Vivimos una de las semanas más trágicas para España de los últimos años. Los efectos de la DANA que asuela nuestro país, sobre todo la Comunidad Valenciana, son apocalípticos, y en situaciones así lo menos que se puede exigir de nuestros gobernantes es que estén a la altura de tan dramáticas circunstancias.
Este miércoles a las 9 de la mañana daba comienzo en el Congreso la sesión de control al Gobierno, pero inmediatamente todos comprendimos que la gravedad de la situación en la Comunidad Valenciana exigía la paralización de toda actividad institucional, para concentrar todos nuestros esfuerzos, y muy especialmente los del Gobierno, en la gestión de la tragedia. Por lo demás, tampoco era un día para la refriega política, ni siquiera para debatir y votar cuestiones trascendentes que, por su alcance, exigen debates graves y enérgicos. Por respeto a una ciudadanía sobrecogida por el horror de la gota fría, ayer no tocaba hacer patentes diferencias irreconciliables, sino todo lo contrario, mostrar unidad en la solidaridad con las víctimas y aparcar la contienda política.
Un atropello agravado por la indecencia de las formas, porque el Gobierno ni siquiera necesitaba convalidar este miércoles el decreto. Lo hizo porque vio en la conmoción por la catástrofe de la DANA la ocasión de sacar adelante con sordina su despótica reforma de RTVE
Poco después de iniciarse la sesión de control el portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Tellado, solicitó a la presidenta de la Cámara la suspensión del pleno, petición que secundaron todos los portavoces del resto de los grupos, sin excepción. Parecía que los grupos coincidían en la necesidad de lanzar un mensaje de unidad ante el desastre; la presidenta convocó reunión de Mesa y Junta de Portavoces para tratar y, previsiblemente, acordar la suspensión del pleno. Pero la indignidad de este Gobierno no conoce límites y, cuando parecía que se imponía una tregua con la oposición, saltó la noticia: se suspendía la sesión de control, pero no el debate y votación para la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno para cambiar las mayorías parlamentarias para la elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE: la enésima cacicada de Sánchez para colonizar las instituciones y perpetuarse en el poder. Un atropello agravado por la indecencia de las formas, porque el Gobierno ni siquiera necesitaba convalidar este miércoles el decreto. Lo hizo porque vio en la conmoción por la catástrofe de la DANA la ocasión de sacar adelante con sordina su despótica reforma de RTVE. Es el colmo de la deshonestidad. Sánchez no hace de la necesidad virtud, sino infamia.
El mayor hispanófobo de la historia
Pero, cuando parecía que el sanchismo no podía caer más bajo en un solo día, nada más aprobarse la reforma conocíamos la lista pactada entre el PSOE y sus socios para colonizar juntos el Consejo de Administración de RTVE. La lista la encabeza Miquel Calçada (Mikimoto), un presentador de televisión muy conocido en Cataluña, el mayor hispanófobo de la historia de Cataluña (que ya es decir), un tipo que siempre ha hecho bandera del odio a España y a los españoles, que se indignaba cuando en Tv3 se decía una sola palabra en español y que ahora va a ser miembro del Consejo de Administración de RTVE, por obra y gracia de Sánchez.
Les aseguro que, como catalán que lleva décadas aguantando y combatiendo los desmanes de toda esta patulea, ver a Mikimoto encabezando esa lista resulta intolerable. El devenir de los medios públicos que pagamos todos los españoles estará en manos de, entre otros agitadores del odio, personajes siniestros como Mikimoto, que se enorgullece de haber dedicado su carrera profesional a la propaganda hispanófoba tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hasta cuándo tendremos que seguir aguantando los españoles el desprecio de Sánchez y sus socios.
Sánchez estará encantado porque a él los insultos y el desprecio a España y a los españoles le traen al pairo mientras pueda seguir en la Moncloa gracias a los amigos de Mikimoto, pero lo que están haciendo con RTVE es un escándalo de consecuencias devastadoras para nuestra democracia, que apuntala la degradación institucional que este Gobierno está infligiendo a nuestro país. El caso es que, como los ejemplos de esa degradación son tantos y todos tan inmorales, cualquiera diría que una parte importante de los españoles está como anestesiada ante semejante aluvión. Algunos parecen haber desarrollado una malsana tolerancia a la humillación, y a eso aspira Sánchez, a dejar España sin pulso. Como representantes de los españoles, no podemos consentirlo, y no lo haremos.
