Sepan los jóvenes lo que pasó en España en 1993. Hay que recordarlo, más ahora que está a debate en trámite parlamentario la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
En noviembre de 1993, al día siguiente de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró anticonstitucional dos apartados de la Ley Orgánica sobre Protección de Seguridad Ciudadana, quien desde hacía más de cinco años desempeñaba el Ministerio del Interior, José Luis Corcuera, presentó su dimisión al presidente del gobierno Felipe González. En efecto, el TC declaró inconstitucional el precepto que permitía a la policía realizar registros en domicilios sin necesidad de orden judicial en caso de existir sospechas flagrantes de la comisión de un delito de tráfico de drogas. La reacción inmediata del ministro, veinticuatro horas después, fue presentar su dimisión. Nadie la reclamó con anterioridad. Era una cuestión de principios, del necesario debate en una sociedad democrática a propósito de las competencias de las fuerzas de seguridad en orden a garantizar las libertades constitucionales de todos los ciudadanos.
A nadie entonces se le ocurrió insinuar que los jueces del Tribunal Constitucional eran unos “fachas”, ni nadie entonces diseccionó aquel Tribunal en búsqueda de afines “progresistas” ni de desafectos “derechistas”. Nadie jugó a aplicar palabras ruines a un órgano constitucional en busca de su descalificación. En aquella época, tales prácticas eran impensables.
Episodio que no tiene nada de anecdótico, incluso para los apóstoles del “todo vale” contra la Transición, que han hecho de su apostolado un confortable medio de vida
Entonces, simplemente, se respetaban las reglas del juego: si el Tribunal Constitucional te sacaba la tarjeta roja en algún aspecto, incluso por lo más marginal que fuera de tus leyes, te ibas a casa.
Hoy, casi treinta años después de aquel meritorio gesto que honra a quien lo adoptó, podemos preguntarnos cuál es el nivel de resistencia de los gobernantes a la hora de asumir responsabilidades. Cuál es el nivel de responsabilidad que conduce a un gobernante a presentar su dimisión. En definitiva, cuál es la escala de responsabilidad en razón de la que se ha de decir “hasta aquí”. Y en ese punto, es fácil de imaginar la posición de cualquier joven español que ignore el episodio antes referido; episodio que no tiene nada de anecdótico, incluso para los apóstoles del “todo vale” contra la Transición, que han hecho de su apostolado un confortable medio de vida, incluidos cómodos sofás en tertulias de televisión.
Viene todo esto a cuento del debate parlamentario sobre el actual proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Se vierte, falsamente, que se trata de derogar la denominada Ley Mordaza, al tiempo que a los ojos de todo el mundo las fuerzas de seguridad se manifiestan en la calle contra dicho proyecto de ley. Los del “todo vale” han decretado ahora que los policías y los guardias civiles son unos “fachas”, como si no fueran gentes que han crecido al amparo de nuestra Constitución y de las garantías que a todos brinda nuestra norma fundamental, incluidos los que la desprecian y a diario ejercen sobre ella una mofa que sonroja la memoria de quienes durante la dictadura franquista ni siquiera imaginaron que a ese nivel de libertades llegaríamos en España. A esos inquisidores de actual morado debe recordárseles dónde estamos, pues muchos de ellos ni siquiera saben de dónde vienen.
Todo eso sucedía al tiempo que petulantes del vacío como Pablo Iglesias eran invitados por la caverna batasuna a hablar de la “perspicacia” de ETA
Viene también todo esto a cuento para recordar el papel de las fuerzas de seguridad a la hora de defender nuestra libertad, y nuestra vida a lo largo de los años. Tantos escoltas, fueran policías nacionales, guardias civiles, ertzainas, o seguridad privada, que durante largos años se cuidaron de cientos, de miles de personas, militantes o cargos públicos ya fueran del Partido Popular, o del PSOE. Todo eso sucedía al tiempo que petulantes del vacío como Pablo Iglesias eran invitados por la caverna batasuna a hablar de la “perspicacia” de ETA, como si el fanfarrón telepredicador no hubiera nacido entre los algodones que luego le permitieron decir sus tonterías, entre tanta audiencia televisiva que lleva años prefiriendo la caja de la audiencia a la convivencia.
Sirva todo esto para recordar, que se recuerde siempre, que las fuerzas de seguridad son instrumento esencial en la preservación de las libertades ciudadanas. Que deben ser especialmente cuidadas, puesto que mucho les debemos en el quehacer democrático conseguido en España en estos más de cuarenta años. Que no es buen camino que la acción del Gobierno se enfrente a las fuerzas de seguridad. Y siempre volveremos a preguntarnos con qué ramillete de votos pretende el Gobierno sacar adelante la Ley de Seguridad Ciudadana. Porque, si la suma de los votos necesarios en sede parlamentaria para aprobar esa ley abarca a quienes combaten a esas mismas fuerzas de seguridad, se harán incomprensibles tales apoyos parlamentarios. Por ejemplo, el voto de ERC, sustento del gobierno en Cataluña, que en abril de este año tuvo que ser apercibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a fin de que, con carácter inmediato, procediera a suministrar la vacuna anti-covid a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ante el evidente abandono –“discriminación por parte de la administración sanitaria catalana”, se decía en el auto judicial-, en que estos funcionarios habían sido dejados por el gobierno autonómico. La misma ERC que no hace aún una semana avalaba los presupuestos del Estado bajo la afirmación de que había obtenido el apoyo del gobierno para frenar cualquier inversión que se precisara para el mantenimiento y conservación de la comisaría de policía en la Vía Layetana de Barcelona. En cuanto al apoyo de Bildu a la hora de obtener la aprobación de dicha ley, suena directamente a grosería que una ley de seguridad ciudadana pueda ser rubricada por enemigos indiscutibles de las fuerzas de seguridad.
Sí, bastará contemplar los apoyos parlamentarios que esa ley va a requerir para ser aprobada para comprender que estamos nuevamente en un mal camino. Mal camino, nuevamente de polarización y división que nos aleja de nuevo del horizonte de concordia que tanto precisamos los españoles.
