El Gobierno de España lleva años más preocupado de maquillar y disimular los problemas económicos que arrastra nuestro país que de solucionarlos.
España fue el país que más cayó durante la pandemia del Covid-19 y el que peor recuperación tuvo. Culpa de nuestra excesiva dependencia del sector turístico. Como si países como Portugal, Italia o Grecia no hubieran existido durante la pandemia o, en su defecto, no tuvieran una estructura económica con gran peso de este mismo sector.
Hemos decidido maquillar con fijos discontinuos la mayor tasa de paro de Europa, también la peor evolución del mercado laboral, y hemos mirado para otro lado cada vez que alguien advertía de que, incluso con las mejores condiciones de financiación de la historia, la partida de deuda pública viene siendo la cuarta más importante de los presupuestos generales del Estado en los últimos años.
Y hemos decidido maquillar el enorme problema con la inflación que arrastramos desde hace meses. España ha sido uno de los países donde antes apareció este fenómeno. De hecho, seguimos teniendo una de las mayores tasas de entre las grandes economías europeas. Fue, por supuesto, culpa de Putin y de la invasión en Ucrania. Como si Francia, Italia o Portugal no sufrieran dichas consecuencias (Italia tiene mucha más dependencia del gas ruso y del sector industrial que nosotros) y no presentaran una inflación más reducida que la española.
España es uno de los países más vulnerables de Europa y, además, está dilapidando los fondos europeos, tal y como hemos explicado en esta columna (lean). Seguir buscando el enemigo externo, maquillando los problemas y poniendo parches en ruedas explotadas no sólo no va a solucionar el problema, sino que lo agravará.
Lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España son diagnósticos adecuados. Para el caso concreto de la inflación: es cierto que los precios están subiendo en todas las economías desarrolladas, pero ¿por qué ha aparecido antes, y con más virulencia, en España? Todos hemos tenido problemas a nivel global similares (ruptura de las cadenas de valor, carestía de productos, crisis energética, etc.). ¿Por qué aquí han impactado más? Hay algo que solamente ha hecho el Gobierno de España en toda Europa: subir masivamente los impuestos.
Sánchez ha incendiado la economía española con su incapacidad manifiesta de gestión y ahora pretende apagar el fuego con una subvención de 200 euros, subiendo las pensiones no contributivas y con un impuesto a las eléctricas aún por definir
Desde que Sánchez es presidente del Gobierno en España se han subido el impuesto sobre la renta (no se ha deflactado), las cotizaciones sociales, el IVA, la tasa de matriculación, el impuesto sobre seguros, y un largo etcétera. Por si esto fuera poco, se han aprobado impuestos que pagan los pequeños empresarios como la Tasa Google y otros que dificultan la financiación de las grandes corporaciones como la Tasa Tobin.
Los resultados de esta visión extractiva de la economía son palpables: la peor evolución económica, uno de los déficit más elevados de la UE (el más alto en 2020), la tercera prima de riesgo más elevada… Y eso que la inflación ha venido a rescatar a Hacienda provocando una recaudación récord.
Tiene razón Calviño cuando dice que la bajada del IVA del 21% al 10% en la electricidad ha supuesto una ralentización en el ritmo de crecimiento de los precios. Como tiene razón el Gobierno en su conjunto cuando afirman que reducir el IVA del 10% al 5% va a ayudar a seguir conteniendo la escalada de precios, especialmente a los hogares más vulnerables.
Es por ello que del Consejo de Gobierno del pasado sábado, además de esta medida, deberían haber revertido la colección de subidas salvajes de impuestos y trabas a la libre actividad económica (subida del SMI incluida) que se han aprobado durante los últimos años. Por el contrario, lo que ha salido de ahí es más intervencionismo y una amenaza clara de acabar con un sector clave para la economía española como es el eléctrico.
Sánchez ha incendiado la economía española con su incapacidad manifiesta de gestión y ahora pretende apagar el fuego con una subvención de 200 euros, subiendo las pensiones no contributivas y con un impuesto a las eléctricas aún por definir.
¿Recuerdan el ingreso mínimo vital, que fue una de las medidas estrellas del gobierno? Pues no lo han recibido ni el 50% de sus destinatarios. ¿Y el bono cultural con el que el gobierno quería comprar votos de jóvenes? Miquel Iceta ha dicho esta misma semana que aún no saben cómo lo van a repartir, pero que esperan ponerlo en marcha en julio. Sí, casi 1 año después de que se aprobara.
El cheque de 200 euros que ha aprobado el Consejo de Ministros, además de no solucionar el problema de fondo (la subida de precios) es un nuevo brindis al sol. El Gobierno, una vez más intentando acaparar portadas en lugar de solucionar problemas.
En cuanto a las pensiones, debemos tener en cuenta que su vinculación al IPC supondrá más de 13.000 millones de euros adicionales para 2023. Además, el incremento de los tipos de interés de nuestra deuda supondrá 12.000 millones de euros para que el erario público haga frente a las obligaciones que tenemos por delante, según la AIReF. ¿Un incremento adicional de la factura es lo que necesita España? Y, sobre todo, ¿va a solucionar los problemas que tenemos como país o que tienen los que reciben estas pensiones? Permítanme dudarlo.
La subvención de 20 céntimos por litro a los hidrocarburos, como anticipamos, no ha funcionado, ni va a funcionar en el futuro. Y, por último, el descuento en el precio del transporte público va en la buena dirección, aunque tiene un efecto muy limitado. Los transportes que dependen directamente del Gobierno son escasos (el AVE, por ejemplo), y en el caso de las comunidades autónomas supone una invasión de competencias que tendrá que financiar y veremos si es legal.
Y he decidido dejar para el final el impuesto a las eléctricas. Un nuevo movimiento ideológico del que todo el mundo habla pero nadie sabe cómo ejecutar. Las razones son evidentes: el encaje legal es muy complicado, y muy probablemente echará más leña al fuego de la inflación. Permítanme explicarlo con un ejemplo:
Los terminales mediáticos de la izquierda suelen afirmar que las eléctricas están presentando resultados "históricos". Cojamos los de Iberdrola, la más importante de nuestro país:
- Sólo el 36% de los ingresos y el 45% del beneficio los genera en España.
- En 2020 pagó el 43% de su beneficio antes de impuestos sólo por sociedades.
- Y, agregando todos los impuestos que paga, la factura fiscal asciende a 3.500 millones de euros. De hecho, la propia compañía afirma que el 44% de su beneficio neto se va en impuestos, y que España es el país donde mayor porcentaje destina a este fin.
¿Qué va a ocurrir si se le pone un impuesto a las eléctricas, sea cual sea su forma? Primero, que van a dejar de invertir en España. Todo lo que tengan que destinar a este tributo dejará de ir a nuevas redes o a asegurar el suministro nacional.
Y, en segundo lugar, que la factura de la luz volverá a subir. El principal problema con el sistema eléctrico español es la falta de competencia. El establecimiento de un nuevo impuesto irá directo a la factura. Tanto es así que más del 50% de la factura eléctrica son impuestos, tasas y errores políticos arrastrados.
Esto, por no hablar del correctivo en bolsa que a buen recaudo recibirá el sector y la espantada de inversores que producirá la inseguridad jurídica.
Lo que no ha incluido Sánchez en su decreto, pero sí ha ejecutado, es el control sobre todo lo que depende del sector público: el asalto a Indra, al CIS, al CSIC a la CNMC y CNMC, el posible asalto al INE… La lista de organismos que acercan a España a una república bananera es tan amplio como todo lo que tiene contacto con el Gobierno de la Nación.
Eso se paga, y especialmente los más desfavorecidos. Las políticas buenistas socialistas fracasan cuando se acaba el dinero de otros, y la confianza es siempre lo primero que se pierde.
Ya saben: ahora el problema lo arreglamos con un impuesto a las eléctricas y dando subvenciones a "los más desfavorecidos". Después, nacionalizando las empresas de telecomunicaciones (por poner un ejemplo) y dando otro cheque "a quienes pierden su empleo". Y así hasta que todas las cifras salgan bonitas mientras la gente pasa hambre en las calles.
El ejemplo de que hay otra manera de hacer las cosas está en la Comunidad de Madrid: una región que crece 3 veces más que la media nacional, que es la que más empleo crea desde que en septiembre de 2020 las administraciones regionales asumieran las riendas de la pandemia, que ha registrado superávit público en 2020 y 2021… y que tiene una de las tasas de inflación más bajas de España.
Las razones son históricas, pero se resumen muy bien en los últimos movimientos de Ayuso: reducción de medio punto en todos los tramos del IRPF, eliminación de todos los impuestos propios, congelar todos los precios públicos y algunos bajarlos, y anunciar la deflactación del IRPF (acomodar este impuesto a la inflación) para 2023.
Las comparaciones son odiosas.
Ya saben, cuando España deje de tener acceso a los mercados financieros, una prima de riesgo disparada y no pueda pagar a sus funcionarios y pensionistas, la culpa será del BCE y de Europa, pero no de una política de gasto descontrolado y políticas equivocadas que han machacado sistemáticamente nuestro sistema productivo.
Los regímenes socialistas y comunistas siempre acaban igual.
Tony010
Ya lo vimos con Tsipras - el Pablo Iglesias heleno - en Grecia hace 10 años, cuando nos rescaten se sacarán de la manga un referendum que ganarán por amplia mayoría, nos aplicarán un corralito terapéutico y se acabó la fiesta. No ha habido pueblo más ignorante y pánfilo que el español, donde su educación financiera brilla por su ausencia, y lo único importante es el derecho al aborto.