En una semana convulsa por los diferentes escándalos de corrupción que han saltado a los medios, otra noticia sobre irregularidades pasaba a la vez casi desapercibida, aunque también en la misma línea. El Tribunal Supremo obliga a la ONG Access Info a pagar 3.000 euros por preguntar cuáles son las medidas que España está tomando para luchar contra la corrupción, en un ejemplo más de que queda mucho por hacer para lograr la transparencia en las instituciones.
Para entender el caso habría que remontarse a 2007, cuando la ONG solicitó al ministerio de Justicia información en una serie de preguntas sobre lo que había hecho para aplicar la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención de la OCDE contra el soborno, como firmante de las mismas que es. La respuesta fue el silencio administrativo, un uso que alcanza cerca del 50% de media en las solicitudes de acceso a la información según un estudio de la propia organización con datos desde 2006.
Pidieron información al ministerio y obtuvieron el silencio administrativo. Tras años recurriendo, el Supremo les obliga a pagar las costas por entender que 'piden explicaciones al Gobierno'
La solicitud recogía algunas preguntas como "qué pasos había dado España, de acuerdo con la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, para establecer la responsabilidad legal de compañías españolas por actos de corrupción y cohecho en el que están involucrados funcionarios públicos extranjeros", o también "¿Cuál es el organismo responsable de la prevención de la corrupción cometida por organismos españoles públicos y privados? ¿Qué recursos económicos o personales se han proporcionado a este organismo? (todo de conformidad con la Convención de la ONU contra la Corrupción, artículo 6).
Después de varios recursos y de casi cinco años, el Tribunal Supremo dictaminó en mayo de 2012 que en el actuar del ministerio no había habido violación del derecho a la información, y argumentaba que la información solicitada era en realidad una forma de pedir explicaciones al Gobierno y no una petición de información en sí.
"Es curioso que un país que está diciendo a la comunidad internacional que está aumentando la transparencia, sobre todo dada la necesidad de combatir la corrupción, cuando una organización de la sociedad civil formula una pregunta sencilla sobre qué se ha hecho para aplicar las normas internacionales, se les niega el derecho de acceso a la información y están obligados a pagar 3.000 euros por haber llevado el caso a los tribunales", explica Helen Darbishire, directora ejecutiva de Acces Info Europe.
El abogado defensor de la ONG, Enrique Jaramillo, explica que al no obtener respuesta de la Administración, se ven obligados a acudir a la vía judicial, una opción lenta y costosa especialmente para las ONG. "El Supremo reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar escudándose en el silencio administrativo, y condena en costas a quien reclama amparo judicial con una sentencia que ni siquiera entra en el fondo del asunto. El riesgo de tener que pagar las costas es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta", declara.
"Las costas son una sanción impuesta a la sociedad civil por ejercer su derecho de acceso a la información y desincentiva a quienes quieran defender otros derechos", explica la directora ejecutiva
Un mes para pagar
La sentencia del Supremo obligaba a Access Info a pagar los 3.000 euros el pasado mes de septiembre. Después de impugnar las costas, el tribunal volvió a fallar en contra en diciembre, por lo que la ONG deberá hacer el pago en este mes de enero. Para ello, pusieron en marcha una campaña de recogida de fondos a través de su web, incluso hay peticiones en Change.org para ayudar a conseguir el propósito de seguir adelante con el caso.
El poder de la red ha hecho que ya hayan conseguido recaudar los 3.000 euros, y que lleven más de 115.000 firmas para que se publique la información. Más de 250 personas y organizaciones han colaborado para ayudar a lograr la cuantía.
Los responsables ya han dejado claro que volverán a recurrir. De momento, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender vulnerado el derecho de acceso a la información y el de recibir información veraz del artículo 20. De momento es lo último que pueden hacer, pues no existen más recursos contra las costas impuestas, y el recurso ante el Constitucional no exime de abonar los 3.000 euros.
Además, expresan su intención de sacar el caso fuera de las fronteras españolas, "ya sea recurriendo al Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas costas son una sanción impuesta a la sociedad civil por ejercer su derecho de acceso a la información y desincentiva a otras organizaciones a la hora de litigar para defender otros derechos de interés público", concluía Darbishire.
