El pasado jueves 28 de enero se votó en el Congreso la convalidación del Decreto-Ley que regula la utilización de los llamados Fondos Europeos destinados a amortiguar la hecatombe económica provocada por la crisis sanitaria. Conocido ya el resultado de la votación y figurando en los medios los correspondientes análisis al respecto, es de interés analizar el contenido de lo convalidado.
Pocas dudas caben sobre la trascendencia de la cuestión, pues los 140.000 millones de euros que España va a recibir en los próximos tres años suponen aproximadamente un 12% de nuestro PIB anual. Sentar las bases que permitan su acertada utilización constituía -constituye- una auténtica cuestión de Estado. Por ello, sorprende y decepciona que el Gobierno haya actuado como un auténtico Juan Palomo, que todo se lo come y se lo guisa solo. Vamos a verlo.
Para empezar, la norma convalidada ha sido elaborada en solitario en las penumbras de La Moncloa, sin la participación política, social e institucional que requería una cuestión de tamaña importancia. Además de lo anterior, el contenido del Decreto-Ley es un monumento al onanismo político. Tal y como va a quedar expuesto, todo lo hará el Gobierno y, por supuesto, todo lo hará solo.
¿Quién lo elabora?
Así, en el Decreto-Ley se define el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan) como el instrumento rector para diseñar y ejecutar las reformas e inversiones que han de acometerse con los recursos provenientes de la Unión Europea. ¿Quién elaborará y propondrá la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? El Ministerio de Asuntos Económicos. ¿Quién lo aprobará? El Consejo de Ministros.
Declarar (calificar) un Proyecto como Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica constituye un hito fundamental para su encaje en la ejecución del Plan. ¿Quién propondrá la declaración? Cualquier ministro. ¿Quién lo declarará? El Consejo de Ministros.
Como órgano director y coordinador del Plan se crea la Comisión para la Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. ¿Quién formará parte de la Comisión? El Gobierno y solo el Gobierno (Presidente, Vicepresidentes, Ministros y algunos Secretarios de Estado).
La asistencia y soporte técnico a la Comisión corresponderá al Comité Técnico para Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. ¿Quién designará a los componentes del Comité?. La Comisión. Por tanto, el Gobierno y solo el Gobierno.
Se prevé la existencia de un seguimiento del Plan. ¿A quien se le atribuye esta función? Al Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
No se da ninguna cancha a las Cortes Generales cuando hubiera sido oportuno la creación de una comisión parlamentaria en el Congreso o en el Senado
Como vemos, en el Decreto Ley no existe resquicio alguno para cualquier participación ajena al Gobierno. No se da ninguna cancha a las Cortes Generales cuando hubiera sido oportuno la creación de una comisión parlamentaria en el Congreso o en el Senado que tuviera funciones en la cuestión. También se rechaza la aportación que pudieran hacer las organizaciones sindicales y empresariales, orillando así las claves del diálogo y el acuerdo social. Se desprecia el papel que podían -y debían- jugar los órganos de gobierno territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos), en contradicción con el espíritu de cogobernanza propio de un Estado descentralizado.
Una muestra de la última cuestión expuesta puede observarse en la Conferencia Sectorial del Plan que se crea en el Decreto Ley. En el artículo destinado a ella se prevé su composición (representantes del Estado y de las comunidades autónomas), la celebración de sus reuniones, la elaboración de su reglamento interno de funcionamiento …, pero ni una sola competencia.
En definitiva, tenemos un Decreto-Ley elaborado en solitario por el Gobierno, que concede en exclusiva todas y cada una de las competencias al Gobierno. No es esta la forma de abordar una cuestión de Estado. Pero es el modus operandi del onanismo sanchista. Eso sí, el que se atreva a discrepar es un irresponsable y un antipatriota.
