La propuesta de Dolores Delgado como fiscal general cuando aún no ha entregado la cartera del Ministerio de Justicia es la enésima muestra de cómo el nuevo gobierno de Sánchez concibe el Estado: como un instrumento para reforzar y fortalecer su poder.
La tan manida despolitización de la Justicia no era más que una excusa para prostituir las leyes y las instituciones e intervenir y controlar el poder judicial.
La Fiscalía no es una oficina del Gobierno, aunque así lo crea su persona. La Fiscalía es Constitución, es poder judicial y es una de las manifestaciones institucionales del principio de legalidad.
Mientras que los ciudadanos podemos acudir a la Justicia en defensa de nuestros concretos intereses particulares, el Ministerio Fiscal es la llave que activa la maquinaria judicial en defensa de la ley, los derechos de los ciudadanos y el interés público, es decir, en defensa de todos. Que exista dependencia jerárquica y que al fiscal general se le designe a propuesta del Gobierno, no quita que la acción del Ministerio Fiscal esté sometida a los principios de legalidad e imparcialidad, esto es, que ejercite sus funciones con plena objetividad e independencia y con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Con este nombramiento, el Gobierno pone en cuestión ambas virtudes democráticas desde el primer minuto.
Un paso más en la campaña de acoso y derribo institucional cuyo objetivo final es el poder judicial
Poner a la Abogacía del Estado al servicio de la investidura de Sánchez no fue bastante. Un paso más en la campaña de acoso y derribo institucional cuyo objetivo final es el poder judicial. Claro está, camuflada tras los lustrosos ropajes del bien común: recuperar la convivencia en Cataluña, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial… Una enorme patraña, una muestra de homeopatía política que persigue que creamos que están actuando para frenar la enfermedad cuando la realidad es que están propiciando su propagación.
Que el poder judicial predique la independencia no es cuestión baladí: es la garantía para el ciudadano de que cualquier decisión que se adopte será ajustada al derecho y a los hechos concretos. Sin independencia judicial muere el Estado democrático y de Derecho e impera la arbitrariedad del poder. Los derechos y libertades individuales son sacrificados en pos de unos fines que el Gobierno considera más elevados y que, curiosamente, redundan en su perpetuación en el poder incluso cuando parezca que hay alternancia de gobierno. Ya lo dijo Íñigo Errejón: “Hay que dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario”.
Es triste que en el seno de sociedades modernas, libres y democráticas estemos asistiendo al nacimiento de una nueva clase de despotismo paternalista que, eso sí, dista mucho de ser ilustrado, cuyo empeño es colonizar las instituciones para ponerlas al servicio de la ideología del partido. Un autoritarismo tutelar de nuevo cuño, que concibe a la ciudadanía como un rebaño inepto a la que imponer la visión gubernamental de la realidad, pero por su propio bien. Más triste aún es comprobar que quienes deberían ser contestarios con el poder político han asumido su portavocía y sustituido el espíritu crítico por aplausos enlatados. Qué difícil es ser independiente cuando tu salario y expectativas profesionales dependen de que no lo seas.
