Esta semana hemos asistido a la comparativa, aunque sólo sea desde el punto de vista mediático, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se han debatido en el Congreso de los Diputados y el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid que ha aprobado el gobierno autonómico.

Por supuesto que cualquier comparación entre ambos proyectos debe estar sujeta a las evidentes diferencias que existen entre la naturaleza de un presupuesto estatal y uno autonómico. Pero también es cierto que debemos entender un presupuesto como lo que es: una declaración de intenciones políticas y una hoja de ruta para el curso que viene. Por eso, y porque el de Ayuso y Sánchez son dos modelos políticos e ideológicos contraopuestos, merece la pena hacer una serie de consideraciones al respecto. Veamos las tres diferencias que hay entre ambos presupuestos:

Rigor fiscal vs al 'gasticidio' y al descrédito

Lo primero que llama la atención comparándolos es el marco en el que se elaboran. Mientras el Gobierno de España dibuja un cuadro macro irreal, desmontado por todas las casas de analistas que han publicado sus estimaciones después de conocerse los Presupuestos, y con un desequilibrio presupuestario que, según el propio Gobierno, no se corregirá hasta 2025, el presupuesto de la Comunidad de Madrid nace con un cuadro macro avalado por la AIReF, sin opacidad en la información, y con una previsión de ingresos y gastos ajustada a la realidad. Veamos este último punto, pues es especialmente relevante.

Decía la ministra Montero en sede parlamentaria que el techo de gasto del Estado aumenta un 2,7% en 2023, mientras que el de la Comunidad de Madrid lo hará un 10,7%. Esto es una verdad solo a medias y, sobre todo sesgada.

Primero, porque los capítulos I a VIII de los PGE son una parte ínfima de los desembolsos del Estado. Si vemos el presupuesto total, el incremento de gasto aumenta hasta el 10,7%. Sí, con un crecimiento previsto del 2,1% (que analistas como Goldman Sachs o Funcas ya advierten de que no llegará ni al 1%) el Gobierno de España pretende incrementar el gasto un 11%.

Segundo, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que va a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria en 2023 (déficit máximo del 0,3%), mientras que el de España, incluso en el baño de irrealidad que son sus presupuestos, estima un agujero en las cuentas públicas del 3,9%, un punto más de lo recogido en el pacto de estabilidad fiscal que algún día se reactivará.

Y, tercero, porque el grado de certeza en el cumplimiento de los objetivos de déficit es infinitamente mayor en el caso de la Comunidad de Madrid. La razón estriba en el funcionamiento del sistema de financiación autonómico. Concretamente, los impuestos más importantes (IVA, IRPF e impuestos especiales) son recaudados por el Estado y transferidos en el porcentaje estimado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas dos años más tarde. O, dicho de otra manera, la Comunidad de Madrid recibirá la cuantía que le corresponde por la recaudación que de estos impuestos hizo el Estado en 2021.

Teniendo en cuenta que estos impuestos son el 76% de los ingresos de la Comunidad de Madrid, y que la transferencia que le corresponde a la región se incrementa en 2.600 millones de euros con respecto a 2021, es fácil de deducir que los 2.700 millones de euros de incremento de gasto de la Comunidad de Madrid serán fácilmente financiables sin necesidad de acudir a deuda ni recursos ajenos.

En el caso del Gobierno de España, la situación es distinta. Los centros de gasto tienen crédito suficiente para gastar lo que está estipulado en los presupuestos, pero, en el caso de que los ingresos se desplomen, el agujero en términos de déficit público se dispara. Esto ya ocurrió en la crisis de 2008, y puede volver a ocurrir si la demanda agregada sufre un parón repentino.

En definitiva: el incremento del gasto en la Comunidad de Madrid está financiado con recursos propios, y supone un riesgo menor en términos de estabilidad fiscal que el 'gasticidio' del Gobierno de España.

Orientación al crecimiento económico vs gasto electoralista

El presupuesto de Sánchez, además de irreal e irresponsable, parte de una máxima: cercar al que más tiene hasta que, o bien deje de tenerlo, o bien tenga que huir. Pero ya saben, es por el bien de todos. Así se justifica el mal llamado impuesto de solidaridad, y otra colección de gravámenes con los que atacan al sector empresarial en su conjunto.

Pero también esconde que al año que viene, en plena estanflación, cada contribuyente va a pagar 850 euros en impuestos para seguir alimentando la recaudación récord del Estado y una presión fiscal inasumible para el país con mayor tasa de paro de la UE, uno de los que más economía sumergida tiene y uno de los que menor renta per cápita tiene de Europa.

El de Ayuso, por el contrario, apuesta por consolidar las bajadas de impuestos (deflactación y bajada de medio punto del IRPF), por facilitar las cosas a los generadores de empleo (tarifa 0 para nuevos autónomos) y una inversión que se incrementa un 59% con respecto a 2022.

El Gobierno es un centro de experimentación con ciudadanos sin precedentes, que ya ha conseguido que cada niño que nace no venga con un pan debajo del brazo, sino con una deuda superior a los 30.000 euros

Porque hay quien piensa que para poder repartir y mejorar todos, la tarta tiene que ser más grande, y hay quien cree que hay que repartir la misma tarta cada vez entre más gente, y que quien reparte cada vez se lleva más porción.
Hay quien se preguntará: ¿cómo es posible que bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid crezcan los ingresos públicos un 10%?

Parte ya lo hemos explicado en el anterior punto: la mayor parte de los ingresos de la Comunidad de Madrid corresponden a la recaudación de 2021. Falta por ver los datos definitivos de 2022 para saber qué ha ocurrido con la recaudación de la región en un año en el que se ha bajado el IRPF medio punto, se han eliminado los impuestos propios y se ha deflactado todos los tramos y el mínimo exento de IRPF. Lo que sí que sabemos, según ha hecho público el propio Gobierno regional, es que cada vez que se han bajado los impuestos en la región, la recaudación ha aumentado.

Gasto social vs gasto político

En los últimos meses hemos oído muchas veces, fundamentalmente proveniente del Gobierno de España, aquello de que "hay que subir los impuestos para poder pagar la sanidad y la educación". Eso ha justificado el impuesto de solidaridad (inconstitucional), el atraco a los autónomos con las cotizaciones sociales, y 54 subidas de impuestos desde que Sánchez es presidente.

Nada más lejos de la realidad. Quien paga la sanidad y la educación son las comunidades autónomas. Esa es la razón fundamental por la que el 90% del presupuesto de la Comunidad de Madrid va a políticas sociales (sanidad, educación y políticas sociales), mientras que tan sólo el 60% de los PGE es gasto social. Y estas no son cifras que invento yo, las dan las propias administraciones.

Yo entiendo, por ejemplo, el debate en torno a las pensiones, que ya suponen el 40% del presupuesto público y que, en mi opinión, están condenadas a la quiebra. Pero no entiendo los 13.300 millones que se van al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el de Política Territorial, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al Ministerio de Consumo y al Ministerio de Universidades. O las "actuaciones de carácter económico", que se han convertido en un cajón desastre en el que cabe de todo pero no se justifica nada, y eso incluye 12.600 millones para "infraestructuras y ecosistemas resilientes", una bolsa en la que entiendo que irán destinadas las tasas que nos quieren cobrar por convertir las autovías en autopistas.

En resumen: esta semana hemos visto que hay dos formas de hacer política y gestionar un país. Afortunadamente, el año que viene será año electoral, tanto a nivel regional como estatal, y espero que los ciudadanos nos comportemos con la responsabilidad que merece tal ocasión. Porque detrás de lo que les he contado hay una realidad incuestionable: la Comunidad de Madrid es líder económico nacional, polo de atracción de empresas e inversión, y un centro de gestión que reduce su deuda, mientras el Gobierno de España es un centro de ingeniería social y experimentación con ciudadanos sin precedentes, que ya ha conseguido que cada niño que nace no venga con un pan debajo del brazo, sino con una deuda superior a los 30.000 euros.

España necesita un cambio de rumbo.

Daniel Rodríguez Asensio es Consultor Estratégico y Presidente de Acción Liberal Think Tank For Freedom

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