Nunca se quiso hablar de los castigos. Se silenciaron. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto del Govern, en plena orgía de mensajes populistas, decidieron omitirlos detrás de los premios asociados a la independencia de Cataluña. La nueva república se convertiría en la nueva Suiza. Más riqueza, más pensiones, más maná para los funcionarios. Mentiras por doquier. Como el mantenimiento dentro del euro, pese a los desmentidos continuos desde Bruselas. La propaganda surtió efecto hasta el pasado jueves. Desde entonces, el chiringuito independentista se vino abajo con el anuncio de Banco Sabadell de trasladar su sede social fuera de Cataluña. El universo de La Caixa (CaixaBank, Criteria, Gas Natural y Abertis) también preparaba su salida. El golpe de Estado ‘indepe’ había muerto. Porque Cataluña es La Caixa y La Caixa es Cataluña. No se entiende el estado del bienestar y asistencial en Cataluña sin la aportación de la Fundación La Caixa. Residencias de ancianos, centros de dependientes, bibliotecas, proyectos educativos, museos y salas de exposiciones, talleres de todo tipo… Todo eso seguirá tras la marcha de Criteria, el brazo inversor de La Caixa, y CaixaBank a Baleares y Valencia, respectivamente. Los proyectos continuarán en marcha. Eso importa poco en el plan de Puigdemont. Su objetivo era tener a Isidro Fainé de su lado consciente de que el veterano banquero es el pulgar del César para el resto de empresarios catalanes. Muerte o vida para el procés. Y Fainé esgrimió el pulgar hacia abajo.
La necesidad obligaba. Al final, la fuerza del cajero automático ha sido mayor que la de las urnas. Otro error de cálculo por parte de la cúpula secesionista. La abultada retirada de depósitos de Sabadell y CaixaBank obligaba a los bancos a tomar partido. Una decisión complicada porque las plantillas de ambas entidades son el reflejo de la sociedad catalana. Los hay independentistas, los hay que defienden el derecho a decidir, pese a no querer la secesión, y los hay quienes se sienten tan españoles como catalanes. “Esto no va de sentimentalismos, va de negocio”, les trasladó Josep Oliu, presidente de Sabadell, a Junqueras y Puigdemont, en la víspera del cambio de sede. Habló con los dos por separado. Como también lo hizo Fainé. Y el negocio obliga a defender a los accionistas pero también a los clientes y depositantes. En esa nebulosa jurídica de la Cataluña independiente fuera de la Unión Europea, ni CaixaBank ni Sabadell podrían recibir asistencia del Banco Central Europeo o su rating empeoraría hasta niveles de bono basura que les haría prácticamente imposible o enormemente caro poder financiarse en los mercados. Una incitación a los grandes inversores a deshacer sus posiciones. En cuanto a los clientes, sus ahorros hubieran quedado fuera de la protección del Fondo de Garantías de Depósitos español que se nutre de las aportaciones del sector financiero. “Esto no va de sentimentalismos, va de negocio”. Y Sabadell y CaixaBank, como tantas otras empresas que han emprendido la mudanza, cuentan con más del 75% de su negocio en el resto de España. La cuenta de resultados obliga al éxodo.
La puñalada al plan secesionista se convertía en mortal de necesidad. Con ambas entidades fuera de Cataluña, el Govern pierde la infraestructura para transformar CaixaBank y Sabadell en su banco central catalán. “¿Para qué crear un banco central si los teníamos a ellos?”, comentaba a finales de la pasada semana un dirigente del PDCat que empieza a separarse del abrazo del oso secesionista ante el descabello empresarial al procés. El cajero ha terminado por ser más determinante que la urna. Porque de los cajeros de Sabadell y CaixaBank salió mucho efectivo durante toda esta semana. Y de sus oficinas de toda España en forma de efectivo o transferencias hacia otras entidades. El ciclo del dinero ante una crisis es idéntico. Buscar un refugio seguro. La salida de depósitos, pero también las llamadas de fondos preguntando por los planes alternativos, obligaron a adelantar la toma de la decisión. Y ahí llegó el problema. Porque el plan de escape estaba listo en Sabadell. Apenas necesitaba 24 horas para reunir al Consejo y preparar las maletas. Pero no así en CaixaBank ante la negativa de la Comisión Ejecutiva de la Fundación La Caixa, máximo accionista, a efectuar el cambio estatutario para evitar la aprobación en una junta de accionistas. Luces rojas en las torres negras de CaixaBank pero también en el Gobierno ante la inestabilidad que para el sector financiero, aún en proceso de digestión de la liquidación exprés de Popular, podría significar cualquier tipo de tormenta en la mayor entidad catalana.
El ‘Decreto Caixa’ ha generado disensiones dentro del PP, especialmente de quienes llevan meses criticando la posición equidistante de Fainé"
“La nueva ley –vía Decreto- está motivado en las dificultades que tenía CaixaBank pero también ayuda a todas aquellas empresas que también pudieran tener algún tipo de contratiempo estatutario a facilitar su marcha en un momento crítico como el actual”, aseguran desde el Gobierno. Lo cierto es que el ‘Decreto Caixa’ ha generado disensiones dentro del PP, especialmente de quienes llevan meses criticando la posición equidistante de Fainé. “Si hubiera actuado antes no se habría llegado a esta situación”, asegura un destacado dirigente popular. Argumento idéntico que podría aplicarse ante la inacción de Rajoy.
Lo cierto es que CaixaBank es too big to fail. Y lo cierto, también, es que el Decreto aprobado el pasado viernes supone el segundo salvamento del Gobierno al grupo catalán. El primero se produjo a finales de 2012, en plena tormenta financiera. Entonces, el Gobierno prefirió la venta del Banco de Valencia a su desaparición, pese a que que el FROB encargó un informe a la consultora Oliver Wyman que demostraba que el coste de la liquidación de la entidad valenciana era inferior a lo supuso su venta final a La Caixa. El estudio de la auditora reveló que el proceso de desaparición de la entidad valenciana tendría un precio que se movería en una horquilla entre 5.600 millones a 7.400 millones. Sólo las dos inyecciones de capital que efectuó el Estado sumaron 5.500 millones. La entidad valenciana recibió una primera línea de capital de 1.000 tras su intervención. Posteriormente, se produjo una segunda inyección de 4.500 millones, con cargo a los fondos europeos provenientes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). A esos 5.500 millones, hubo que sumar la cuantía que recibirá La Caixa, su nuevo dueño, en forma de ayudas para cubrir la pérdida sobre una determinada cartera de préstamos. En total, el Esquema de Protección de Activos concedido a la entidad presidida por Isidro Fainé obligará al Estado a cubrir el 72,5% de un volumen de créditos por valor de 6.400 millones.
Aquella precisa operación quirúrgica inyectó capital a CaixaBank en un momento crítico para el sector financiero español, con la puerta de los mercados cerrada con varios candados. Ahora CaixaBank se establece en la antigua sede del Banco de Valencia en Valencia; mientras que Sabadell hace lo propio con la CAM en Alicante. Paradojas de la vida. De inmuebles rescatados a rescatadores.
