The Beaver, una revista estudiantil muy conocida en Gran Bretaña, publicaba hace unos días una entrevista con Paul Preston. Bien conocido como historiador por sus trabajos sobre la Guerra Civil o el régimen de Franco, Preston ocupa la cátedra Príncipe de Asturias en la London School of Economics, donde dirige el centro Cañada Blanch dedicado al estudio de la España contemporánea. Interrogado en su calidad de hispanista por la actualidad política española, buena parte de la entrevista gira en torno al asunto catalán, como era de esperar.

Aunque los redactores alaban su ‘sofisticada comprensión de la historia española’, me temo que el lector español encontrará poca sofisticación en sus respuestas. Según Preston, el Estado de las autonomías es una artera maniobra de la derecha centralista para diluir la importancia de las ‘grandes regiones históricas’ como el País Vasco o Cataluña. ‘It’s complicated’, dice cuando le preguntan. Sin embargo, su explicación de la crisis catalana es de lo más sencilla: los “catalanes” quisieron reformar su Estatuto de autonomía, pero la oposición del PP, que sostenía que los cambios eran inconstitucionales, hizo que la propuesta fuera rechazada. Rechazada, sin más distingos. Por supuesto, con la sentencia del Tribunal Constitucional los catalanes, de nuevo todos a una, “se sienten muy frustrados y molestos”, lo que conduce al crecimiento vertiginoso del independentismo.

La cosa tampoco mejora cuando del diagnóstico pasa a definir su posición sobre la crisis catalana. “Creo que a los catalanes se les debería permitir votar”, asegura. Dicho así, uno pensaría que los catalanes no tienen oportunidad de participar en elecciones periódicas de diverso ámbito (municipales, autonómicas, nacionales o europeas), cuando sólo de elecciones al Parlamento de Cataluña se han celebrado cuatro en nueve años. Obviamente, Preston hace como tantos, reduciendo el significado de votar a la celebración de un referéndum de secesión.

Desgraciadamente, la opinión de Preston no es una excepción en ciertos medios internacionales, que siguen hablando de persecución y encarcelamiento a dirigentes independentistas por sus ideas políticas

Por lo demás, él no se pronuncia sobre cuál debería ser el resultado de dicho referéndum; eso que lo decidan los catalanes. Ni tampoco es separatista, se defiende: “No lo soy, sólo creo que la gente debería tener el derecho a expresar sus puntos de vista”. ¡A los catalanes se les debería permitir votar y expresar sus puntos de vista, claro está! Las expresiones de Preston podrían sonar a una de esas generalidades vagas de las que se quejaba el filósofo Jeremy Bentham, pero no son inocentes en cuanto a las implicaciones que un lector foráneo podría sacar de ellas. Si aceptamos que el Gobierno español impide que los catalanes voten o que los independentistas puedan expresar libremente sus puntos de vista, arrojamos con ello serias dudas sobre el carácter democrático del sistema político español. Preston no será separatista, pero sus palabras apuntalan el marco argumental que los independentistas catalanes pretenden transmitir a la opinión pública internacional. La causa de la independencia de Cataluña sería justamente democrática, por lo que sólo un régimen autoritario o dudosamente democrático se opondría a ella.

Esa impresión se refuerza cuando alude a los líderes secesionistas en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio en el Tribunal Supremo: “Si bien dice (Pedro Sánchez) que el poder judicial es totalmente independiente, no hay razón para que las personas permanezcan recluidas sin juicio durante tanto tiempo y enfrenten posibles condenas de treinta años. Es, por lo menos, algo irrazonable. La idea de que la única solución para el sentimiento separatista es enviar a la Guardia Civil… ¿entiendes lo que quiero decir?”

No deja de ser curioso el uso del estilo indirecto para referirse a la independencia del poder judicial en España; no se niega abiertamente, pero queda relativizada. Y eso justo antes de afirmar rotundamente que no hay razón alguna para la prisión preventiva. Luego la decisión del magistrado instructor, confirmada por la Sala de apelaciones del Supremo, sólo puede ser arbitraria e injusta. Nuestro historiador es también especialista en Derecho Penal por lo que se ve. De ahí a la sospecha de persecución política hay bien poco. Por si el lector no hubiera terminado de captarlo, ahí queda eso de enviar a la Guardia Civil contra el sentimiento separatista. Considerando que en una sociedad democrática no se encarcela a las personas por sus ideas o sentimientos, creo que se entiende a Preston bastante bien.

Desgraciadamente, la opinión de Preston no es una excepción en ciertos medios internacionales. Recientemente Jenifer Clement, la presidenta del PEN Internacional, presentó en Barcelona un comunicado donde se denuncian las “excesivas restricciones” a la libertad de expresión en Cataluña. Según los portavoces de la asociación mundial de escritores, los cargos de rebelión o sedición presentados contra Jordi Cuixart y Jordi Sànchez serían “desproporcionados”; ambos estarían en prisión “por haber expresado pacíficamente sus opiniones políticas”. Por ello, insta a las autoridades españolas a retirar todos los cargos y liberarlos de inmediato. Con todo, lo peor del comunicado es que da pábulo a la idea de una persecución dirigida contra los catalanes en general cuando afirma que estos “han sido víctimas, sin precedentes desde la dictadura franquista, de persecuciones por diferentes manifestaciones artísticas que atacan de pleno al derecho a la libertad y a sus diferentes formas de expresión artística”. A juzgar por el comunicado, se diría que los sucesos frente a la Conserjería de Economía, el asedio a la comisión judicial que la registraba y el destrozo de los vehículos policiales, no pasaron de ser una suerte de performance artística.

El Supremo ha recordado en sus autos que cualquier proyecto político puede ser defendido en España dentro de la legalidad; lo que no cabe es violentar la ley para imponerlo

Resulta increíble que haya que repetir una vez más que en España no hay escritores encarcelados por ejercer la libertad de expresión y que a los catalanes no se les persigue por sus ideas políticas; por no mencionar el hecho de que no todos piensan igual, según tengo entendido. En Cataluña los partidos independentistas concurren sin trabas a las elecciones, gobiernan en las instituciones, difunden libremente sus puntos de vista a través de medios de comunicación públicos y privados y hasta proclaman que las calles serán siempre suyas, como recuerdan los ubicuos lazos amarillos. Por lo demás, los jueces del Supremo han recordado en sus autos que cualquier proyecto político puede ser defendido dentro de la legalidad, lo que no cabe es violentar la ley para imponer ese proyecto político, vulnerando los derechos de los ciudadanos. Es la diferencia que va del libre ejercicio de la libertad de expresión a la comisión de un delito. No son opiniones políticas sino conductas presuntamente delictivas las que se juzgarán cuando llegue el momento, con todas las garantías procesales ante un tribunal independiente. Sospecho que Preston y los miembros del PEN apreciarían estos detalles si se tratara de sus propios países.

Mucho se habló en los momentos álgidos del 'procés' sobre los corresponsales extranjeros y los medios internacionales. No pocos de nosotros nos hemos encontrado con opiniones similares a la de Preston en encuentros con colegas de fuera. Se ha criticado la “anglocondescendencia” o la mirada orientalista que resucita los viejos tópicos tenebrosos sobre España. El kilómetro epistémico y los clichés biempensantes han jugado y juegan un papel importante, Pero no se puede minusvalorar la frivolidad y la falta de juicio de ciertos académicos e intelectuales.