El rey Juan Carlos I es un hombre bromista. Quienes lo han conocido en las distancias cortas, incluidos todos esos periodistas cortesanos que ahora se escandalizan cuando se conocen los escándalos que ellos silenciaron durante años, saben que lo de su campechanía es rigurosamente cierto y no una pose ante la plebe. El problema es que en este caso su broma, la penúltima por ahora, atañe a todos los españoles porque afecta a la propia estabilidad del Estado y a la imagen del país.
La marcha de España del emérito erosiona aún más, si cabe, su propia figura pero también, por obligatoria añadidura, la de su sucesor en el trono, Felipe VI, y la de la Corona en su conjunto. Esta operación de Zarzuela y Moncloa -porque estas cosas siempre se hacen en común, como ya se organizó en 2014 la abdicación- está resultando contraproducente por la actitud del propio Juan Carlos I, que huye -no de la justicia, pero sí del país y del problema- sin mostrar el menor síntoma de arrepentimiento o algún propósito de enmienda en su ya célebre carta a su hijo.
Un error que se repite estos días sobre todo en los medios de comunicación pero también fuera de ellos es etiquetar como antipatriota, antimonárquico o antisistema a todo aquel que osa criticar con severidad el comportamiento de Juan Carlos I. Quien se adentra en esta peligrosa senda pronto es señalado como una suerte de republicano peligroso que aboga por la demolición del edificio constitucional del 78. Aunque estas posiciones son legítimas, no hace falta estar en ellas o escribir desde ellas para denunciar los desmanes del emérito. Tanto los que cometió durante sus año en el trono como los que está cometiendo ahora.
Es una vergüenza que no sepamos el paradero de Juan Carlos I. Otra es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niegue a revelar el papel del Ejecutivo en la operación
Se pongan como se pongan los cortesanos, los monárquicos impenitentes o los defensores a ultranza del sistema alumbrado en la Transición, es una vergüenza que no sepamos el paradero de Juan Carlos I. Otra es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niegue a revelar el papel del Gobierno en la operación cuando es evidente que todo se ha orquestado merced a un acuerdo con el Palacio de la Zarzuela. Otra es el contenido del propio comunicado del pasado lunes. Otra es que la Casa del Rey guarde tan estruendoso silencio sobre lo que está pasando. Comportamientos solo posibles en una democracia eminentemente borbónica como la nuestra.
El jefe del Estado acaba de hacer una gira por España para animar al pueblo tras la crisis del coronavirus, pero no ha dicho ni esta boca es mía sobre el particular en los actos públicos. El Rey tampoco dijo palabra alguna sobre lo publicado acerca de su padre durante aquel discurso que pronunció a los españoles con motivo del confinamiento el pasado 19 de marzo, cuando ya sabíamos, gracias a la investigación de un fiscal suizo y al trabajo de la prensa extranjera, que existían las famosas cuentas en Suiza.
Nadie, ni periodista ni ciudadano, ha podido preguntar públicamente a Felipe VI por esta cuestión. Ni tampoco por qué aparecía como beneficiario de las cuentas ni por qué cuando renunció a ellas ante notario no lo hizo público y prefirió camuflar el escándalo retirando a su padre de las actividades de la institución.
A raíz del caso Urdangarin empezaron a publicarse con más libertad y en más medios algunos detalles de esas corruptelas o comportamientos irregulares. Porque los elefantes eran demasiado grandes como para esconderlos
En realidad, llueve sobre mojado. Porque esta marcha sin explicaciones de Juan Carlos I es solo una más de las bromas de mal gusto que nos ha gastado en los últimos años el Rey que se distinguía por su campechanía. Gracias al trabajo de algunos periodistas de este diario y a otros compañeros ahora sabemos con certeza que fue una broma aquel discurso navideño de 2011 -"la justicia es igual para todos"-. También habría que incorporar al terreno del humor aquella petición de perdón de 2012 -"lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir"- tras esa caída de Botsuana que por fin abrió la veda para hablar de Corinna Larsen. Mientras todo eso pasaba, el Rey escondía una fortuna en sociedades offshore junto a su compañera de amores y negocios.
También es un error mayúsculo e injustificable asegurar, como muchos aseguran hoy en los medios con tanta tranquilidad como caradura, que los escándalos de la Casa del Rey empezaron en 2010. No es verdad. En ese año, a raíz del caso Urdangarin, empezaron a publicarse con más libertad y en más medios algunos detalles de esas corruptelas o comportamientos irregulares. Porque los elefantes eran demasiado grandes como para esconderlos. Pero los problemas ya estaban ahí mucho antes, durante casi todo el reinado de Juan Carlos I, como en su día demostraron algunos como el propio Jesús Cacho.
¿Les suenan los nombres de Manolo Prado y Colón de Carvajal, los Albertos, el príncipe Tchkotoua,
Adnan Khashoggi o Javier de la Rosa? ¿Y esos amigos de las monarquías del Golfo Pérsico entre los que ocupaba un papel estelar el monarca saudí Abdulá bin Abdulaziz Al Saud? ¿Nadie recuerda cómo Juan Carlos I concedió el Toisón de Oro a Abdulá en 2007? ¿A alguien le queda en la memoria aquello del célebre fondo hispano-saudí que ambos reyes presentaron en sociedad, que sufragaron los principales capos del Ibex 35 y cuyos fondos desaparecieron como por arte de ensalmo?
Silencios cómplices
Todo eso y mucho más pasó aquí, delante de nuestras narices. Mucha campechanía y demasiados silencios cómplices. Porque las élites políticas, económicas y mediáticas callaron, otorgaron y sacaron provecho de aquel estado de cosas. Señalar estos comportamientos ni éticos ni ejemplares de Juan Carlos I no es óbice para reconocer su papel histórico en el alumbramiento de la democracia tras la larga noche de la dictadura cuyo mando heredó del dictador Franco. Pero esos eran otros tiempos, como suele decirse.
Ahora, en medio de esta época convulsa que nos ha tocado vivir, algunos seguimos creyendo que tarde o temprano los españoles tendremos que decidir en las urnas qué forma del Estado queremos. Pero hay que reconocer, al mismo tiempo, que ese no es el debate que más preocupa y ocupa a los españoles en estos momentos ni quizás el más apropiado para la crisis económica que ya padecemos, por más que las bromas de mal gusto de Juan Carlos I ensombrezcan el reinado de Felipe VI.
Establecer un cortafuegos con el padre para desligarlo de su hijo en forma de destierro no es suficiente. Lo mínimo que puede pedirse a la Corona es que profundice en la transparencia necesaria en el siglo XXI. Publicar el coste real de la monarquía, dar cuenta de todos y cada uno de sus gastos y, sobre todo, informar sobre el patrimonio de los miembros de la Familia Real sería un buen comienzo. Regenerarse o morir, esa es la cuestión.
