El pasado jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció toda una batería de medidas con las que aspira a endurecer la actual ley del tabaco y reducir el número de fumadores en nuestro país. Entre ellas, anunció que está estudiando aumentar los impuestos a las cajetillas de tabaco y ampliar los denominados como 'espacios sin humos' a los coches particulares y espacios deportivos.
No obstante, una de las medidas comentadas por el ministro que ha pasado desapercibida por el público general ha sido que estudia equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y tabaco calentado a la de los cigarrillos convencionales. Es una de las principales peticiones que llevan meses haciendo desde sociedades como SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) que consideran que este tipo de dispositivos es nocivo para la salud y "muy peligroso" ya que su uso es cada vez más común entre los jóvenes.
Lo cierto es que este tipo de dispositivos es el nuevo gran negocio de la industria tabaquera. Los grandes del sector, como British American Tobacco o Phillip Morris, han invertido millones de euros en los últimos años para desarrollar estos nuevos productos, que venden como una alternativa para dejar de fumar o para consumir tabaco de manera "más segura".
A pesar de que la posición de la mayor parte de la comunidad médica española -y del propio Ministerio- es contraria al uso de estos productos, a nivel internacional el debate sobre su uso está muy extendido. Estados Unidos ha estado a punto de prohibirlos, mientras que en Reino Unido son las autoridades sanitarias las que los recomiendan como forma de reducir las tasas de tabaquismo.
Según han confirmado a Vozpópuli fuentes de esta industria, la verdadera preocupación de las tabaqueras radica en la posible equiparación de los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional, más que una posible subida de impuestos a las cajetillas de toda la vida.
¿Pagan impuestos especiales los cigarrillos electrónicos?
Una posición que secunda también Antonio Albarrán, counsel de fiscal del despacho de abogados internacional Baker McKenzie. "Desde el sector saben que van a seguir vendiendo cigarrillos aunque suba el precio", señala el experto legal en una entrevista con Vozpópuli.
¿Qué impuestos pagan para que les preocupe tanto? Según explica Albarrán a este diario, mientras que el tabaco tradicional está sometido a un 21% de IVA y a impuestos especiales debido a que es considerado una "droga legal", los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado no reciben ningún tratamiento especial.
"Desde la perspectiva fiscal, estos nuevos productos sustitutivos del tabaco tributan exactamente igual que el mechero con el que uno se enciende un cigarrillo", señala. Es decir, sólo pagan IVA. El tabaco tradicional, por el contrario, tiene que hacer frente a impuestos especiales derivados de los aranceles y la fiscalidad relacionada con las labores del tabaco.
No obstante, existen diferencias entre los distintos dispositivos sin humo. Mientras que los cigarrillos electrónicos -como MyBlu o JUUL- no tienen impuestos especiales, a IQOS, el dispositivo de tabaco calentado de Phillip Morris, le llegan de refilón. El dispositivo en sí -el aparatito que calienta los denominados como 'hits', pequeños cigarrillos con tabaco especial- tributa igual que si de un móvil de tratase. Los 'hits' no obstante, tributan como el tabaco tradicional pero en su tarifa más baja, ya que son mucho más cortos que los cigarrillos normales.
"Estamos en la parte baja de Europa. Mientras que en Reino Unido un paquete de tabaco cuesta 16 libras, aquí podemos comprar Malboro por menos de cinco euros", señala. Un argumento que utilizó en su comparecencia el propio Illa para justificar su plan de subir el precio a las cajetillas.
Según afirmó, los precios del tabaco en España se encuentran entre los "más bajos" de Europa, con un precio medio de la cajetilla de aproximadamente cinco euros, frente a los 10 euros que tienen en otros países europeos. "Tenemos margen para equipararnos a buena parte de nuestros socios comunitarios", aseveró, al tiempo que apuntó que la reducción del consumo de tabaco, y que un aumento de los precios del 10% permitiría reducir en un 4% el consumo de tabaco en las clases medias y altas, el cual llegaría a un cinco entre los colectivos más desfavorecidos y hasta en un 18 por ciento en el caso de los jóvenes de 14 años.
El sector advierte del "impacto negativo"
Por su parte, la patronal del sector, la Mesa del Tabaco -que agrupa a todos los eslabones de la cadena, desde cultivadores hasta fabricantes, estanqueros y marcas- ha reclamado que las novedades legislativas sean "proporcionadas y basadas en datos", y entre sus argumentos han incidido en el peso económico del sector en España
Según argumentan, creen que una subida de los impuestos podría provocar, a su juicio, un repunte del contrabando. "Un aumento desproporcionado de los impuestos -actualmente el 78 % del precio de la cajetilla corresponde al pago de tasas- puede ocasionar un desvío del consumo legal al mercado negro, como ya ocurrió en España entre 2010 y 2012", han defendido desde la asociación.
Por su parte, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) ha criticado la intención de Sanidad de equiparar legalmente el cigarrillo electrónico al tradicional, y ha pedido "diálogo" tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios. En un comunicado difundido este jueves, la patronal -que agrupa a fabricantes y comercializadores de estos productos, en su mayoría pymes e independientes- ha abogado por iniciar "una nueva etapa de colaboración" entre las Administraciones y el sector.
Insiste en que el vapeo puede contribuir a reducir el número de fumadores, y han recordado que países como Reino Unido, Canadá, Francia o Noruega "reconocen las diferencias entre cigarrillos convencionales y electrónicos y están incluyendo el uso de estos últimos entre las herramientas de reducción del daño".
