"Ha sido como un bálsamo", dicen desde la comunidad autónoma sobre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Teruel contra la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado el derecho de los trabajadores al no facilitarles equipos de protección individual (EPI) durante la lucha contra la pandemia del coronavirus. Una batalla que los sanitarios mantienen: se quejan de que a día de hoy en los hospitales aragoneses siguen con falta de material y tienen que lavar y reciclar las batas para seguir usándolas.
"Lo hemos pasado muy mal. Desde antes de declararse el estado de alarma no teníamos de nada, lo que había eran los equipos que quedaban de cuando fue la crisis del ébola y ya caducados", resume a Vozpópuli Merche Ortín, secretaria general autonómica de Cemsatse cuando este digital le pide una valoración sobre la primera condena contra una administración pública por su forma de actuar durante la emergencia sanitaria.
En la sentencia la juez ha concluido que "encontrándonos ante una pandemia por el virus denominado covid-19, [las administraciones] son las encargadas de prevenir el riesgo de contagio y, una vez previsto, adoptar medios para proteger a sus empleados y trabajadores y que no se vean afectados en su integridad física y salud, ni incluso su vida". La magistrada centró el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales.
El fallo, dictado el 3 de junio, se produce tras la denuncia presentada por la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET). La entidad aseguraba no disponer de los equipos de protección individual necesarios para hacer frente a sus labores en el marco de la crisis sanitaria.
Material con fecha de caducidad
Merche Ortín se remite al inicio de la pandemia. "Lo detectamos ya antes de esa manifestación del 8-M, de ese fin de semana, que fue cuando fue el punto de inflexión empezamos a preguntar a todos los compañeros, delegados sindicales, que fueran a los centros y preguntaran qué dotación de equipos había", explica.
Aquella dotación, justo antes del decreto de alarma, prosigue Ortín "era exigua, contadita. Con lo que sobró del ébola que, en muchos casos, depende qué material, ya estaba con fecha de caducidad. Es cierto que los monos se pudieron aprovechar. No se hizo ningún tipo de previsión".
"El 10 de marzo, casi en el minuto cero, hubo una reunión con la consejera donde vino a decir que aquí iban a enfermar cuatro o cinco y punto pelota", señalan desde CEMSATSE
En aquellos días, ya los sindicatos médicos comenzaron a decir al Departamento de Sanidad que no tenían equipos, explica la secretaria general autonómica de Cemsatse y "que por favor se pusieran las pilas porque ya veíamos como estaban las cosas en Italia". Pese a ello, sigue, "el 10 de marzo, casi en el minuto cero, hubo un consejo de salud donde vino la consejera (entonces era Pilar Ventura, que después dimitió) a decir que aquí iban a enfermar cuatro o cinco y punto pelota. La semana siguiente se decretó el estado de alarma".
Aportaron pruebas de que se podía haber previsto
En la sentencia, indica Ortín, el Gobierno aragonés "viene a decir que fue una fuerza mayor y que era imprevisible la dotación de material de protección y la magistrada dice que no. Porque nosotros aportamos pruebas de todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de todas la cartas que empezamos a mandar a los sindicatos médicos pasadas por registro, que tenemos un tomo entero, de que aquello ya se podía prever".
La médico dice que valoran positivamente el fallo porque la magistrada les da la razón a la hora de señalar que se podía haber previsto que los sanitarios contaran con equipos de protección. Por otro lado, prosigue, la jueza refleja también el reconocimiento de que se ha lesionado el derecho a la protección de la salud del personal sanitario y, en un paso más allá, y admite que se ha podido poner en peligro la salud y la integridad de los pacientes a los que han podido atender estos profesionales sanitarios.
"Estábamos hartos de estar hartos. Esto ha sido agotador, física y emocionalmente", asegura Ortín
Las demandas presentadas por los sanitarios, señala Merche Ortín, se produjeron tras insistentes reclamaciones para que les dotaran de los EPIs necesarios para hacer frente a la pandemia. La entrega de material ya se había ordenado en las medidas cautelares previas al juicio, tras la denuncia de FASAMET. El Gobierno de Aragón, que encabeza el socialista Javier Lambán, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia que, por otro lado, sienta precedente para otros procedimientos similares interpuestos por toda España.
"Estábamos hartos de estar hartos. Esto ha sido agotador, física y emocionalmente", asegura Ortín. "Yo me he sentido afortunada porque no me tocó estar en primera línea, pero todos los días mis compañeros del 061, de los centros de salud, de los hospitales diciéndome lo que les faltaba: Hemos estado sobreviviendo gracias a las mascarillas que nos cosían de forma solidaria. La falta de material ha sido y sigue siendo una constante", sentencia.
Batas que se lavan y se marcan
Desde CESM Aragón explican a este digital que, todavía a día de hoy, siguen faltando batas en los hospitales de la comunidad. "En el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, las lavan y les hacen una marca para saber los lavados; en Huesca están con batas lavables y en Teruel, llevan las batas durante una semana, que luego se reciclan", indican las mismas fuentes.
Merche Ortín añade un dato. Como delegada de prevención de riesgos del 061, el pasado martes tuvieron una reunión y sus compañeros les trasladaron que los EPIs que tienen no son los adecuados. "Lo que ha habido cuando ha habido, hubo que lavarlo, relavarlo y reciclarlo. Con un rotulador se van marcando los lavados. Estirando al máximo. Y esto no debería ser. Si esta es la realidad, que el Gobierno tenga un poco de humildad y empatía y lo reconozca", señala.
La falta de equipos de protección también costó la dimisión, el pasado 12 de mayo, de la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Pilar Ventura. La consejera fue reprobada por los sindicatos y por los colegios profesionales del sector tras unas declaraciones en las que llegó a afirmar que para los sanitarios había supuesto "un estímulo" tener que hacerse batas y mascarillas caseras. La sustituye en el cargo la ginecóloga Sira Repollés.
