La teoría del enriquecimiento injusto se ha ido abriendo paso en el mundo jurídico como un fenómeno no deseado y cuyos efectos deben ser eliminados a través del Derecho. Según construcción del Tribunal Supremo, es injusto el enriquecimiento cuando: a) una parte se enriquece; b) otra parte se empobrece; c) existe una relación directa o causal entre los respectivos enriquecimientos y empobrecimiento; y d) no ha existido acuerdo, pacto o contrato entre las partes que lo justifique.
Aplicando lo anterior al proceso inflacionista que sufrimos y a la ventajista e innoble conducta del Gobierno por la que no ha actualizado los parámetros del IRPF a la variación del IPC, debe afirmarse con toda contundencia que el Estado se está enriqueciendo injustamente a costa de los contribuyentes españoles. Procede explicarlo.
Como sabemos, en el IRPF existe el llamado mínimo personal exento, o nivel de ingresos obtenidos por un individuo de un individuo no tributa. Su razón de ser es clara, no debe exigirse el impuesto a la renta que el contribuyente necesita utilizar para subsistir. Hace un año, el citado mínimo exento era 5.500 €. Sin embargo, un año después y al haber aumentado los precios un 7%, el gasto imprescindible para la subsistencia ha pasado a ser 5.900 € y, pese a ello, el Ministerio de Hacienda no ha realizado lo necesario para actualizar el importe del mínimo exento del IRPF.
La consecuencia es inevitable. En estos momentos, sí pagamos IRPF por una parte de los ingresos que debemos utilizar para subsistir. En concreto, por 400 € (5.900 – 5.400). Quiere decirse que, a través de esta nueva exigencia fiscal, los españoles nos hemos empobrecido y el Estado se ha enriquecido, existiendo una relación directa entre su enriquecimiento y nuestro empobrecimiento y sin que este aumento de la carga fiscal que se nos exige haya sido acordado por el órgano legalmente habilitado para acordarlo: las Cortes Generales. El enriquecimiento injusto es innegable y su falta de legitimidad, también. No es baladí estimar su importe. Dado que los declarantes en el IRPF somos 21 millones, el importe de la renta que se somete ilegítimamente a tributación es 8.400 millones de euros. Y, considerando como tipo de gravamen mínimo del IRPF el 20%, lo anterior supone que el Estado aprovechando en su beneficio y en nuestro perjuicio el proceso inflacionista va a recaudar ilegítimamente casi 2.000 millones de euros.
El Estado nos vacía todavía más los bolsillos sin que así haya sido acordado por nuestros representantes legales sentados en el Parlamento
Consideraciones y cálculos similares podrían hacerse respecto al resto de parámetros monetarios establecidos en el IRPF como son la deducción por hijos, por ascendientes, por maternidad o por guardería. En definitiva, por obra y gracia de la culposa inacción del Ministerio de Hacienda al no actualizar el IRPF a la subida de precios, el Estado nos vacía todavía más los bolsillos sin que así haya sido acordado por nuestros representantes legales sentados en el Parlamento.
Se trata de otro abuso más del Fisco español. En este caso, un abuso propio de un Estado feudal e impropio de un Estado democrático. Es así, pues hace ya tiempo que en los países avanzados se asumió la obligación moral de actualizar el impuesto personal sobre la renta a la evolución de los precios. Pero, a lo que se ve, lo anterior no va con este Gobierno que parece dispuesto a detraernos cada vez más recursos de cualquier manera y en cualquier circunstancia, aunque sea aprovechándose de un fenómeno como la inflación y en un momento en el que una parte importante de los españoles tiene dificultades para llegar a final de mes. Sin duda alguna, se trata de una acción poco edificante del Gobierno de Pedro Sánchez.
Como problema adicional inducido, lo realizado por el Gobierno viene a socavar la legitimidad de ejercicio del Fisco español, cuestión más que relevante pues la mera legitimidad de origen no es suficiente para la aceptación social pacífica del cobro de los impuestos. No son pocas las ocasiones históricas en las que la exigencia injustificada de tributos ha desembocado en un conflicto. Y si no, recordemos la revuelta de Bravo, Padilla y Maldonado.
Wesly
De acuerdo, hay que pagar impuestos, pero, antes de decidir cuánto hemos de pagar, habría que dejar absolutamente claras y resueltas tres cuestiones previas. La primera es delimitar, con criterios claros y perfectamente justificados, para qué es justo que se nos exija que paguemos impuestos. ¿Para subvencionar generosamente a partidos políticos y sindicatos?, ¿para pagar el sueldo y los privilegios de políticos y empleados públicos no sujetos a la competencia?, ¿para contratar a amigos y familiares de los políticos como funcionarios?, ¿para engordar una Administración mastodóntica e ineficiente?, ¿para repartir regalos a cambio de votos para el partido del Gobierno?. La segunda es qué controles efectivos, qué criterios claros, qué procedimientos operativos, qué auditorias exhaustivas están ya implantados para asegurar 1) que todo el dinero público se gasta sólo de la forma más eficaz posible para servir al interés general, y 2) que todo intento de incumplir el punto 1 anterior será detectado y denunciado ante la justicia. Y la tercera es qué sanciones aumentadas están ya previstas en el código penal para castigar muy severamente el robo, la malversación, y la gestión negligente o desleal del dinero público.
Gaelle
Lo que la PSOE te da con una mano, te lo quita con la otra
Malotones
Como si a este gobierno le importase algo que no fuera su propia subsistencia y sus ataduras económicas.