Conste que el sistema público de pensiones nació con deformaciones, vicios que ha mantenido desde entonces. Su basamento en el sistema de reparto imposibilitaba -imposibilita- que se diera la lógica equivalencia financiero actuarial entre el importe de lo cotizado por un trabajador durante su vida laboral y el de las prestaciones que en forma de pensión de jubilación se le garantizan cuando aquella finaliza. Como es harto conocido, este grave defecto determina que la sostenibilidad financiera del sistema tuviera dos serios riesgos. Primero, verse afectada coyunturalmente por la situación que en cada momento presente el mercado laboral. Segundo, depender estructuralmente de la evolución demográfica de la población. Junto a este defecto, la relación existente entre prestaciones y cotizaciones entre los participantes en el sistema no era -no es- constante, favoreciendo esta desigualdad interpersonal de modo significativo a aquellos cuyas cotizaciones han sido menores. En definitiva, el sistema era -es- un juego piramidal desigual para los jugadores en el que el Estado nos obliga a participar. No deja de ser curioso que estando en España legalmente prohibidos los juegos financieros de carácter piramidal, los españoles vengamos obligados a participar en uno que, además, presenta serios riesgos por su diseño defectuoso y es injusto en clave interpersonal. Pero es lo que hay.

Con el abrupto estallido del segundo de los riesgos señalados por el progresivo y preocupante envejecimiento de la población española, reformar el sistema de las pensiones públicas se ha convertido en una cuestión de Estado. Y en estas llegó José Luis Escrivá a su ministerio. Y lo hizo precedido de un cierto prestigio técnico debido tanto a su formación profesional como a su gestión previa al frente de la AIReF, y de una cierta fama de arrojo personal. No en balde, habiendo sido designado por el Gobierno del Partido Popular se las tuvo tiesas con el ministro Montoro. Sus primeros pasos como ministro fueron esperanzadores, dado que manifestó su firme voluntad de reformar el sistema público de pensiones para resolver, al menos, el problema de su sostenibilidad financiera. Sin embargo, a lo largo del tiempo su gestión al frente del Ministerio se ha ido encargando de demostrar que las esperanzas eran vanas, pues sus decisiones han ido siendo técnicamente impresentables y absolutamente condicionadas por factores políticos.

La política en su peor versión, el populismo, se impuso al rigor y a la responsabilidad, cediendo Escrivá a la general orientación electoralista que ilumina la actuación del Gobierno de Sánchez

En efecto, no es técnicamente presentable que, en vez de abordar la reforma integral del sistema, optara por hacerlo en fases sucesivas. Y no lo es que la primera, y casi la única realizada hasta ahora, fuera la de aumentar el gasto presente y futuro en pensiones, aumentando así el riesgo financiero preexistente. Pero la política en su peor versión, el populismo, se impuso al rigor y a la responsabilidad, cediendo Escrivá a la general orientación electoralista que ilumina la actuación del Gobierno de Sánchez. Después, hace aproximadamente un año, el flamante ministro decidió aumentar los ingresos del sistema inventándose el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI- por el que subió las cotizaciones en un 0,6%, prometiendo que la medida sería exclusivamente temporal. La decisión no garantiza que finalmente los ingresos crezcan, pues, siendo cierto que a los trabajadores y sobre todos a las empresas se les exigía un mayor esfuerzo contributivo, también lo es que el aumento inherente de los costes laborales que ello supone empuja a la baja el nivel de empleo afectando negativamente al número de cotizantes. Y está por ver cuál de los dos efectos resultará mayor.

Con los antecedentes reseñados, al final de la semana pasada se ha dado conocer el modo en el que Escrivá pretende finalizar -incumpliendo flagrantemente el plazo comprometido con la Comisión Europea- el proceso de reforma, no pudiendo ser mayor la decepción que genera. El flamante ministro, otrora bien valorado por sus conocimientos técnicos y por la que parecía ser una firme determinación de resolver adecuadamente el problema, ha abandonado sus postulados iniciales en aras -otra vez- de satisfacer el vector populista de la política. Presionado por los sindicatos, ha orillado el aumento de la edad de jubilación, probablemente asustado también por lo que está sucediendo en Francia. Y, de nuevo, por imposición sindical, ha cedido en su idea de aumentar el periodo de cómputo de las cotizaciones. De ese modo, ha renunciado a dos medidas que racionalizarían el esquema financiero del sistema. Por el contrario, ha optado por una exagerada agresividad en un intento de aumentar los ingresos, duplicando el MEI hasta el 1,2%, confirmando irónicamente que el porcentaje anterior era solo transitorio, pero haciéndolo en sentido contrario al prometido. En efecto, desaparecerá el 0,6%, pero para duplicarse. También procede a aumentar el tope máximo de la cotización y a establecer una cotización suplementaria sobre el exceso del límite de la base, aumentando así otra vez el impacto en los costes laborales, circunstancia que como hemos expuesto, perjudicará al empleo afectando negativamente a los ingresos del sistema.

El instrumento de igualdad social previsto constitucionalmente es la progresividad del sistema tributario y no la desigualdad interpersonal

Por su parte, el anuncio de seguir subiendo las pensiones de menor importe en mayor medida que las de importe superior aumentará la actual injusticia que supone la desigualdad existente en la relación entre cotizaciones y prestaciones para los diferentes grupos de participantes en el sistema. Se trata de una cuestión escasamente justificable, toda vez que el instrumento de igualdad social previsto constitucionalmente es la progresividad del sistema tributario y no la citada desigualdad interpersonal en la dualidad prestación/contraprestación del sistema. En este punto, como en tantos otros, el populismo se ha impuesto a la lógica y a la justicia.

Por último, resulta incomprensible, además de criticable que con el tiempo que se ha tomado Escrivá para diseñar esta última fase de su reforma, haya decidido su contenido sin ser capaz de llegar al conveniente, si no obligado, consenso con todos los agentes sociales -más allá de su evidente cesión a los postulados sindicales-, al exigible acuerdo parlamentario, y a la necesaria reflexión en el marco del Pacto de Toledo. En conjunto, todas las cuestiones analizadas ponen de manifiesto que las esperanzas antaño puestas en Escrivá se han tornado hogaño en un descomunal fiasco. Su reforma se realiza sin el conveniente acuerdo social, no garantiza la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones, perjudica el crecimiento del empleo y agrava las injusticias interpersonales preexistentes. Definitivamente, ha dilapidado el prestigio técnico y profesional que, justificadamente o no, le precedía y se ha autorretratado como un populista más de los muchos que florecen como setas en el escenario político español. Delenda est la fama de rigor técnico y de responsabilidad profesional que se asociaba a Escrivá.

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