Hay algo perverso que rodea al asesinato del pequeño Álex en Lardero que no pertenece a las páginas de sucesos. Algo oscuro que sin la luz de los focos amarillos, habituales en estas situaciones, ha quedado visible para todos: el papel de las Instituciones en un crimen que podía haberse evitado.
Despierta enorme indignación el hecho de saber que un fallo puntual ha facilitado un escenario dramático. Un error fatal. Pero es aún más espeluznante averiguar que no fue un error sino el cumplimiento de la política impuesta e incentivada desde Instituciones Penitenciarias sin tener en cuenta las consecuencias para los más indefensos, que no son los presos como afirmó Grande-Marlaska en el Senado, sino los ciudadanos.
La amistad de Ángel Luis Ortiz, antiguo asesor de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con el Ministro del Interior unida a su querencia por la liberación de criminales irredentos antes de que cumplan la condena, le valió su nombramiento como secretario general de Instituciones Penitenciarias. Instancia que se encarga de resolver las peticiones de tercer grado en caso de que éstas hayan sido denegadas por la Junta de Tratamiento de la prisión, como sucedió en el caso del asesino del pequeño Álex. El tercer grado es la puerta a la libertad condicional, a la calle.
Liberar a criminales
Pero esto no fue estrictamente un error del amigo del ministro, sino el cumplimiento de la política del PSOE para incrementar las concesiones del tercer grado. La perversión institucional que rodea la política de prisiones incluye un incentivo, un complemento de productividad de hasta 2.000 euros anuales al personal directivo de los centros penitenciarios que incrementen la concesión de estos beneficios en más de un 60%. La conciencia y la irresponsabilidad de liberar a criminales que no se reinsertan poniendo en peligro la integridad de los más vulnerables vale 160 euros brutos al mes para altos cargos con sueldos superiores a los 85.000 € anuales. Ya no se sabe qué es más inexplicable, si la ruindad o que sea tan barata.
En la oposición se han escuchado reivindicaciones de la prisión permanente revisable como una medida efectiva para evitar que un condenado no reinsertable reincida en sus crímenes. El ministro del Interior, que no ha hecho ni un remoto amago de asumir siquiera una mínima parte de culpa o de responsabilidad por haber concedido el tercer grado al asesino del pequeño Álex en contra del criterio de la prisión, y tras unas frías y protocolarias condolencias ante los medios, ha afirmado: “Tenemos una derecha, una oposición que le gusta instrumentalizar las tragedias humanas con un carácter político”.
Lo dice quien ha abanderado las campañas más brutales para politizar agresiones homófobas, incluso siendo falsas, responsabilizando a otro partido político del crimen supuestamente cometido a causa de sus discursos.
La izquierda sentencia qué sentimientos y emociones son dignas de conmovernos exigiendo que “no se puede legislar en caliente” cuando un asesino de niños anda suelto, pero sí puede sugerirse la ilegalización de Vox cada vez que se conoce una agresión homófoba para culparles por ella.
La izquierda, que ha colocado a las emociones en un plano superior al de las leyes de la Física y la realidad biológica, no permite que nadie muestre emoción alguna cuando no la controlan ellos ni pueden beneficiarse políticamente de ellas. Pedir prisión permanente revisable para estos casos está en el plano de la racionalidad y la civilización. Es exigir prisión y no otro castigo para defender a los vulnerables de la comunidad. Pero deben identificar justicia con crimen quienes, con fervor, piden a los ciudadanos que no se dejen llevar por sus emociones. Hasta que haya una agresión homófoba, claro.
Medidas para proteger a la sociedad
Afirmaba la tertuliana Elisa Beni en La Sexta que el asesino del pequeño Álex no era un monstruo ni un desalmado, sino un ser humano para justificar su salida de prisión. No entiende que los monstruos no existen, que sólo las personas pueden cometer actos monstruosos (y decir monstruosidades como ella). Y es precisamente esta condición la que merece todo el castigo y las medidas para proteger una sociedad. Y el cumplimiento íntegro de las condenas y la prisión permanente revisable, lo son.
No se puede permanecer impávido ante una izquierda, que ha condenado la educación del conocimiento a la prevalencia de las emociones, que ordene a los ciudadanos que permanezcan inertes ante un crimen espeluznante que se hubiese podido evitar si al frente de las instituciones no se encontraran los que miman y cuidan de los sentimientos hacia los criminales.
