Como todo el mundo sabe, soy zamorano, castellanoleonés, español y europeo. Y como español, siento que un pequeño trocito de Cataluña es mío, y nadie puede arrebatarme ese derecho. Me gusta que Cataluña sea España y quiero una Cataluña dentro de España.
Por el contrario, lamento que Cataluña esté gobernada por unos dirigentes que han perdido el sentido común, que se han situado al margen de la ley y que han olvidado, sobre todo, la obligación de cualquier gobernante: solucionar los problemas de los ciudadanos.
Los partidos nacionalistas han dejado de lado la resolución de las preocupaciones cotidianas de los catalanes para recorrer únicamente el camino ilegal soberanista. Insisto, ilegal. Quiero recordar en este punto que afortunadamente ha habido un Gobierno en España que se ha encargado de la situación económica y financiera de Cataluña.
No sólo hemos alzado la voz los partidos constitucionalistas, sino también, entre otros, asociaciones de jueces, profesores de Derecho Constitucional e instituciones europeas.
Mucho se ha dicho y se ha escrito ya sobre la ilegalidad de este referéndum que pretenden celebrar el próximo domingo, 1 de octubre. No voy a repetirlo aquí. No sólo hemos alzado la voz los partidos constitucionalistas, sino también, entre otros, asociaciones de jueces, profesores de Derecho Constitucional e instituciones europeas. El propio Tribunal Constitucional, garante de nuestros derechos, ha suspendido cada uno de los pasos que se han dado desde la Generalitat y desde el Parlament.
España es un Estado de Derecho, aunque algunos lo nieguen; España es una democracia, aunque intenten vulnerarla; y en España, nadie está por encima de la ley y todos tenemos la obligación de cumplirla, también los políticos de Cataluña.
Resulta sorprendente que algo tan obvio como esto tengamos que repetirlo hasta la saciedad para desenmascarar una consulta claramente ilegal. En resumen y como ha dicho el presidente Rajoy, lo que es España lo deciden todos los españoles, no sólo una parte de ellos.
Con mentiras y con falacias han construido durante años un sentimiento de agravio que se ha demostrado falso, porque ni España les roba, ni España les desprecia, ni España les oprime, ni la independencia es la salida a todos sus problemas.
Se erigen como portavoces de un pueblo deseoso de la independencia, pero lo que no reconocen es que detrás no tienen un pueblo unido, simple y llanamente porque ellos mismos lo han dividido. Han quebrado la convivencia entre catalanes, por un lado, y entre catalanes y el resto de españoles, por otro. Han cometido el imperdonable e irresponsable error de basar su política en el enfrentamiento. Por ello, los partidos constitucionalistas tenemos una obligación ineludible: proteger la convivencia.
Existe una mayoría silenciosa en Cataluña que no quiere la independencia, que no sale a la calle, que no es radical y que apuesta por la concordia. Son ciudadanos abandonados por unas instituciones catalanas que han dado voz sólo a una parte de la ciudadanía, aquella que apoya el sueño épico de la independencia. Esa mayoría silenciosa es víctima de una fractura social promovida por sus gobernantes y siente la presión en la calle, en los colegios de sus hijos o en sus trabajos. Ellos son tan catalanes como los que se manifiestan por la independencia.
Tenemos una democracia sólida y fuerte, con suficientes instrumentos democráticos para responder a un desafío que atenta contra los derechos de los catalanes, pero también contra los derechos de los ciudadanos del resto de España.
Si creían que el Estado se iba a cruzar de brazos, se equivocaron. Tenemos una democracia sólida y fuerte, con suficientes instrumentos democráticos para responder a un desafío que atenta contra los derechos de los catalanes, pero también contra los derechos de los ciudadanos del resto de España. Aunque los nacionalistas pretendan arrinconar el concepto de soberanía nacional recogido en nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, porque es su obligación, se ha puesto en marcha para garantizarlo.
No es más demócrata quien pone urnas en la calle, sin las más mínimas garantías, por cierto. Lo verdaderamente demócrata es respetar nuestra Carta Magna y nuestras leyes, y es defender los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Eso es lo que nos diferencia de una dictadura. En una democracia como España, las cosas no se hacen por las bravas, se hacen respetando los procedimientos democráticos establecidos para cambiar lo que no nos gusta.
Y después del 1-O, ¿qué? Hay una condición que no debemos olvidar: no se puede hacer política sin respetar la ley. Así que, de nuevo, diálogo, claro que sí, pero en el marco de la ley. Esto es lo que llevamos años repitiendo. En España podemos sentarnos a hablar de todo, pero lo que no podemos hacer es dialogar de cómo unos cuantos quieren saltarse la ley en contra de otros.
Lo más importante después del próximo domingo es saber aprovechar la oportunidad que tenemos para acabar con la confrontación y con la frustración generada, a base de mentiras, por los actuales gobernantes de Cataluña. Los catalanes no se merecen vivir en esta tensión y esta confrontación. Se merecen unos nuevos gobernantes que apuesten por la convivencia y por su bienestar.
*Fernando Martínez-Maillo es Coordinador General del Partido Popular
