Los identitarios están al mando, y les encanta hacer de emperadores con pulgares arriba y pulgares abajo. Como el virus se les está rebelando, se han quitado de los hechos, tan incómodos, y se han plantado en la revisión histórica. No saben nada de historia, porque ni leen ni les interesa, pero tienen las consignas en carne viva y alguna que otra serie de televisión enfrente, y eso les basta para sentirse autorizados a ordenar las cosas de otros tiempos. Los identitarios están por todo el mundo tirando las estatuas y poniendo esparadrapo en los libros de texto que mencionan a personajes sospechosos, desde Séneca a Hume, desde César a Colón, desde Fray Junípero a Jefferson. Las hordas hacen sus juicios sumarísimos, y detrás van luego los gobernantes con leyes que codifican la anacronía, y van también las Universidades con toda esa recua de rectores acomplejados aprobando planes de censura y expidiendo nihil obstat. Como en los buenos tiempos, los clásicos van a quedar solo para los censores y, como siempre, para quienes se atrevan a disfrutar a la sombra de la clandestinidad: otra vez la delicia de leer a quienes prohíben los memos.
La medida de la Universidad española la da la cúspide misma del Gobierno, un repóquer académico insuperable. Estos eruditos quieren cambiar la Historia contemporánea más inmediata y llevar por fin a término la gran obsesión: ganar la guerra. Sueñan con un 1939 al revés y volver 81 años atrás para proclamar la victoria de la República. Pero como son pijos acomodados se trata solo de una postura sentimental, un calorcito melancólico que festejan buscando huesos los sábados por la mañana, quitando nombres a las calles y poniendo etiquetas de franquismo a los rivales. Ahora todo se compendia por fin en una nueva ley, una celebración de desmemoria y damnatio que va a exigir mucha cartelería y mucho derribo y que hará de oro a los de los logos, como siempre que hay cambios. El primer objetivo es un borrado completo de cualquier testimonio de la dictadura, de ahí que el proyecto se llame Ley de Memoria Democrática.
Casi es lo que pasa ya, a fin de cuentas, pero quedan cosas: una estatua, un nombre, un rey, la cruz del Valle de los Caídos, que a ver qué coño se puede hacer con esa cruz tan grande
No se han dado cuenta de que la dictadura ya no está presente más que en un tema de la EBAU, pero ellos ven rescoldos por todas partes y han llegado a la conclusión de que es perentorio suprimir cualquier signo que pueda evocar aquellos tiempos. La damnatio –condena y desaparición– exige romper hasta las fotos y mirar a ver si los historiadores dejan de meterse en camisas de once varas, no vaya a ser que se empeñen en los datos y los datos traigan contradicciones. Aquí el éxito solo será completo cuando llegue una generación y diga hubo una vez una República y luego ya no sé qué líos de unos malos que mataron a muchos hasta la democracia parlamentaria, con una monarquía al principio que pintaba poco, al parecer. Casi es lo que pasa ya, a fin de cuentas, pero quedan cosas: una estatua, un nombre, un rey, la cruz del Valle de los Caídos, que a ver qué coño se puede hacer con esa cruz tan grande.
El primer objetivo está chupado. Pero para que la damnatio triunfe del todo debe imponerse paralela una memoria que diga las cosas como tuvieron que ser. La realidad debe acomodarse a las palabras, porque si no vamos a tener que estar perdiendo siempre las batallas perdidas ya una vez. Aquí la manipulación memorística es esencial. Se trata de convertir la dictadura en el compendio de todos los males morales y políticos, de forma que su adjetivo fetén, ‘franquista’, pueda aplicarse a todos aquellos que no vienen a la fiesta. Pero debe darse un paso más, porque eso ya existe hace mucho y tampoco es que se haya adelantado tanto: ahí están todos esos fachas de mierda que no hay forma de liquidar. El apelativo debe tener significado legal, es decir, que sea realmente condenatorio y exija un castigo firmado por jueces. Quien sea declarado franquista, entonces, tendrá que pagar una pena, una multa, y si es un partido político, se puede ilegalizar; si es una empresa, se puede cerrar; si es un libro de texto, se puede secuestrar. Sigan ustedes añadiendo todas las prótasis y apódosis que les parezcan y cambien los nombres genéricos por propios, y así podrán hacerse una idea aproximada de la nueva normalidad.
Españoles, no franquistas
La ley tiene, por tanto, doble estrategia: liquidar cualquier señal de aquellos tiempos y mantener la etiqueta del mal para combatir a los adversarios, que ahora son ya enemigos. Los hechos realmente acontecidos no importan, porque solo valen las narraciones que se acomoden a las nuevas exigencias. Baste este ejemplo, en forma de pregunta: ¿los españoles que vivieron en España desde 1939 a 1975 tuvieron alguna responsabilidad en el florido mantenimiento de la dictadura? Bueno, bueno, la nueva ley tampoco quiere líos: si los alemanes de los años cuarenta no hicieron nada, sino que todo se debió a los nazis, los años largos del franquismo se debieron a los franquistas, no a los españoles. Pero, claro, convertir franquista en insulto, a poco que se rasque, puede estar afectando todavía a no pocos abuelos, padres y hasta hermanos mayores que hace 45 años, uy, pasaron a convertirse en acérrimos demócratas. Ya puestos, no estaría mal que los historiadores y hasta los periodistas, antes de que la ley lo prohíba o reparta solo entre adeptos los carnés del oficio, escribieran las biografías exactas de todos esos demócratas repentinos. Sería otra forma de dar justa sepultura a los muertos.
