Este jueves sucedió lo previsible, se rechazaron las enmiendas del PP y Cs a la Proposición de Ley de reforma del Código Penal presentada por el PNV. La sesión sirvió, además, para politizar un asunto que se ha terminado percibiendo, aunque no lo sea, como un asunto de izquierdas o de derechas.
Lo que no se ha explicado a la opinión pública es lo que pasa ahora y la realidad de lo que puede suceder después de este debate. Veamos. Existen hasta 3 barreras procedimentales relevantes en este caso que los políticos experimentados conocen perfectamente y que pueden aplazar sine die la toma de decisiones al respecto:
Primera: Prórroga indefinida de plazos para las enmiendas
Una vez superado este debate, se abre un plazo para presentar enmiendas parciales al articulado, plazo que semanalmente la Mesa del Congreso puede perfectamente ir ampliando apoyándose en su mayoría. Hay que tener en cuenta que de los 9 miembros de este órgano, los populares y el partido de Rivera suman 5 votos. Por ende, podrán ampliar los plazos intencionadamente tantas semanas como les plazca, alegando que están trabajando en ello… o sin necesidad de argumento alguno.
Segunda: mayor presión hacia los socialistas
En el caso más que improbable de que estos dos grupos parlamentarios desbloqueasen la tramitación, la patata caliente pasaría a la Comisión de Justicia donde la responsabilidad pasaría a manos de su presidenta, la socialista Isabel Rodríguez. Ella tiene la capacidad de convocar los trabajos de una ponencia, donde se discutiría y negociaría el texto a puerta cerrada como trámite previo antes de volver a la Comisión en pleno para ser votado.
Sin embargo, no parece que nadie esté interesado en mantener vivo este debate con la presión social que han despertado casos tan terribles como los de Gabriel Cruz o Diana Quer. En esta comisión la batuta la tendría el PSOE. Una batuta que, sin embargo, podría abrasarle la mano y ser un lastre en la precampaña ya lanzada de Pedro Sánchez.
Tercera: las cosas de Palacio van despacio
La tramitación parlamentaria de la última reforma del Código Penal en 2015 duró casi un año y medio. En esta ocasión podría convertirse de nuevo en una caja de pandora mediante la introducción de todo tipo de reformas, retrasando y desvirtuando así el debate, una técnica bastante socorrida a nivel político.
Si se llegara a aprobar en el Congreso, la iniciativa tiene que ir al Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular vetaría su aprobación, devolviéndolo al Congreso de nuevo, donde para levantar el veto es precisa mayoría absoluta o mayoría simple dos meses después.
Con estos plazos tan dilatados, en medio de la legislatura más inestable de las ultimas décadas, en la que hasta el momento tan sólo se han aprobado 7 Proposiciones de Ley de los Grupos, podemos afirmar con toda probabilidad que, salvo que el Constitucional la eche abajo, la prisión permanente revisable continuará en vigor… y los que están dentro lo saben.
