La sanidad privada española ha hecho números sobre lo que le ha costado la pandemia del coronavirus y las cuentas les sitúan "al borde de la quiebra asistencial y financiera". Acusan al Gobierno, al que desde hace tres meses vienen pidiendo ayudas, de "abandono". Piden que se les compense por los pacientes derivados de la sanidad pública y lo que han dejado de ingresar por atender a sus pacientes. Aseguran que, sólo en la compra de equipamiento, respiradores o adecuando instalaciones, han invertido más de 13,5 millones de euros. La situación, aseguran, es crítica para 2.400 pequeñas clínicas que, finalizado el estado de alarma, se verán abocadas al cierre.
Para visualizarlo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) -que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados- ha hecho público un estudio donde analiza su actividad y el impacto de la pandemia en facturación, empleo, costes de aprovisionamiento e inversiones durante durante marzo y abril, los meses más críticos de la crisis sanitaria en España.
El estudio se realizó sobre una muestra de 124 centros sanitarios que suponen el 27% de los hospitales privados y el 24% de las camas privadas en este tipo de centros sanitarios. Una muestra, señalan, "suficientemente representativa para establecer el impacto consecuente que ha tenido la covid-19 en el sector empresarial de la provisión sanitaria".
Más de 19.000 pacientes con la covid-19 atendidos en los privados
Las primeras cifras ponen en valor su asistencia a pacientes, los suyos y los derivados de la sanidad pública. El estudio indica que, según los datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, el 42% de los hospitales generales privados asumieron durante los meses de marzo y abril el 16% (19.289) de los ingresos de pacientes diagnosticados o con sospecha de covid-19 y el 14% (1.536) de los ingresos en UCI.
Sobre ese estudio, la Fundación IDIS, que preside el doctor Juan Abarca, a su vez cabeza de HM Hospitales, hecho pública hoy una edición especial del informe 'Sanidad Privada, aportando valor' en la que desgrana algunos de los principales indicaros de la atención del sector durante la pandemia desde cuatro enfoques: el asistencial, el asegurador, el de la industria farmacéutica y el de la tecnología sanitaria.
Tres meses esperando ayuda del Gobierno
ASPE dice, vía comunicado, que lleva tres meses pidiendo al Gobierno ayudas y compensaciones "para paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia de salud pública". Pero, el Ministerio de Sanidad, señala, no da respuesta a sus reclamaciones.
Aseguran que el titular de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió a principios de junio en una reunión con el presidente de la patronal, Carlos Rus, a dar una respuesta en diez días a las medidas específicas para dotar de liquidez y fiscales: "compensaciones por la atención de pacientes derivados de la pública y por la puesta a disposición de recursos asistenciales bajo el mando único sanitario y las consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos". También un IVA superreducido sobre compras de equipo y suministros sanitarios.
Cataluña, señalan, es la única comunidad con la que han alcanzado un acuerdo de compensación "por cada paciente y recurso empleado"
En la misma reunión, la sanidad privada pidió ser considerada de forma previa "en los criterios de reparto que fijaría el real decreto del fondo autonómico sanitario de 9.000 millones de euros". Pero, reseñan, una vez publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo Covid-19, han constatado "la ausencia de avances y la única vía de liquidez proviene de la facultad de los gobiernos regionales de facilitar ayudas al sector".
Cataluña, señalan, es la única comunidad con la que han alcanzado un acuerdo de compensación "por cada paciente y recurso empleado".Con el resto de regiones, siguen negociando. Las conversaciones, precisa ASPE, avanzan, "con distinto grado de progreso", con los gobiernos de Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y Valencia.
Ayudas al Gobierno para paliar la crisis económica
Desde hace tres meses, el sector -que da trabajo a 266.000 personas y representa el 3,4% del PIB, precisan- viene pidiendo al Gobierno ayudas y compensaciones para "paliar el deterioro económico" que, dicen, les ha provocado la crisis. El riesgo, señalan en un comunicado, "se ha agudizado" con el fin estado de alarma: suspensión de pagos, concursos y cierres de cientos de centros sanitarios "incapaces de asumir gastos corrientes, fundamentalmente pequeñas clínicas", apuntan. La patronal estima que, cerca de 2.400 centros sanitarios, pequeñas clínicas, tendrán que cerrar.
El análisis de la patronal indica, en la pandemia y en sus centros, las intervenciones quirúrgicas bajaron un 83%; las pruebas diagnósticas un 79% o las consultas un 67%
La situación, insisten, es crítica sobre todo para pequeñas clínicas que se verán abocadas a echar el cierre. Dibujan un panorama de centros que "han tenido que estar abiertos como actividad esencial, sin pacientes por el confinamiento, con una caída abismal de ingresos y sin medidas de reorganización laboral". Ahora, encaran la era postpandemia "con un tercio de las consultas que se registraban previamente al estado de alarma, por el miedo al contagio y por las medidas de seguridad y mejor secuenciación de las visitas".
Por áreas asistenciales, subrayan que todas han visto disminuir su actividad de forma "significativa". Así, el análisis de la patronal indica que las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%; las pruebas diagnósticas un 79% y las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%.
En los centros sin hospitalización su facturación ha descendido durante este periodo, continúan, más de un 85% de media respecto a la actividad ordinaria pre-covid y los centros hospitalarios más de un 60%.
Murcia, La Rioja o Asturias, las más afectadas
Por comunidades autónomas, ASPE señala que varía el impacto de la facturación. Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias las que han sufrido un mayor descenso. En el extremo contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña como las regiones que se han visto menos afectadas por haber tratado a un mayor número de pacientes de covid-19 y porque han facturado la actividad de compañías aseguradoras correspondiente a meses anteriores.
Respecto a esto, los centros sanitarios privados, el informe de la Fundación IDIS, dibuja tres escenarios dependiendo de la región en la que se encontraban y la incidencia de infectados de la misma: unos han sido utilizados como circuito limpio para que la red pública atendiera a los pacientes infectados; otros sólo han atendido pacientes covid por derivación de las mutuas y aseguradoras sin que fuera necesaria la derivación; y otros, en Madrid o Barcelona, han vivido la pandemia con un incremento de hasta el 150% de su capacidad.
En cuanto a la contratación de personal, el 89% de los centros contrataron nuevos profesionales durante la crisis. Según estos datos, de ese porcentaje, un 92% lo hizo para suplir bajas de profesionales por el coronavirus; un 84 % para cubrir bajas por otras causas; un 70 % de los centros porque registró una mayor actividad durante la pandemia y, un 65 %, por otras causas.
Inversiones por el coronavirus
El sector también se queja de lo que ha tenido que invertir en sus centros a causa de la pandemia. Los hospitales que participaron en en el estudio invirtieron más de 13,5 millones de euros y han cancelado o retrasado inversiones previstas antes de la pandemia por un valor estimado de 36,2 millones de euros, según los datos de ASPE.
Esa partida se invirtió, en un 33 % de los casos, en compra de equipamiento; el 28% a la compra de respiradores, el 12% a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades y el 27% restante a otras inversiones El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la covid-19, se ha incrementado un 71% respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. Citan como el "caso más extremo" el de las mascarillas quirúrgicas, cuyo precio se ha incrementado un 1.423% con respecto a diciembre de 2019.
