La Decisión del 20 de mayo pasado del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de dictar órdenes de detención contra unos y otros, intenta equiparar a las víctimas con los verdugos, como muchos comentarios ya han puesto de manifiesto. Parecería que el fiscal esperaba algo más que los ataques del 7 de octubre por parte sobre todo del grupo Hamás, para luego diluir la gravedad de estos ataques atribuyendo también violaciones graves del Derecho internacional humanitario a las fuerzas israelíes, para intentar mostrar así una cierta dosis de imparcialidad en torno a los actores del conflicto.

No insiste suficientemente el fiscal, sin embargo, en que unos son los agresores, Hamás y compañía, y otros los agredidos, con más de un millar de víctimas asesinadas, violadas, mutiladas, amén de otras muchas violaciones más del Derecho Internacional Humanitario, como la toma de unos 240 rehenes, sin que esa Fiscalía haya dicho nada, y sin que el Comité Internacional de la Cruz Roja, el famoso CICR, haya podido visitarlos, cuando es su derecho y obligación. Y, sin embargo, todo esto ha sucedido gracias a la oposición de Hamás a que se pudiera visitar a los rehenes, con las consecuencias que todos conocemos, como la muerte de muchos de ellos, sin mencionar las barbaridades antes mencionadas. ¿Se hubiera dicho algo si las fuerzas israelíes, ejerciendo el derecho de legítima defensa que tiene cualquier Estado, no se hubiera defendido? Pensamos que no, que todo se habría quedado en un ataque magistral de Hamás, aplaudido por haber conseguido un golpe de gran consideración contra los odiados sionistas, abonando la teoría que hay que echarlos al mar la próxima vez.

Si decimos esto, es por la tardanza con que la Fiscalía ha decidido actuar, que no se explica salvo si uno comprende que hay algo detrás, es decir una cierta dosis de antisemitismo estructural que se vislumbra hoy en día, no solo en las opiniones públicas de muchos Estados, sino en los propios organismos onusianos. Por otro lado, al final del texto de la Declaración del fiscal, se alude a que se ha consultado a un despacho de abogados especializado en esta materia, en el que trabaja la mujer de George Clooney, Amal Cloony, de soltera Alamuddin, nacida en Beirut, y trasladada al Reino Unido con su familia cuando ella tenía dos años. De ahí que algún medio israelí haya ya mencionado este hecho señalando la influencia que haya podido tener esta prestigiosa abogada en las actuaciones del fiscal.

Ni un argumento jurídico

Pasando ahora al análisis de algunas cuestiones jurídicas, en la Declaración del fiscal se señala que la Fiscalía considera que los crímenes de guerra a los que se refiere la Declaración "han sido cometidos en el contexto de un conflicto armado internacional entre la Palestina e Israel por un lado, y por otro se trata de un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás, que se desarrollaba
simultáneamente", sin dar más explicaciones, lo que sorprende enormemente, pues el cuerpo de reglas aplicable a uno y otro conflicto son distintos. Si el conflicto entre Israel y Hamas se considera "interno" , solo sería aplicable el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y si se considera "internacional", se aplicaría no solo estos Convenios al completo, sino también otros muchos instrumentos posteriores, sin olvidar ciertas normas consuetudinarias. Qué duda cabe que hay que aplicar también las normas recogidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero Israel no es parte, lo que significa que sólo estaría obligado a cumplir con las normas consuetudinaria, muchas de las cuales, dicho sea de paso, figuran en dicho Estatuto. Que la Fiscalía no dé ningún argumento jurídico del por qué esta clasificación deja a cualquier jurista perplejo.

Gaza sigue formando parte, teóricamente hablando, de la Autoridad Palestina, y no de Israel, que ya no es ni Potencia Ocupante, al haberse retirado completamente en septiembre de 2005

Y es que dejando al margen la cuestión de saber si Palestina es un Estado actualmente, o no, que para nosotros está claro que no lo es por muchas consideraciones que se hagan a este respecto, más políticas que jurídicas, hay una que está actualmente en la boca de todos, y es la creación de un Estado Palestino, ya que si lo fuera ya en este momento, no habría que crear otro, que es lo que solicitan hoy en día muchos Estados, e incluso la ONU. Respecto a la mención que hace la Declaración según la cual el conflicto entre Hamás e Israel sería interno, no entendemos lo que quiere decir la Fiscalía, porque Gaza sigue formando parte, teóricamente hablando, de la Autoridad Palestina, y no de Israel, que ya no es ni Potencia Ocupante, al haberse retirado completamente en septiembre de 2005, e incluso si fuera Potencia Ocupante, como sigue defendiendo la ONU, regiría el Derecho Internacional de la Ocupación. Es decir, estamos ante unas afirmaciones que no tienen mucha explicación desde el punto de vista del Derecho de los conflictos armados, cuando ya se sabe que los actores no estatales armados, como es el caso de Hamás y de Hezbollah, cuando llevan a cabo ataques armados contra Estados, estos tienen sin más la calificación de agresores que dan lugar al Derecho de legítima defensa del Estado atacado, sin que sea necesario el criterio de la participación substantiva del Estado en esa agresión, que era la opinión clásica.

Esto ya se reconoció en la guerra de los 33 días que mantuvieron Israel y Hezbollah en el verano de 2006 en el Líbano. Hechas estas consideraciones debe decirse que la Fiscalía, tras practicar las pruebas pertinentes, dice que tiene razones para pensar que la responsabilidad penal de Yahya Sinwar (Jefe del Movimiento de resistencia Islámica en Gaza, es decir Hamás), de Mohammed Diab Ibrahim al-MasriI, más conocido por el nombre de Deif (Comandante Jefe de la rama armada de Hamás, denominada las Brigadas Al-Qassam), e Ismail Haniyeh (Jefe de la rama política de Hamás) se encuentra comprometida por la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el territorio israelí y en el Estado de Palestina (en la Franja de Gaza) desde el 7 de octubre de 2023, en virtud de una serie de disposiciones que cita religiosamente en los artículos 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como son la exterminación, el homicidio, la toma de rehenes, la violación y otras formas de violencia sexual, la tortura, los tratos crueles y aquellos dirigidos contra la dignidad de la persona. Y añade que ciertos de estos crímenes todavía continúan siendo cometidos. Recoge también que los rehenes han sido sometidos a condiciones infrahumanas, y ciertos de ellos han sido objeto de violencias sexuales durante su cautiverio. Es decir, el catálogo de violaciones de todo tipo es denso y yo diría incluso que meticuloso, apelando al mismo tiempo a la liberación de todos los rehenes. Se vislumbra que quiere hacer esto bien, ya que es fácil reconocer estas violaciones, para luego continuar con las eventuales violaciones del Derecho Internacional Humanitario atribuibles a Israel, desde nuestro punto de vista mucho más discutibles.

Tras estos hechos, el fiscal pasa a mencionar aquellos atribuibles a Israel siguiendo aproximadamente el mismo esquema, indicando que "a la vista de las pruebas obtenidas", Karim Khan, solicita a los tres jueces que tendrán que decidir sobre estas acusaciones, que hay motivos razonables para pensar que el "primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa Yoav Gallant han incurrido en responsabilidad penal por crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la Banda de Gaza) a partir del 8 de octubre de 2023 por lo menos". El comunicado de la Fiscalía recoge también una larga lista de hechos tipificados como crímenes de guerra, como la hambruna como método de guerra entre la población civil, daños contra la integridad física o la salud, el homicidio intencional, los ataques intencionados contra la población civil, la exterminación o la muerte como crímenes contra la humanidad. Para el fiscal, estos crímenes forman parte de un plan dirigido a llevar a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, en algunos casos, señala, se siguen cometiendo. Y remata señalando lo que es obvio, que la ley se aplica para todos, y que aunque Israel tiene el derecho de defender a su población, esto no le exime de sus obligaciones con el Derecho Internacional Humanitario.

Atribuir a las fuerzas israelíes haber cometido hambruna y ataques sistemáticos contra la población civil es esa vara de medir tergiversada que está planeando por el mundo como un gran signo de ese rancio antisemitismo

Estas obviedades sobran en un comunicado de esta índole, primero porque es un primer paso que tiene que ser sometido a la sala de tres jueces de la Corte y, segundo, porque estos crímenes que atribuye a Netanyahu y a Gallant son difíciles de probar con contundencia. Como hemos ya señalado, atribuir a las fuerzas israelíes haber cometido hambruna y ataques sistemáticos contra la población civil es esa vara de medir tergiversada que está planeando por el mundo como un gran signo de ese rancio antisemitismo que se está poniendo de moda últimamente en ciertos desfiles y foros. Nos cuesta creer que un Estado como Israel, que se ve a todas luces que tiene unas fuerzas armadas dignas de ese nombre, con unos códigos de conducta ejemplares cometa crímenes como el de ataque generalizado y sistemático contra la población civil, cuando avisa antes de atacar una zona determinada a que la población civil evacúe ese lugar, comunicándoles en hebreo y en árabe a dónde tienen que dirigirse, como se ha hecho sistemáticamente desde el inicio de las hostilidades sobre el terreno de Gaza. Esto está muy lejos de lo que sostiene el Fiscal.

Distinta es la cuestión de saber dónde y en qué condiciones se desarrollan las hostilidades. Si Gaza se ha definido como un "infierno", no es tanto por ciertos crímenes cometidos, sino por las condiciones objetivas impuestas por la propia zona, como son 2.400.000 habitantes en 365 km2, con la utilización de la población civil como escudos humanos, hospitales como refugio de los combatientes de Hamás, en donde se establecen los cuarteles generales, como en las escuelas, entre ellas muchas de la Santa Unrwa, los hospitales, en cuyas plantas subterráneas se protegían los comandantes de Hamás, comunicados entre ellos por redes de túneles, como se ha reconocido, más vale tarde que nunca, y con la prohibición absoluta por parte de los países árabes de acoger a un solo refugiado palestino dentro de sus fronteras En estas condiciones, forzosamente Gaza ha sido un infierno, pero no creado por las tropas israelíes que se han atrevido a adentrase en la zona con sus soldados sobre el terreno, cuando hubieran podido arrasar la zona sin entrar dentro, pues esto sí que hubiera sido contrario al Derecho Internacional Humanitario. Han tenido fuertes bajas y heridos en muchos casos por cumplir con las obligaciones que les impone ese marco de normas humanitarias. Lo chocante de todo esto, es que en la Decisión del Fiscal nada de esto no solo no se menciona sino que ni se analiza para saber si realmente ha habido la intención de cumplir con esa normas humanitarias a las que se refiere el Fiscal o no.

Se olvida de que Israel es una democracia viva, con un gobierno regido por la "Rule of Law" y por lo tanto con un sistema judicial respetado a nivel mundial

Desde esta perspectiva, hay que recalcar que todo apunta a que Karim Khan cae en el absurdo de igualar a los agresores y a los agredidos, cuando la zona, tras varios conflictos anteriores se encontraba en paz. Después han continuado violando flagrantemente los principios humanitarios más básicos durante todo el conflicto, y lo siguen haciendo, sin que la comunidad internacional reaccione frente a tantas atrocidades y tropelías, como ocurre todavía con los 128 rehenes que parece que quedan a día de hoy. En nuestra opinión, hay una línea conductora en este decisión de la Fiscalía que distorsiona la realidad sobre el terreno, pero además tergiversa las normas al igualar a agresores y agredidos según un mismo estándar, es decir a terroristas, por mucho que ellos se denominan combatientes de la libertad o de la resistencia, y se olvida de que Israel es una democracia viva, con un gobierno regido por la "Rule of Law" y por lo tanto con un sistema judicial respetado a nivel mundial. Es evidente que esta Decisión del Fiscal representa un día triste para el Derecho Internacional Humanitario, estando casi seguros de que la Sala de la Corte la rechace, impidiendo así un retroceso en ese afán de intentar igualar la luz con las tinieblas. Israel, que no es Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como otros muchos Estados, no se merece este trato, así que no es extraño que si esto se confirma, será un paso más en el desprestigio de esta Institución, contra la que el presidente Trump ya impuso sanciones. Y en eso está también el actual presidente Biden, que esta vez no ha tardado en condenar tajantemente la Decisión del Fiscal, Karim Khan.

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