El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE lo ha avanzado. Por si no fuera ya suficientemente escandaloso la concesión del indulto a los separatistas catalanes que delinquieron gravemente, librándoles así del cumplimiento de su condena de privación de libertad, Pedro Sánchez está dispuesto a perdonar también a los sediciosos la devolución del dinero público que malversaron.
En efecto, el procedimiento de enjuiciamiento por responsabilidad contable que se sigue en el Tribunal de Cuentas en ejercicio de la función jurisdiccional del alto organismo es, según José Luis Ábalos, “una piedra en el camino” que “habrá que desempedrar”. Así, el PSOE y el Gobierno se muestran dispuestos a que ninguno de los delincuentes separatistas que utilizaron ilegalmente dinero público para financiar los actos delictivos que realizaron, tenga que asumir el reintegro a la Hacienda Pública de lo sustraído ilegalmente a las arcas del Estado.
Sentirse robado
No nos engañemos. Llevar a puerto la fechoría anunciada por el Gobierno, supondría validar que los impuestos que pagamos puedan utilizarse impunemente para la comisión de delitos. No cabe mayor tropelía, no es factible mayor atropello, no existe mayor desarme ético para la aplicación del sistema tributario. ¿Con qué cara va a seguir exigiéndonos el Gobierno que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales? Admitido que un gobernante pueda utilizar ilegalmente los recursos que nos han sido detraídos fiscalmente ¿Qué español va a pagar sus impuestos sin el sentimiento de estar siendo robado?
Pero es que, además, para “desempedrar el camino” por utilizar los burdos términos empleados por el ministro de Pedro Sánchez, el Gobierno tendría que violentar el funcionamiento y las competencias del Tribunal del Cuentas, “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público”, según reza el artículo Uno de la Ley Orgánica 2/1982.
Función de enjuiciamiento
Es así dado que según el artículo Quinto de la ley reseñada “el Tribunal de Cuentas ejercerá sus funciones con plena independencia …”, independencia que el Gobierno se manifiesta dispuesto a violentar, pues no puede "desempedrarse" el camino (Ábalos dixit) sin interferir en el ejercicio de la función de enjuiciamiento que le compete al Tribunal.
Lanzada la andanada "avaladora", resulta de interés exponer primero lo que debiera suceder a partir de ahora e imaginar después lo que realmente sucederá. Sería lógico que el pleno del Tribunal de Cuentas emitiera un comunicado aprobado por unanimidad reivindicando la independencia del organismo en su funcionamiento y en sus decisiones. Probablemente no sucederá. Sería conveniente que una o varias asociaciones de contribuyentes manifestaran su rechazo a una utilización indebida del dinero obtenido con los impuestos pagados. Con toda seguridad, no lo veremos. La probable inexistencia del comunicado reseñado y la segura ausencia de la manifestación citada dejarán al descubierto de manera patente los déficits de nuestro Estado y de nuestra sociedad.
No obstante, quiero pensar -y así lo pienso- que los consejeros del Tribunal que conforman su Sección de Enjuiciamiento ejercerán su función jurisdiccional con la independencia a la que están obligados. Quiero considerar -y así lo considero- que ni su adscripción ideológica, ni la próxima renovación de sus cargos en sede parlamentaria, favorecerán que sus decisiones resulten permeables a las aviesas intenciones avanzadas por el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE. Quiero desear -y así lo deseo- que, por esta vez, la desfachatada pretensión socialista no va a triunfar. A fin de cuentas, y en esta ocasión nunca mejor dicho, no somos Venezuela ¿o sí?
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