Hace pocos años, los economistas Josep Pijoan, Roberto Ramos, Enrique Moral Benito y Manuel García Santana realizaron un trabajo interesantísimo sobre productividad y empresas en España. Se preguntaban las razones por las que la productividad no había crecido en los últimos años en nuestro país y, en un trabajo casi detectivesco, encontraron sospechosos.

El principal resultado que lograron fue el de asociar y vincular la escasa subida de la productividad a un indicador sobre “dependencia” del sector público. Básicamente la idea venía a decir que las empresas españolas mostraban una importante y relevante dispersión en productividades que no resultaba “natural”. Las dispersiones como las mostradas deberían corregirse en un mercado más o menos competitivo. Sin embargo, la productividad dentro de un mismo sector se “dispersaba” con el tiempo, lo que daba a entender que empresas con poca perspectiva de futuro - si asumimos que eso es lo que le pasa a las empresas poco productivas- se mantenían con “vida”. Al final, esta “supervivencia” podría explicar un menor crecimiento de la productividad media y, con ello, muchos posibles males actuales de nuestra economía.

Pero lo mejor estaba por venir. Los autores se preguntaron qué podría explicar este peor desempeño e identificaron una posible razón: el acomodo a la sombra de lo público. Que estos autores encontraran una relación directa entre el pobre aumento de la productividad y el apoyo al sector por contratos y subvenciones públicos podría ser muy relevante.

Estamos posiblemente ante una necesidad de mejora, de elevar el efecto de las ayudas a través de análisis quirúrgicos, de evaluación de lo hecho, pero no de negar sus potenciales beneficios por un mal diseño

Partiendo de esta posibilidad hay varias reflexiones que merecen la pena hacerse. Para empezar, obviamente no podemos afirmar por esta evidencia que la política de apoyo industrial, empresarial o de otro tipo que se realice deba ser eliminada. Estamos posiblemente ante una necesidad de mejora, de elevar el efecto de las ayudas a través de análisis quirúrgicos, de evaluación de lo hecho, pero no de negar sus potenciales beneficios por un mal diseño. Pero dicho esto, debemos además reflexionar sobre varias cuestiones más.

En primer lugar, el peligro de las subvenciones y/o contratos desde la administración a empresas reside en que estas se concedan con claros déficits en la concurrencia competitiva necesaria, de tal modo que no sea óptima la distribución del apoyo público. Esto puede estar en el origen de la evidencia encontrada por estos economistas. Cuando señalo la posible falta o déficit de competencia en el proceso concurrente no denuncio la falta de transparencia o la posible designación a dedo de las ayudas. No. En realidad estoy poniendo el foco en algo más sutil y laborioso de resolver. Lo que debemos entender es que en el ecosistema de las ayudas hay empresas que obviamente están mucho mejor adaptadas. Este hecho implica que la distribución de subvenciones o ayudas no se realiza de forma aleatoria dentro de grupos diferentes de empresas. Por ejemplo, no es desdeñable que la inmensa mayoría de las empresas desconozcan las convocatorias o simplemente le resulte costosa la oportunidad de dedicar recursos y tiempo a acceder a ellas. Por esta razón existen incentivos en la solicitud de ayudas que podría generar autoselección y, con ello, posiblemente mala asignación.

En segundo lugar, también se corre el riesgo de que las ayudas sólo sirvan para financiar una inversión que en gran parte se harían sin este apoyo público. Este riesgo solo implica que la apuesta con fondos públicos es irrelevante desde el punto de vista de los objetivos marcados, aunque supone una transferencia de rentas sin justificación económica ni social alguna.

Convocatorias públicas de contratos

Esto y lo anterior nos llevaría a una conclusión preocupante. Y esta es que las exigencias y las estrategias de ayudas y subvenciones en convocatorias públicas de contratos deben ser en lo máximo posible accesible y competitivo.

La reflexión que estas cuestiones nos merece es en estos momentos, como mínimo, singularmente muy crítica. Nos encaminamos en estos años que se nos vienen encima hacia una intensificación de la apuesta pública por la inversión y la consolidación de un cambio de modelo productivo. Pero, dada esta experiencia, corremos el riesgo de seguir incentivando una parte del tejido productivo que lastraría futuras mejoras de productividad. Por ejemplo, en el Real Decreto Ley 36 del 30 de Diciembre de 2020 se indica cuál debe ser la rentabilidad de los contratos de concesión de obra y servicio. En este caso se fija como referencia la rentabilidad media “en el mercado secundario de la deuda del estado a treinta años incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos”, algo que se antoja limitado y que, obviamente, ahuyentará a las empresas más rentables.

Por ello, debemos asegurarnos que buena parte del dinero que va a ponerse a disposición de las empresas sea realmente para reforzar el buen camino, y no para sostener aquello que ralentiza la mejora del conjunto. Todo el arsenal debe emplearse en reforzar la excelencia empresarial, en proyectos que las hagan mejores, disruptivas, muy productivas y no en sostener mediocres niveles de productividad. Puede sonar duro, pero solo apostando por lo mejor obtendremos lo mejor.

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