En apenas una semana, colegios profesionales como el de Madrid podrían desplegar el operativo para realizar test rápidos de antígenos para detectar el coronavirus en las farmacias. Costarían en torno a 30 euros, sin receta, según aventura el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, lo que estarían "muy por debajo", asegura, del precio que cobran en el mercado privado por estas pruebas. Madrid y Cataluña ya han mostrado su posición favorable a que las boticas hagan los test, algo que el Gobierno, por ahora, rechaza. Un supuesto que cuenta, también, con la oposición frontal de la enfermería y provoca recelo en los laboratorios privados.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas llevan meses comprando de forma masiva los test rápidos de antígenos para conocer la incidencia del coronavirus en la población. Este martes, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, anunciaba que quiere que, antes de las Navidades, todos los madrileños puedan realizarse un test gratuito para ir a ver a sus familiares. Insistía, además, en pedir la reunión del Grupo Covid, formado por el Gobierno central y el regional, para abordar la autorización de su venta en farmacias.
En la misma línea, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la Unión Europea que valide como forma de testeo frente al coronavirus que las farmacias puedan realizar las pruebas de antígenos como ya sucede, en nuestro entorno, en Francia, Portugal y el Reino Unido, así como en Estados Unidos, Australia o Canadá. Este miércoles, volverá a pedirlo en el Consejo Interterritorial, que estará presidido por los ministros de Sanidad y Política Territorial y Función Pública, Salvador Illa y Carolina Darias.
El Ministerio de Sanidad no lo ve claro
Sin embargo, la propuesta no cuenta con el visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). En la rueda de prensa de este lunes, para analizar la evolución de la pandemia, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), advertía de los inconvenientes que puede producir realizar ese tipo de pruebas en las farmacias tras el anuncio de la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, de que están trabajando con las oficinas catalanas para que se puedan realizar.
Simón advertía sobre los problemas que podrían generarse y los riesgos asociados, en aspectos como la toma de muestras o las lecturas de los resultados o quién podría ir a una farmacia a realizarse un test. También llamaba la atención sobre la organización en circuitos en la propia oficina o el riesgo de contagio para los profesionales.
Sin respaldo científico
Desde FEFE, su presidente, Luis de Palacio, rechaza esas objeciones. En conversación con Vozpópuli indica que esas afirmaciones "no tienen respaldo científico detrás, algo que ha demostrado muchas veces Fernando Simón". De Palacio indica que se trata de usar "el sentido común y la responsabilidad política, que aquí hay muy poca", y ese sentido común, añade, dice que hay que hacer "muchas pruebas de antígenos y no sólo en las farmacias".
De Palacio insiste: "Lo que está clarísimo es que el control de la enfermedad pasa por el test de antígenos. Nosotros, desde muy al principio, dijimos que las farmacias eran idóneas para esto y en muchos países ya se está haciendo. Estamos infrautilizados. Eso es un hecho que hemos venido denunciado y esa denuncia ha venido acompañada de propuestas, lo que ha hecho que la opinión pública se posicione a favor -Madrid ha sido la primera comunidad en hacerlo, reseña-, pero también partidos políticos como Ciudadanos, Vox y el PP".
De Palacio recuerda que, actualmente, ya se están haciendo test rápidos a domicilio en la sanidad privada. Por tanto, descarta que el riesgo sea mayor en una oficina de farmacia. "Usted me está poniendo pegas técnicas. Si hay pegas legales, resuélvalas, pero lo que no admito son pegas profesionales. ¿Que nosotros no podemos hacer este tipo de pruebas?. ¡Pero si somos los que más las hemos estudiado y tenemos la infraestructura!", señala.
Infraestructura y formación
La ventaja de las farmacias, incide De Palacio, es que tienen infraestructura. Además, que sus profesionales se están formando para la realización de esas pruebas y que todo se haría con la supervisión de las consejerías de sanidad y con todos los protocolos de seguridad. El presidente de FEFE indica que, en caso de que la AEMPS aprobara la realización de este tipo de test, en apenas cinco días podrían desplegarse y cita el caso de colegios profesionales como el de Madrid, que ya lo tendrían todo muy avanzado para comenzar.
Dibuja tres posibles escenarios en aquellas oficinas que cumplieran los requisitos y estuvieran registradas para la realización de pruebas. "Depende de lo que determinen las administraciones. Una, sería un usuario que quiere hacerse la prueba, llama al centro de salud diciéndolo, se la cargan en la receta electrónica y puede ir a una de las farmacias registradas para hacérsela. Esa prueba la paga la administración".
El escenario más liberal
Otro escenario que apunta es que los test sólo se pueden hacer mediante receta médica, ya sea de la sanidad pública o de un médico privado. "Ahí hay desembolso", matiza. El tercer escenario, que es la apuesta del presidente de FEFE, es "manga ancha". Se explica: "Cualquiera que quiera hacerse la prueba, igual que acude ahora a un laboratorio de análisis clínicos, va a una farmacia y se hace la prueba".
En la misma oficina espera el resultado -no más de quince minutos- que la farmacia comunica a la Consejería de Sanidad. "Ese sería el escenario más liberal, el que considero que es más beneficioso, por la rapidez. El canal de productos sanitarios que es capaz de sacarlos en masa a mayor caudal es la farmacia", añade.
¿Cuánto costaría esa prueba?. "En el escenario más liberalizado, frente a lo que tenemos hoy en día, lo que puedo decir es que seguro que mucho menos. Por debajo de 30. Muy por debajo del mercado privado existente por ejemplo en el caso de esos profesionales que van a domicilio, hacen la prueba y cobran por el desplazamiento".
Los precios por un test de antígenos en algunas clínicas privadas, según ha consultado este digital, se sitúan en torno a los 60 euros. Si es un sanitario quien se desplaza al domicilio para realizar la prueba, la tarifa puede subir hasta los 130 euros.
Las razones de las farmacias
Este mismo martes, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), que representa a las 22.000 farmacias existentes en España, daba a conocer un decálogo de razones para que ese tipo de test se realicen también en sus oficinas. Entre otras, que ofrece una garantía de trazabilidad, algo que no se logra restringiendo los test sólo a los centros de salud o clínicas, ni el extremo contrario de que la población se haga el test por su cuenta, apuntan.
Asimismo, desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos indican a Vozpópuli que lo han solicitado en reiteradas ocasiones. Se remiten al "Manifiesto urgente de la profesión farmacéutica: papel de la farmacia en la gestión de la lucha frente a la covid-19", del pasado septiembre, en el que solicitaban, entre otros aspectos, su participación en las estrategias y programas puestos en marcha para el cribado, prevención y detección precoz de casos de covid-19 y la realización de test con procedimientos enmarcados en protocolos de actuación definidos por las autoridades sanitarias.
"Básicamente nosotros creemos que se puede hacer bien, con una estrategia de salud pública definida de las autoridades sanitarias que incluya un protocolo y con registro de datos epidemiológicos, como siempre hemos ofrecido. En Ourense se está demostrando que sí se puede hacer, en los primeros 15 días y en solo 51 farmacias se hicieron 6.000 test", señalan desde el organismo en relación a la experiencia de la ciudad gallega.
La enfermería, en contra
La iniciativa de los farmacéuticos españoles cuenta con la oposición frontal de la enfermería. La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, considera que hacer esas pruebas es una actividad sanitaria asistencial que deben realizar, en todo caso, las enfermeras, enfermeros u otros profesionales sanitarios cualificados.
Desde SEFAR, en su decálogo de razones para defender su posición, subrayan que la licenciatura/grado en Farmacia capacita a los farmacéuticos para la realización de estos test y otros más complejos, de acuerdo con las competencias que se adquieren en las enseñanzas de grado. Eso sí, coinciden con otras sociedades científicas en la importancia de que los farmacéuticos que quieran colaborar en la realización de este tipo de pruebas estén correctamente formados.
Los laboratorios privados, expectantes
Por otro lado, la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio de Análisis Clínico (ANLAC) volvía a remarcar esta semana su inquietud por preservar las garantías de fiabilidad y de seguridad en la realización de las diferentes pruebas de diagnóstico de coronavirus que actualmente están en el mercado. Así, indican que se ha trasladado esa inquietud tanto al Ministerio de Sanidad como a las consejerías, que les ha contestado que, por ahora, esas pruebas no se pueden hacer en las farmacias.
ANLAC ha vuelto a reiterar su recelo en torno a los test rápidos de antígenos. Indican que presentan como ventaja la inmediatez en el resultado, pero "cuentan con un bajo grado de fiabilidad en pacientes con poca carga vírica (asintomáticos, en los primeros días de la infección o que hayan transcurrido más de cinco días desde la aparición de síntomas). Su utilización de forma indiscriminada, repiten desde esta asociación, "incrementa el riesgo de obtener conclusiones equivocadas".
