística oficial de empleo, se encuentran realmente sin trabajo. Ni al destino de los fondos recibidos de la institucional supranacional a la que pertenece su país. Ni al motivo y contenido de un pacto suscrito con un Estado vecino. Ni a las circunstancias que rodean al encuentro en las dependencias de un aeropuerto de uno de sus ministros con la vicepresidenta de un Gobierno dictatorial que tiene prohibido pisar el territorio en todos los países de la entidad supranacional antes mencionada. Tampoco ha proporcionado su Gobierno información detallada relativa al affaire del hackeo de su propio teléfono móvil y de otras altas autoridades del país, culminado este suceso con el repentino cese de la máxima responsable de los servicios de información del Estado.

En el ámbito económico, los datos presupuestarios y de la contabilidad nacional de su país demuestran que ha destinado una parte significativa de los recursos públicos a la concesión de subsidios, subvenciones, ayudas o auxilios, aumentando considerablemente la dimensión del gasto público, así como el porcentaje que sobre éste representan los gastos de transferencia. No son pocos los analistas políticos que consideran que, actuando así, ha construido una red clientelar con finalidades sólo electoralistas. Al tiempo, ha aumentado de forma relevante el tamaño del Gobierno de su país, la dimensión del staff de su gabinete y el volumen del gasto político, en general, habiéndose alcanzado en los tres casos los respectivos máximos históricos. Como consecuencia conjunta de estas medidas, las cuentas públicas de su país se encuentran peligrosamente descuadradas. Se mantiene un alto déficit público, superior al límite establecido por la entidad supranacional de la que es parte, lo que sucede asimismo en la deuda pública, que ha alcanzado máximos históricos siendo superior al Producto Interior Bruto del país. Todo ello pese a haber aumentado de manera notoria la presión fiscal a sus ciudadanos.

Ha adoptado medidas que, según los órganos estatales administrativamente independientes de su país, suponen la quiebra futura del sistema público de pensiones

Siguiendo con las cuestiones económicas, ha aumentado el grado de intervencionismo en la economía llegando a limitar la libre gestión de su patrimonio por los individuos y ha retornado al viejo paradigma comunista de la empresa estatal republicando el capital de las que ya eran privadas. A su vez, ha adoptado medidas que, según los órganos estatales administrativamente independientes de su país, suponen la quiebra futura del sistema público de pensiones.

En lo que hace a sus alianzas políticas, el gobernante analizado ha configurado un Gobierno y una mayoría parlamentaria que resultan inéditas en la historia democrática de su país de los últimos 45 años. Por lo que hace al Gobierno, ha dado entrada en el mismo al Partido Comunista y a otros grupos políticos radicales. En lo referido a la mayoría parlamentaria que le ha asistido hasta ahora, se incluyen en la misma a un partido independentista cuyos líderes han sido condenados por cometer el delito de sedición y a otro cuyo principal dirigente ha cumplido condena por haber cometido delito de terrorismo. Con la reseñada mayoría parlamentaria ha aprobado una reforma del Código Penal que rebaja las penas a los delitos de sedición y malversación, de los que han sido y están acusados varios de los dirigentes de uno de los partidos que la integran. Previamente, utilizando las potestades que le confiere dirigir el Gobierno procedió a indultar a varios de los delincuentes reseñados -los que cometieron la sedición- que estaban en prisión tras haber sido condenados por la instancia judicial máxima del país.

Ha anunciado una ley de amnistía que exonere a todos los que cometieron los delitos de sedición y malversación y a todos los terroristas que incendiaron las calles de la segunda ciudad de su país

Profundizando en la dirección expuesta, en estos momentos está negociando una nueva mayoría parlamentaria que consiga su reelección como presidente del Gobierno que, además de los grupos citados, incluiría también la de un partido liderado por un prófugo de la Justicia que lleva años cuestionando en todos los foros internacionales posibles la democracia y las instituciones del país. Para configurar esta nueva mayoría, ha anunciado la aprobación de una ley de amnistía que exonere a todos los que cometieron los delitos de sedición y malversación y a todos los terroristas que mantuvieron incendiadas las calles de la segunda ciudad de su país durante quince días, periodo en el que destrozaron el mobiliario urbano, saquearon comercios y agredieron a las fuerzas de orden público estando a punto de quemar vivo a un policía al introducir un coctel molotov debajo del vehículo en el que estaba.

En base al conjunto de los hechos descritos, que en aras a que este artículo no sobrepase en su extensión la razonabilidad deseable, no son todos los que podrían mencionarse, los historiadores deberán calificar la condición política del dirigente responsable de todos ellos. Es en este momento en el que abandono el carácter descriptivo mantenido hasta ahora para adoptar uno que responda a un criterio personal.

Una disyuntiva para la Historia

En mi opinión, algunos historiadores sostendrán que estamos ante un auténtico dictador. Por el contrario, otros opinarán que se trata de un flagrante golpista. Pero la gran mayoría considerarán que, en realidad, nuestro hombre reúne ambas características siendo a la vez golpista y dictador. Es un golpista del tipo de los que, accediendo al poder por medios legales, procede desde dentro a cambiar las reglas del juego democrático infringiendo las normas establecidas y aplicables con la evidente finalidad de provocar un cambio ilegal del régimen preexistente. Y es un dictador porque ejerce de manera claramente autocrática el poder del que dispone, tanto el que de inicio ha obtenido legítimamente como el que a posteriori ha usurpado ilegalmente mediante el golpe de Estado que viene perpetrando de forma sucesiva.

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