El mismo día que Inés Arrimadas decía que su decisión había conseguido que Pedro Sánchez negociara, se conocía que el Presidente había encargado a Carmen Calvo restablecer las relaciones con los rupturistas que le dieron la mayoría para la investidura.
A las dos semanas de que Pablo Casado cediera a la pretensión de Pedro Sánchez de formar una comisión parlamentaria para la “reconstrucción”, PSOE y Unidas Podemos marcaban los temas, el plazo y los dos directores sin contar con el PP. Esas dos personas que van a dirigir dicha comisión son un socialista sin estudios y un leninista ex asesor de las FARC: Patxi López y Enrique Santiago.
Luego, cualquiera mira a Italia y comprueba con envidia que allí la comisión para reactivar el país la va a dirigir Vittorio Colao, ex consejero delegado de Vodafone, que ha trabajado en Morgan Stanley, McKinsey y en RCS MediaGroup, y que tiene un MBA por la Universidad de Harvard. Junto a Vittorio Colao van reconocidos técnicos decididos a trabajar por Italia.
El leninista ha participado como abogado en los casos Couso, Gürtel, Bankia y Bárcenas, y en el procesamiento de Pinochet. No hay color
En España, por contra, ha quedado claro que el propósito del Gobierno social-comunista es contar con una comisión política, no técnica, para marcar una construcción ideológica de la era post pandemia basada en promesas. Dado el carácter y conocimientos de Patxi López no cabe la menor duda de que será Enrique Santiago quien dirija esa comisión. No solo porque la ideología comunista contiene una idea potente del poder, sino porque el leninista ha participado como abogado en los casos Couso, Gürtel, Bankia y Bárcenas, y en el procesamiento de Pinochet. No hay color.
La pomposa Comisión para la Reconstrucción Económica y Social debe terminar sus trabajos en junio, un tiempo verdaderamente récord en comparación con lo que duraron las reuniones para el Pacto de Toledo o el Pacto contra la Violencia de Género. Teniendo en cuenta que atravesamos la peor crisis desde la Guerra Civil, el Gobierno debería haber contado con expertos de verdad que se tomaran su tiempo para medir, hablar y dictar.
Que paguen empresas, autónomos y pymes
La comisión va a terminar antes que el estado de alarma y pretenden que en los grupos de trabajo de la comisión estén definidas las líneas de actuación para reactivar la economía y la sociedad españolas. ¿Por qué la van a despachar tan pronto? Porque las decisiones ya están tomadas; es decir, la comisión es un instrumento para construir una promesa electoral. Las directrices ya están marcadas: intervencionismo, voracidad fiscal y gasto social, mercado laboral congelado y petición de ayuda a la Unión Europea. “Que paguen los ricos, Holanda y Alemania”, y, por supuesto, las empresas, los autónomos y las pymes.
La premura de esa comisión también tiene un sentido: los Presupuestos Generales del Estado. Sin plazo para 2020, el plan de Sánchez es presentar programas sociales sin plan económico, un diseñado plan electoral a modo de los “viernes sociales” que montaba antes de la crisis del coronavirus. Sánchez llegó a decir, sin echar cuentas, que serían unos presupuestos “extrasociales” y que “blindarán la protección de los ciudadanos”.
Por eso el tándem Sánchez-Iglesias necesita prolongar el estado de alarma hasta el mes de julio, como anunció el presidente en la misma sesión que Ciudadanos votaba “sí” a quince días más. Esta situación excepcional permite al Gobierno controlar los tiempos económicos y cerrar la boca a la oposición, que se encontraría a la vuelta del verano con la campaña electoral hecha, y con el sello de la comisión de reconstrucción. En todo ese proceso se habrá ninguneado al PP e incluso a Ciudadanos. La sensación es que el Gobierno tiene un plan político muy medido en su aspecto institucional y propagandístico, mientras la oposición muestra incertidumbre, división y alejamiento del centro de decisión.
A la coalición no le interesa gobernar ahora, sino prometer, y para eso nada mejor que un Gobierno en estado de alarma y una falsa comisión parlamentaria que dé la sensación de que “no hay plan B”
Esto es especialmente grave porque lo más lógico para un gobierno débil es convocar elecciones cuando tiene atado todo el panorama, y tomar así una posición mejor frente a posibles aliados y enemigos. En consecuencia, es muy probable que desde septiembre de 2020 el PSOE y Unidas Podemos escenifiquen una ruptura, como hicieron en julio de 2019, y convoquen unas nuevas elecciones. Para entonces la pandemia habrá terminado y la gente querrá mirar hacia delante.
El Gobierno sabe que esas promesas son inviables, y que tendrá que acometer recortes, como hizo Tsipras en Grecia. ¿Cómo presentarse a unas elecciones dentro de unos años tras haber recortado en gasto social? A la coalición no le interesa gobernar ahora, sino prometer, y para eso nada mejor que un Gobierno en estado de alarma y una falsa comisión parlamentaria que dé la sensación de que “no hay plan B”.
La izquierda en España solo vende futuro, así ha sido durante toda la historia de la democracia, porque cuando ha gobernado ha acabado sumiendo al país en una crisis económica y social. Esa sarta de promesas ideológicas va a ser el trabajo de esa comisión parlamentaria que empieza el jueves. Esa será justo la labor del comunista Santiago, un leninista más en la tela de araña para balancear a todos a favor de Sánchez y de Iglesias, no de España.
