Los sectores más reaccionarios de la sociedad catalana se han puesto en marcha para, a través de la intimidación y las amenazas, no solo tratar de impedir que el niño de cinco años y su familia puedan ejercer su derecho constitucional a recibir al menos el 25% de las asignaturas en castellano sino, sobre todo, para avisar a posibles futuros navegantes. Es decir, como la mafia, el nacionalismo catalán amenaza al niño y a sus padres para que a nadie más se le ocurra reivindicar y ejercer sus derechos; y para que sepan lo que les espera a quienes osen atreverse a hacerlo. Así se las gastan los talibanes de la lengua.
Hace escasos días, el Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justica de dicha comunidad que obligaba a “garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso” (STSJC 8675/2020). Conocida la resolución, el Gobierno autonómico anunció que no la cumpliría y que, en caso de que alguna familia solicitara su aplicación, haría caso omiso.
La portavoz del Gobierno de España se ha ofrecido a colaborar para detener las amenazas, no con los hostigados sino con aquellos que están profiriendo las amenazas
Y así, tras la petición de que se cumpla la sentencia por parte de una primera familia, cuyo hijo se encuentra escolarizado en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), tanto el Gobierno catalán como la parte de la sociedad catalana que apoya sus desvaríos lingüísticos, se han puesto manos a la obra para impedirlo. Para empeorar la situación y llevar a la desesperación a los no nacionalistas de Cataluña que llevan años desamparados por el Estado y gobernados por miserables, a esta hora la ministra de Educación no ha dicho una palabra, la portavoz del Gobierno de España se ha ofrecido a colaborar para detener las amenazas… con los que están amenazando a la familia y el Defensor del Pueblo ha practicado el malabarismo lingüístico para, cómo no, pudiendo decir tanto, no decir nada.
Estos hechos, que indignan a cualquier persona decente, están nuevamente mostrando el verdadero rostro del nacionalismo: una ideología profundamente reaccionaria que, en su versión más radical, es incompatible con los principios fundamentales de la democracia.
Para ellos, la de la lengua es una batalla muy relevante. Desde que se pusiera en marcha la inmersión lingüística en Cataluña, su objetivo ha sido el de borrar la lengua castellana de la escuela pública, ayudar al adoctrinamiento de la juventud y, en última instancia, hacer comunidad, es decir, crear y reivindicarse como pueblo soberano, ejercer el inexistente derecho a la autodeterminación e independizarse del resto de España. Y mientras el Gobierno de Cataluña ponía en marcha toda una estrategia perfectamente diseñada y financiada con dinero público (o sea, con el dinero del conjunto de los ciudadanos españoles) para lograr sus objetivos con el apoyo explícito e incluso la iniciativa de los que supuestamente no son nacionalistas pero en la práctica se comportan como si lo fueran (o sea, el PSC), el Gobierno de España miraba a las musarañas, incapaz, ignorante e indolente.
Tendremos nuevamente que repetirlo. Las lenguas no tienen derechos, son los ciudadanos los que los tienen. No existe el derecho de ninguna lengua a promover hablantes forzosos que la perpetúen. Las lenguas son para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas.
Imponer el catalán, hacer desaparecer el castellano en su comunidad, levantar una frontera entre conciudadanos y extranjerizar a millones de personas
Lo que está ocurriendo en Cataluña es inaceptable. Y demuestra el racismo ideológico del nacionalismo, dispuesto incluso a acosar a un niño de cinco años y su familia para lograr sus objetivos: imponer el catalán, hacer desaparecer el castellano en su comunidad, levantar una frontera entre conciudadanos y extranjerizar a millones de personas. El fondo es la ideología nacionalista; el hostigamiento al niño y el apartheid del discrepante, una consecuencia de su ideología.
La inmersión lingüística obligatoria es un mal invento que coarta la libertad individual y perjudica especialmente a los ciudadanos más desfavorecidos. Y la izquierda oficial y parlamentaria, en lugar de proteger los derechos especialmente de la gente más vulnerable y desnudar las bases ideológicas profundamente reaccionarias y racistas que sustentan cualquier nacionalismo, o está a por uvas o, directamente, lo abraza.
Es ciertamente una anomalía democrática que en una parte de España no se pueda estudiar en español… pero a este punto hemos llegado. O, mejor dicho, nos han traído. Y no digo estudiar el español, aprenderlo o manejarlo con soltura sino estudiar en español. Y el 25% es poca cosa. Es un derecho constitucional del que gozan y del que disponen todos los ciudadanos españoles. Ni todos los rufianes del mundo van a impedirlo. Lo urgente es impedir que el niño siga siendo acosado. Lo decisivo es ir al fondo de la cuestión: a la deslegitimación total de la ideología nacionalista. Para acabar con todos los acosos y haya democracia plena en Cataluña.
