Ansiedad y preocupación entre las personas con discapacidad intelectual -casi 300.000 en España- por su turno de vacunación. De ese colectivo, unas 70.000 personas tiene una discapacidad grave y necesitan apoyo constante. La mayoría de quienes viven en residencias -en torno a 30.000- ya han sido vacunados frente a la covid-19. En el aire quedan 40.000 que residen con sus familias, sus cuidadores y que, de momento, no saben cuándo les tocará inmunizarse.

Es una de las reclamaciones que pone sobre la mesa Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, cuando explica a Vozpópuli la situación que atraviesan las personas con discapacidad intelectual con respecto a la campaña de vacunación que arrancó en España el pasado diciembre.

En España hay en torno a 70.000 personas que forman parte del colectivo. Con trastornos de salud mental o conducta, problemas de movilidad, dificultades de comunicación u otras discapacidades asociadas. De esa cifra total, especifica el director de Plena Inclusión, unas 30.000, que viven en centros residenciales, ya han sido vacunadas en la primera fase de la campaña.

Desde Plena Inclusión piden que finalice ya la vacunación en residencias de grandes dependientes y, una vez acabada, se eliminen las restricciones a las salidas y, sobre todo, a las visitas en los centros

A la hora de hacer balance, Galván plantea dos cuestiones: la primera que ese proceso de vacunación en centros residenciales finalice ya -todavía el propio Ministerio y las comunidades autónomas reconocen que no ha acabado, precisa- y que, una vez que todos los residentes estén vacunados, en el caso de los centros para personas con discapacidad intelectual se realice "una eliminación progresiva a las restricciones a las salidas y, sobre todo, a las visitas en los centros".

Vacunación de 40.000 personas

A partir de ahí, el director de Plena Inclusión España plantea las inquietudes del colectivo en la campaña de vacunación. En la Estrategia del Ministerio de Sanidad -en el grupo 4- figuran las personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén institucionalizadas. Una inmunización que ya ha arrancado en las últimas semanas en varias comunidades autónomas.

Recientemente Plena Inclusión Madrid reclamaba acelerar la administración de dosis a aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y profesionales socio sanitarios que, incluidos en los grupos 3 y 4 de la estrategia, siguen sin haber recibido la vacuna, habiéndose iniciado ya el proceso en grupos posteriores. 

"Cuando se habla del grupo 4, grandes dependientes o personas que tienen grado III de dependencia, hay que tener en cuenta a estas personas que necesitan mucho apoyo y tienen derecho a ser vacunadas. Pero para formar parte de ese grupo precisas de un certificado médico que lo reconozca", añade Galván.

Desde Plena Inclusión -formada por 17 federaciones autonómicas (más Ceuta y Melilla)
y casi 900 asociaciones en toda España- están poniendo en marcha medidas de comunicación "para la gente que no tenga el grado III (de dependencia) reconocido, pero que para el día a día, necesitan todo el apoyo, porque al final, se habla de las personas mayores pero se produce cierta invisibilidad de nuestro colectivo".

La preocupación de las familias

Enrique Galván traslada la inquietud y ansiedad que están viviendo muchas familias: "Estamos intentando calmar a la gente, tienen pavor a infectar a quienes cuidan porque, en discapacidad intelectual, ha habido muchos fallecimientos durante la pandemia".

La Estrategia "viene a decir que no se puede ir a lo afinado; que, de toda la población, el criterio que tiene más peso es la edad; pero defendemos otros criterios vinculados a la vulnerabilidad", señala Enrique Galván

Subraya que la Estrategia "viene a decir que no se puede ir a lo afinado; que, de toda la población, el criterio que tiene más peso es la edad; pero nosotros defendemos otros criterios vinculados a la vulnerabilidad. Por ejemplo, en síndrome de Down, hay personas de grado III y otras que no lo tienen, pero en las investigaciones científicas aparece que en este caso, los mayores de 40 años tienen un proceso de envejecimiento más acelerado y deben ser inmunizados".

Cuidadores no profesionales

En el caso de sus cuidadores, la estrategia determina que, de manera específica, las personas que realizan un trabajo proporcionando cuidados estrechos a personas de poblaciones de riesgo en sus hogares (mayores, personas dependientes, enfermos, etc.) se vacunarán también en el grupo 4.

Pero, en este grupo, no se incluyen los cuidadores no profesionales que, en el caso de las personas con discapacidad intelectual grave y que necesitan apoyo constante en su día a día, es la inmensa mayoría de los casos son sus familias. Es este grupo el que más preocupa a Plena Inclusión.

El vacío de las familias

"Tiene sentido haber empezado por las residencias, pero cuando hablamos de un entorno general no hay razón que, por tener contrato -como cuidador profesional de un dependiente- tengas derecho a la vacuna, y por ser padre o madre o hermano no lo tengas".

La mayoría de personas con discapacidad intelectual viven con sus familias. Pedimos que a la estrategia se incorpore la vacunación de esos cuidadores principales", señalan desde Plena Inclusión España

"La mayoría de personas con discapacidad intelectual viven con sus familias. Pedimos que a la estrategia se incorpore la vacunación de esos cuidadores principales. Creemos que lo conveniente es vacunar a la unidad de convivencia, porque si se infectan los padres o uno de los hermanos la carga de cuidados se hace casi insostenible. El cuidador, sea profesional o no, tiene que ser vacunado", insiste Galván.

"Hay un vacío. Habrá unas comunidades autónomas que lo hagan. Otras que no. Pero creemos que tiene que estar incorporado a la estrategia. Es de lógica. No puedes diferenciar entre profesional o no, cuando la función es de cuidados básicos en ambos casos", incide.

Otro colectivo que les inquieta son las personas con discapacidad intelectual en la población penitenciaria. "¿Qué ocurre?. Si hay una política de vacunación (en prisiones), pedimos que haya especial referencia a este colectivo que tiene más dificultades y problemas para mantener las normas de seguridad", señala el director de Plena Inclusión España.

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