Un juzgado de instrucción de Murcia ha autorizado la hospitalización obligatoria de un enfermo diagnosticado de coronavirus que se negaba a ello y que había sido solicitada por el director gerente de un área de salud.
La resolución judicial confirma el ingreso involuntario de este paciente y añade que la administración sanitaria podrá acudir a la autoridad gubernativa si su intervención resulta necesaria para cumplir esa medida.
El acuerdo del juzgado de instrucción indica que la actitud del enfermo suponía un problema de salud pública, por lo que los servicios médicos requirieron la autorización de los tribunales para conseguir que ingresara en un hospital aunque fuera de manera obligatoria.
La resolución analiza la situación creada por la pandemia de la Covid-19 y la necesidad de luchar contra la misma para evitar su propagación.
“La medida acordada, cuya ratificación se pide -dice el juzgado-, persigue un fin constitucionalmente legítimo, su adopción se encuentra amparada por una norma de rango legal y es proporcionada porque es idónea y necesaria a los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden, sin implicar un sacrificio desmedido los mismos”.
