La ignorancia sobre ciber espionaje del ministro Bolaños no explicaría por sí sola que un partido centenario pueda sufrir un serio hundimiento, pero llegará a ser corrosiva cuando en las próximas semanas descubramos que el tratamiento político de la falacia informática,  que conocemos como Catalangate, fue el primer episodio de una serie de decisiones tomadas en colaboración con ERC sobre otros asuntos más sensibles, como fueron la “sedición” y la “malversación”. Desgraciadamente, el tratamiento dado al supuesto uso de Pegasus en España deslegitimó las formas y modos de una alianza nunca debidamente explicada a una ciudadanía que va a votar antes de finalizar 2023.

No es este el medio para discusiones técnicas, solo insistir en que Catalangate es insostenible en términos de Análisis Forense (averiguar si un teléfono ha sido espiado  corresponde a una rama de la ingeniería informática, consistente en interpretar evidencias sobre intrusiones habidas basadas en hallazgos  en el propio aparato y, en el límite, en los archivos de copias existentes) Es una labor muy difícil ante la enorme eficiencia de la nueva generación de programas. Para aquellos interesados en los informes técnicos: G. Martin et alt.; Enero 2023. Al ser llamado a comparecer el pasado Noviembre en el Parlamento Europeo, a instancias del Grupo Popular Europeo, los organismos gubernamentales (CNI, Presidencia y Defensa) conocen las conclusiones. Días después, el Parlament catalán vetó mi comparecencia (pedida por el PSC) en su Comisión correspondiente. Ahora solo queda plantear unos de los rotos del Gobierno, camino de evaporar un partido del que España no puede prescindir alegremente.

Por si fuera poco, el Gobierno montó una sesión informativa del CNI con la Comisión de Secretos del Parlamento para hacer saber que 18 líderes catalanes fueron vigilados con órdenes judiciales

Estando en pleno análisis informático del Catalangate (publicado el 18 de Abril de 2022), entonces muy celebrado por la gran mayoría de medios informativos, la alarma creció el 2 de Mayo cuando el Gobierno, en un acto inédito de autoacusación defensiva, anunció que él también había sido espiado. Francia, Reino Unido e incluso Grecia hicieron frente a situaciones como ésta, pero el concepto de defensa de la legitimidad de las instituciones no fue la misma en España. La perplejidad profesional llegó al máximo al saber que, para justificar aquel supuesto espionaje, el CNI recurrió a la misma dudosa metodología  que Citizen Lab, firmante del Catalangate, decía haber utilizado para injuriar al Gobierno mediante la informática. Por si fuera poco, en plena efervescencia, el Gobierno montó una sesión informativa del CNI con la Comisión de Secretos del Parlamento para hacer saber que 18 líderes catalanes fueron vigilados con órdenes judiciales.  

Aquello hizo que la opinión pública asumiera dos situaciones inciertas: a) Que habían sido espiados con Pegasus (los jueces ordenan qué y a quién vigilar, nunca el cómo) cosa que ninguna fuente oficial ha afirmado, aunque sí todo el coro de medios y b) sensación generalizada de que si se reconocían 18 episodios era poco menos que seguro que que habían sido 65, como denunciaba Catalangate. A esto añádase el sorprendente despido de la responsable del CNI y el silencio posterior a todas las peticiones de información llegadas desde Bruselas. Desgraciadamente el Gobierno tiene un cadáver digital en el armario.

Han pasado casi dos décadas desde que los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales de los estados (con independencia del nivel de su democracia) tuvieron que recurrir al ciber espionaje comercial para hackear los teléfonos de las personas sospechosas. Sin ser muy conscientes de ello, las democracias  se enfrentaban a dos problemas retroalimentados:

Si un cliente utiliza un programa espía adquirido legalmente que pueda percibirse como perjudicial para la seguridad nacional o contra algunos derechos básicos fuera de EEUU, la empresa que esté detrás del programa no va a poder hacer negocios en USA

El primero consiste en que algún estado extranjero o agencia propia hiciera un uso dudoso del programa. Tan irresoluble es el problema, que la semana pasada el presidente Biden, incapaz de afrontarlo, ha dictado una orden ejecutiva cortando por lo sano,  estableciendo un nuevo marco regulador que desplaza el foco de atención de los clientes/usuarios (DEA,  FBI, CIA, etc.) para hacer recaer la responsabilidad en los productores del software. Si un cliente utiliza un programa espía adquirido legalmente que pueda percibirse como perjudicial para la seguridad nacional o contra algunos derechos básicos fuera de EEUU, la empresa que esté detrás del programa no va a poder hacer negocios en USA. En roman paladino: “Como no disponemos de herramientas fiables para el análisis forense, el responsable de lo que ocurra será el fabricante extranjero al que no compraremos”.

El segundo problema, más sibilino aún, consiste en que alguien pueda presentar una acusación por haber sido espiado, sin ninguna prueba concluyente para ello. ¿Quién valida los posibles ciberespionajes? Desgraciadamente, hoy no existe ningún organismo confiable y con autoridad.  Este es el envite que el independentismo lanzó, vía una supuesta ONG ligada con las Big Tech y con los grandes medios, que Bolaños nos hizo tragar al resto de españoles.  Si difícil es evitar que se haga algún uso ilegítimo de un software como Pegasus, hacer un Análisis Forense riguroso es algo desafortunadamente imposible y nada se encontrará en ninguna revista científica o profesional solvente, solo en el mundo del oportunismo de muchos hackers. En resumen, no se conoce ninguna herramienta que permita detectar, con un cierto rigor, que un teléfono, sea Android o i-OS, fue infectado en las fechas que dicen haber analizado el CNI y Catalangate. Con todo respeto, el voluntarioso trabajo del magistrado don José Luis Calama, de la Audiencia Nacional para encontrar un responsable por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos es desgraciadamente baldío.

Ha sido duro observar cómo un Gobierno democrático metabolizaba sin inmutarse la vergüenza de ser acusado de no respetar los derechos de parte de sus ciudadanos

Ha sido duro observar cómo un Gobierno democrático metabolizaba sin inmutarse la vergüenza de ser acusado de no respetar los derechos de parte de sus ciudadanos, con el único argumento, cierto por otro lado, de que el CNI es titular de una licencia Pegasus. Algo así como si poseer una escopeta fuera sinónimo de ser un homicida. Parece razonable sugerir al Gobierno que reconozca el error del 2 de Mayo sin poner en entredicho al CNI, un ente imprescindible en nuestra democracia. Antes de Diciembre hay formas de clarificar equivocaciones informáticas  y de dignificar al PSOE.

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