La reforma del Registro Civil prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá como primera consecuencia que las bodas civiles oficiadas hasta ahora por los jueces de manera gratuita, pasarán a ser competencia de los notarios y los cónyuges deberán pagar al notario por la misma, según ha explicado este martes el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez. Aunque no ha precisado la cantidad, ha indicado que será inferior a los 90 o 100, tasas que cobran algunos ayuntamientos que celebran bodas.
En un desayuno informativo, organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), el director general de los Registros y el Notariado ha abordado el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja el Ministerio de Justicia, todavía objeto de debate. Rodríguez ha concretado novedades del texto como es la autorización con la que contará el notariado para celebrar bodas, algo que ahora es gratuito ante el juez. En el caso de las bodas oficiadas por los alcaldes, seguirá siendo cada territorio el que fije la cuantía a pagar.
Nacimiento y defunción
Los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo "gratuitas" en el nuevo Registro Civil, que quedará encomendado a registradores de la Propiedad y Mercantiles. Estos actos suponen entre el 80 y el 90 por ciento de la actividad de estas oficinas, según ha explicado Rodríguez.
El borrador también contempla un aumento de los hechos inscribibles en el Registro, como es la inscripción de poderes o el domicilio. El ciudadano tendrá la posibilidad de comprobar que el poder no ha sido revocado, mientras que voluntariamente podrá inscribir su domicilio para recibir notificaciones.
Estos trámites voluntarios tendrán un coste --inferior al mantenimiento de este servicio-- y que, en el caso de los poderes "en ningún caso será superior" al que ahora tiene en el Registro Mercantil. Rodríguez se ha preguntado hasta qué punto actos que son tramitados voluntariamente por un interés particular, como es un cambio de nombre, tengan que ser "pagados por todos".
El director de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia ha defendido que el nuevo modelo dotará de una mayor eficiencia al Registro Civil al incrementar la interoperabilidad informática y supondrá un "importante ahorro" a la Administración, ya que ahora este servicio conlleva costes directos e indirectos que suman los cerca de 450 millones de euros.
La interoperabilidad de las bases de datos, donde constan la información de los ciudadanos y que algunos critican por hacerlos disponibles para el Cuerpo de Registradores, supondrá una ayuda para luchar contra el fraude o la corrupción. "Por ejemplo, ahora no se controla si con un poder de una persona fallecida se está disponiendo de dinero en una cuenta bancaria o si se pagan pensiones a una persona que haya fallecido", ha señalado Rodríguez.
El director general ha descartado entregar los registros civiles a funcionarios públicos como secretarios judiciales porque "tienen bastante trabajo" y sería necesario ofertar más plazas y dedicar más medios.
Respecto a las críticas de privatización, ha aluddio a que Izquierda Unida presentó una enmienda a la anterior reforma del Registro Civil -que no entra en vigor hasta 2014 al tener una 'vacatio legis' de tres años- proponiendo encomendarlo a los registradores. "No creo que quepa pensar que Izquierda Unida quiera privatizar el Registro Civil", ha concluido.
