La Policía Nacional ha procedido a desmantelar y detener 6 clínicas clandestinas que operaban en el barrio de Usera, regentadas por ciudadanos chinos. Se han detenido a 8 personas y se ha imputado a otras dos, todas ellas de nacionalidad china. Las clínicas operaban ofreciendo consultas ginecológicas, de pediatría y odontología, entre otras especialidades diversas. La sorpresa no se detiene aquí, sino que además, practicaban intervenciones quirúrgicas, abortos clandestinos, sin las condiciones necesarias de asepsia ni higiene, indispensables para estas prácticas, ni licencia.
Las clínicas se anunciaban tratando de imitar anagramas e identidades corporativas de otras clínicas conocidas en España, en medios dirigidos a la comunidad asiática. Según la Policía, uno de los detenidos llegó a fabricar pruebas falsas para convencer a un paciente de que padecía una falsa enfermedad.
Las clínicas estaban regentadas por ciudadanos chinos y se concentraban en la citada barriada de Madrid, conocida por su elevado número de residentes pertenecientes a esta comunidad asiática.
Situadas en viviendas particulares eran empleadas como clínicas médicas a pesar de no estar inscritas en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, requisito indispensable, y de carecer de las mencionadas condiciones mínimas de higiene y seguridad exigidas por el Sistema Nacional de Salud.
Los agentes han intervenido más de trescientas piezas instrumentales y 148.000 pastillas durante la operación
Además, ninguno de los detenidos e imputados figuraba inscrito en los colegios oficiales correspondientes a pesar de anunciarse varios de ellos como doctores en medicina.
Uno de los pacientes acudió a la consulta del citado falso médico por una serie de dolencias estomacales y fue atendido en la parte posterior de un local que a la vista del público era un herbolario. El falso doctor acompañó a este paciente a realizarse unos análisis a unos laboratorios y transcurridos unos días y ya con los resultados de la analítica -que no reflejaba ninguna anomalía- los modificó y falsificó haciendo creer a la víctima que tenía una variante de hepatitis.
Durante varias consultas le cobró alrededor de 3.500 euros y provocó en el paciente un empeoramiento severo de sus dolencias suministrándole unas pastillas de origen chino, como consecuencia de lo cual el afectado tuvo que acudir al servicio de urgencias de un hospital, donde se le diagnosticó una grave infección estomacal.
La víctima presentó denuncia por lo sucedido y los investigadores, a tenor de lo que manifestó, iniciaron una minuciosa búsqueda de ofertas de servicios médicos a través de varios medios de comunicación dirigidos a la comunidad china en Madrid.
Los investigadores localizaron varios anuncios que carecían del nombre del centro de salud, que no facilitaban una dirección física donde acudir, que hacían referencias a supuestas colaboraciones con hospitales españoles y que aseguraban una dilatada experiencia en China de al menos veinte años.
La investigación determinó que esta clínicas se habían concentrado muy próximas las unas de las otras, todas ellas en Usera, y entre las que compartían especialidades mantenían una dura batalla de precios o publicitaban que atesoraban mayor experiencia o que tenían mejores productos.
Comprobaron, además, el deplorable estado tanto de las instalaciones como del material médico utilizado, que se convertían en conductores de importantes enfermedades con un grave riesgo para la salud y muchos de los pacientes que acudían a estos centros eran niños de muy corta edad con el consiguiente peligro.
Los agentes han intervenido más de trescientas piezas instrumentales y 148.000 pastillas durante la operación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid
