Sostuvo Tierno Galván en los albores de nuestra actual democracia, con el cinismo que le caracterizaba, que “los programas políticos están hechos para incumplirlos”. Se podría añadir que con algunos, como luego veremos, es lo mejor que puede suceder; sobre todo aquellos más disparatados.

En los últimos tiempos, dos nuevas circunstancias -distintas pero concurrentes- han venido a dotar de protagonismo a los programas electorales: Rajoy al incumplir sus promesas electorales y abandonar políticamente a sus votantes, fraguó la división de su espacio político y, como consecuencia, perdió votos a raudales; Sánchez, pasó a gobernar merced a un completo cambio copernicano de sus planteamientos electorales, que junto con otras políticas abiertamente contrarias a sus promesas previas, han asociado su figura a la mentira.

En tales decepcionantes circunstancias, es de suponer que los políticos serán más cuidadosos, en adelante, en el cumplimiento de sus programas electorales; por tanto, merece la pena analizarlos, para saber a qué atenernos a la hora de votar el 23J.

Sólo se van a considerar los del PP, PSOE, Vox y Sumar; el resto o bien son independentistas abiertamente contrarios a nuestro orden constitucional, o carecerán de una mínima influencia política.

Llama la atención, que curiosamente, los programas de los partidos de derecha y de izquierda sean absolutamente gemelos en cuanto a la extensión de los mismos en términos de palabras utilizadas: el más parco, Vox con 29.259, seguido del PP con 31,136, para pasar al PSOE con 102.653 y a Sumar con 103.563.

Las izquierdas no solo son mucho más prolíficas – más de tres veces más– sino preocupantes por cuanto su propuestas son típicamente restrictivas de las libertades de los ciudadanos y de los empresarios. Pretenden, claramente, con la excusa de expansionar “sus derechos”, no los clásicos e imperecederos que consagra el Estado de Derecho, que España se asemeje cada vez más a Argentina, Venezuela y Cuba. No hay referencia alguna en sus programas a las experiencias de éxito de las socialdemocracias del norte de Europa, lo que coincide con la ausencia de la Internacional Socialista -que preside Sánchez- de países de referencia como: Reino Unido, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, etc..

Estado de Derecho

Para la izquierda española, la democracia es un sistema de elección de los gobernantes que les otorga plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Se trata de una visión acuñada en forma de volonté générale por Rousseau, que tiene nombre propio: democracia totalitaria. Frente a esta percepción propia de la violenta y fracasada Revolución Francesa, había emergido consuetudinariamente antes en el Reino Unido la verdadera democracia, la liberal, que sometida a la división de poderes y al Estado de Derecho, fue consagrada por la ejemplar constitución de EEUU.

El programa del PSOE sostiene que puesto que según el artículo 1.2 de la Constitución: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido –en contra del artículo 122.3 - por el jefe del partido ganador de las elecciones, que según la práctica política de Sánchez, también podrá –como hizo ilegalmente en dos ocasiones- suspender a su antojo la función legislativa. Esta aberración antidemocrática, que para nuestra vergüenza como país, ha sido cuestionada por la UE, junto con la ocupación política de todo tipo de instituciones del Estado, es de una gravedad extrema; y por sí misma una razón más que suficiente para votar en contra de quienes la postulan: en este caso el PSOE y Sumar.

Afortunadamente, el PP hizo público el pasado mes de enero un manifiesto, titulado Plan de Calidad Institucional, que -de implantarse- regeneraría nuestra democracia mediante su sometimiento al Estado de Derecho, en contra de lo que defiende la izquierda española; alineada con el tercer mundo y alejada de Europa. Aquí, Vox hace planteamientos más radicales y por tanto irrealizables.

Crecimiento económico inclusivo

Es bien sabido por la ciencia económica y es de sentido común, que la creación de riqueza es producida por la función empresarial; y consecuentemente, cuantos menos obstáculos encuentre en su desempeño más actividades económicas y puestos de trabajo generará.

Los gobiernos socialistas del siglo XXI han sido responsables de la interrupción estructural del crecimiento económico y del empleo, algo inaudito en la historia contemporánea de España. Y sin embargo, las izquierdas anuncian -mágicamente– crecimiento económico y del empleo en sus programas; que no hacen sino oponer, en todas las direcciones, aún más obstáculos contra las libres actividades empresariales mientras prometen la creación de más funcionarios financiados con deuda pública.

Los partidos de derechas no muestran, como es natural, menosprecio de la función empresarial, pero no son suficientemente defensores de la misma, ya sea por razones proteccionistas -Vox- como por no afrontar, más allá de la bienvenida “mochila austriaca” del PP, una necesaria reforma de nuestro obsoleto y retrógrado marco de relaciones laborales de origen franquista empeorado por los socialistas.

Sector público

En materia impositiva, ningún programa electoral aborda la necesaria reforma estructural de los ingresos fiscales. Los partidos de izquierda siguen obcecados con aumentar los impuestos, no por la vía de extender gracias al crecimiento económico la base impositiva, sino aumentando los tipos a la población trabajadora, que dicen defender y sin embargo persiguen implacablemente. Los de derechas aciertan con la extinción de los impuestos al patrimonio y las sucesiones, amén de alguna rebaja selectiva de ciertas rentas –caso del PP- y un cambio copernicano –por parte de Vox– tratando de imitar, demasiado simplistamente, el modelo de éxito de Irlanda.

Se echa en falta en todos los programas otra reforma esencial: reintegrar a la Agencia Tributaria en el Estado de Derecho que hace tiempo -con el PSOE y el PP- ha abandonado

Ningún partido aborda lo más importante: una reforma en profundidad de nuestra estructura fiscal -ampliamente recomendada por los más solventes especialistas, incluidos socialdemócratas serios- que rebaje los impuestos directos, en particular al trabajo y al ahorro para propiciar el crecimiento económico y del empleo y suba razonablemente los indirectos al consumo, los medioambientales y ciertas tasas fiscales. Aquí el PSOE sostiene el disparate de bajarlos, acusando a la derecha de haber subido el IVA.

Se echa en falta en todos los programas otra reforma esencial: reintegrar a la Agencia Tributaria, constituida en cuarto poder político con tribunales propios, en el Estado de Derecho que hace tiempo -con el PSOE y el PP- ha abandonado.

En cuanto al gasto público, los partidos de izquierdas -al estilo argentino- no plantean freno alguno a su alocada expansión, e incluso tienen el descaro -programa del PSOE– de apostar por las nuevas generaciones, mientras las dotan de una creciente e impagable deuda que las empobrecerán. Tampoco los de derechas afrontan seriamente las reformas, que como la sueca, han conseguido embridar con éxito las principales partidas del gasto: sanidad, educación, pensiones y desempleo.

Educación

Tras haberla deteriorado sistemáticamente con legislaciones que la han conducido a resultados cada vez peores, el PSOE predice -por arte de birlibirloque- que si vuelve a gobernar mejorará; sin que medie rectificación alguna de sus errores. Sumar añade, simplemente, que hay que gastar más; se supone que para seguir hundiéndola en la mediocridad.

Las reformas planteadas tanto por el PP como por Vox están bien orientadas; así que es de desear que se apliquen cuanto antes.

Vistos los programas, lo mejor que podría suceder es que las muchas barbaridades social-comunistas -más de doscientas mil palabras– que los detallan, siguiendo la máxima de Tierno Galván no se lleven a cabo; mientras que las promesas más sensatas de los partidos de centro-derecha -esencialmente todas socialdemócratas-, en contra de lo sucedido con Rajoy, se puedan concretar; y de la mano de sus éxitos sigan profundizándose para regresar al Estado de Derecho, el crecimiento económico inclusivo -es decir, con pleno empleo-, cuentas públicas saneadas y la buena educación que el socialismo ha venido desmantelando sin cesar en lo que llevamos de nuevo siglo.

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