El mundo despide a sus muertos por coronavirus. En España despedimos también a nuestro Estado de Derecho. No sólo hemos enterrado a padres, hermanos, hijos o amigos, también a los contrapoderes que nos protegen de la arbitrariedad del gobernante transformado en tirano. Al menos los segundos han tenido en los indultos a los líderes procesistas un digno funeral, ya que la mayoría de nuestros muertos partieron sin que pudiéramos honrarles.
Muchos todavía se niegan a admitir que la pandemia ha servido al sanchismo para aplicar la política de tierra quemada sobre nuestras instituciones contramayoritarias. La neutralidad y la independencia están siendo destruidas, aniquiladas. Sobre las cenizas aún calientes de lo que la España del 78 pudo llegar a ser y no fue, el presidente sienta las bases de un nuevo régimen. El socialismo se ha hecho con la patente de los principios y las bases sobre las que habrán de construirse los nuevos consensos, que ya no serán fruto de la confluencia de opiniones diversas, sino doctrina e instrucciones emanadas de los respectivos comités.
Quizá sea simplemente porque nunca concibieron que su libertad les pertenece, siempre la asumieron como una dádiva gubernamental
La oposición o no se entera o no se quiere enterar. Pero es que los españoles tampoco. Es cierto que la pandemia nos obligó a renunciar temporalmente a nosotros mismos, pero muchos no parecen tener interés en recuperar aquello que, en nombre de la seguridad y de la salud, un aciago día entregaron al Estado. Quizá sea simplemente porque nunca concibieron que su libertad les pertenece, siempre la asumieron como una dádiva gubernamental. Esto explicaría la indiferencia que producen en nuestra sociedad los atropellos y arbitrariedades contra los derechos y libertades fundamentales que nuestro Gobierno ha cometido, sigue cometiendo y cometerá en nombre de la salud. No sólo se soslayan, sino que incluso se jalean. Ha calado entre nosotros que salud y ley son incompatibles y que, en nombre de la primera, cabe disculpar la vulneración de la segunda. Da igual lo que establezcan las normas o sentencien los tribunales a posteriori: lo hecho para mantenernos a salvo, bien hecho estará.
Cumplimiento de la legalidad
La ignorancia es confortable y por eso nos la autoimponemos. Es mejor no preguntarse si el confinamiento de unos menores ordenado por un gobierno autonómico se ha efectuado con todas la garantías -autorización judicial- y con cumplimiento estricto de la legalidad. Eso nos exige un esfuerzo por conocer la norma y el sentido de la misma. Nos puede la vagancia, ámbito en el que siempre triunfa la máxima de “el fin justifica los medios”. Esto es: da igual cómo se haga porque lo importante es hacerlo. Mas yo les digo y les repito, por activa y por pasiva, que NO. Porque las formas, los procedimientos y los plazos también nos protegen, no sólo a los afectados por una medida concreta sino a todos los ciudadanos. Porque si existe una forma correcta de hacerlo, la elección de recurrir a la mala por parte de quienes detentan el poder no es baladí: quieren convertir lo excepcional en hábito para que de esa costumbre acabe naciendo la ley, que esta vez no será democrática.
Basta ya de justificar la arbitrariedad en nombre de la voluntad de las mayorías. La virtud democrática de un acto o de una norma no la condiciona únicamente su origen, sino también su contenido, esto es, su respeto a los derechos y libertades del hombre. Hemos de entender que el poder sin cortapisas sólo procura por su propio beneficio, jamás el ajeno. Y la consecución de aquel siempre se enmascara tras nobles fines: un día es la salud pública, al siguiente es la convivencia o la concordia y al otro es la seguridad. La tiranía moderna florece tras el parapeto de las más bellas excusas.
