Es noticia estos días que el juzgado de instrucción nº 17 de Madrid, está investigando delitos de fraude en el cobro de subvenciones y falsedad documental relacionados con Conpymes, una supuesta confederación de asociaciones de empresas estrechamente relacionadas con el independentismo y el comunismo.  

En mayo de 2021, se ofreció un espectáculo -de alto coste, que ¿quién lo pagó?– protagonizado por la ministra de Trabajo y la esposa del presidente del Gobierno, que ofició de “madrina”, con motivo del relanzamiento de Conpymes, con bombos, platillos y trompetería gubernamentales; un suceso típicamente peronista que podría haber sido ideado y filmado por Berlanga, que en paz descanse. 

¿Se habrá dado alguna vez en la Europa –no totalitaria- que la esposa de un primer ministro con todo el apoyo mediático del gobierno, en plan estrella cinematográfica, haya apoyado alguna vez junto a una ministra de Trabajo una asociación empresarial ya existente con el supuesto objetivo de representar una alternativa a otras asociaciones en competencia? La respuesta es obvia; jamás.

De los discursos propagandísticos de entonces, lo único que cabe recordar son tres lemas típicamente progresistas: capitalismo inclusivo, progresividad fiscal y mejores condiciones de trabajo y una afirmación absolutamente falsa, cuando señalaban que Conpymes representaba a 2,1 millones de pequeñas empresas, el 99% de todas las existentes en España.

Veamos qué respuesta merecen:

• El capitalismo inclusivo es aquél que da lugar al pleno empleo; el excluyente, por lo contrario, es la gran especialidad socialista y se caracteriza por maximizar el desempleo. Es una broma absurda que el progresismo patrio, líder sistemático del desempleo, se presente ahora con el disfraz de la creación de empleo. Felipe González, con casi cuatro millones de desempleados, Zapatero con seis y ahora Sánchez con una cifra que lidera la OCDE, son los campeones absolutos en la historia de España y relativos entre los países desarrollados, de la economía excluyente.
• La progresividad fiscal, arquetípica divisa progresista, se enfrenta a la evidencia empírica que sitúa a España como séptimo país entre los 38 de la OCDE por mayores cargas fiscales familiares sobre costes laborales. ¿Quieren que disputemos el primer puesto a la “ejemplar” Turquía?
• Las condiciones de trabajo, un ridículo anacronismo que remite a Dickens, pasan por alto que en España el trabajo juvenil y a tiempo parcial -que tan poco gustan a los sindicalistas- están vergonzosamente muy a la cola de Europa.

Quienes pusieron en boca de la esposa del presidente del gobierno que Conpymes representa a más de dos millones de empresas estaban haciéndola portavoz de un estado totalitario, dando por sentado que los individuos y las empresas carecen de libre albedrio ya que éste está a las órdenes de quien gobierna; sólo que España, no es “todavía” así.

Llegados a este punto es obligado plantearse el problema de la sociedad civil española, que siendo débil -por lo que después veremos- se convierte en este caso en un oscuro objeto del deseo gubernamental para suplantarla y ponerla totalitariamente a su servicio.

Integrada la sociedad civil por las asociaciones libres y voluntarias que puedan constituirse para los más diversos fines en el amplio espacio que existe entre la familia y el Estado, no todas merecen el mismo respeto y consideración.

Deben merecer el mayor respeto aquellas que:

• Sean voluntarias, tanto para formar parte de ellas como para dejar de ser miembros.
• Son socialmente representativas, no un mero club de unos pocos y circunstanciales amigos.
• Se autofinancian con aportaciones económicas y materiales libres y voluntarias de sus asociados, sin compromisos de permanencia.
• Se organizan con criterios democráticos basados en estatutos respetuosos de las leyes y votados por sus miembros.
• Persiguen fines explícitos: misión, visión y valores de público conocimiento.
• Actúan con total transparencia hacia la sociedad.
• Respetan las leyes y se someten a ellas.

La consideración social y política de la proyección pública de las organizaciones sociales, debe ser francamente positiva con aquellas que:

• Defienden intereses generales: sus planteamientos y sus logros benefician a la sociedad toda, es de decir, incluso a los que no son miembros.
• Actúan con integridad moral: piensan con libertad intelectual, dicen lo que piensan y hacen lo que dicen.

Si se observan de cerca, una gran parte de organizaciones –autoproclamadas–de la sociedad civil no responden a los criterios de legitimidad expuestos. Muchas de ellas –quizás la mayoría– apenas si tienen miembros voluntarios, no se financian con sus propios recursos, dependen de subvenciones públicas asignadas con criterios políticos, no tienen comportamientos democráticos, sus fines ni son explícitos ni muchas veces explicitables, actúan sin transparencia y en ciertos casos -Cataluña- no respetan las leyes.

Han devenido en nuestros tiempos en instituciones subvencionadas con dinero público, sin apenas asociados voluntarios ni, por tanto, ingresos por cuotas

Los sindicatos españoles, que originalmente fueron legítimas y representativas organizaciones autofinanciadas con cuotas voluntarias, aunque -tristemente– las más radicalizadas de Europa, han devenido en nuestros tiempos en instituciones subvencionadas con dinero público, sin apenas asociados voluntarios ni, por tanto, ingresos por cuotas. Como con Franco; salvo que entonces solo había un sindicato y ahora hay dos…idénticos.

Entre las asociaciones de la sociedad civil más operativas y de mayor éxito en la persecución de sus fines -no siempre explícitos- están los lobbies, que en las sociedades abiertas merced a su “acción colectiva” suelen conseguir muy importantes beneficios para sus miembros a costa del resto de la sociedad. Mancur Olson, elaboró dicha teoría en un libro publicado en 1965, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, en el que comparaba los beneficios concentrados de ciertos grupos de interés frente a sus difusos costes. Olson descubrió que los elevados beneficios que un grupo puede obtener generan muy altos incentivos para la consecución de sus fines, mientras que el resto de la sociedad –la inmensa mayoría- al pagar un difuso y pequeño coste -para satisfacer los intereses del grupo de presión– no está suficientemente incentivada para actuar en contra.

En España la sociedad civil es débil, tanto por culpa de una ciudadanía adormecida y poco dada a relacionarse orgánicamente entre sí, como por las intromisiones gubernamentales que incluyen generosas subvenciones –sin transparencia ni control- a sus artificiales organizaciones afines.

 Si Conpyme quiere alzar su voz, incluso para defender una ideología socialista históricamente periclitada, debería comenzar por hacer públicos sus ingresos por cuotas voluntarias, el número real de socios voluntarios que tienen, y por supuesto las subvenciones públicas recibidas. Claro que revelar todo ello dejaría todavía más en ridículo a los falsos apóstoles -o “apóstolas”- de la sociedad civil. Del resto -la corrupción de este modelo– ya anda ocupándose la justicia, sin que tengamos noticias todavía de lo que piensan al respecto las madrinas de este esperpento.

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