Alrededor de 30.000 fallecidos figuraban como beneficiarios de las prestaciones del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Así lo refleja un informe del Tribunal de Cuentas elaborado a partir del cruce de datos de las comunidades autónomas y el Imserso.
Según el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha, José Ignacio Echániz (PP), que ha acudido este miércoles al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, el informe es "demoledor", porque pone en evidencia no sólo "la mala gestión" del Gobierno anterior, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, sino también la "descoordinación" en las prestaciones. "En el cruce de los datos formulados entre el Imserso y las comunidades autónomas hay hasta 30.000 fallecidos", ha subrayado el castellanomanchego.
Echániz ha adelantado que el Ejecutivo y las comunidades autónomas podrán en orden un sistema que, en su opinión, se creó de manera "deslavazada" y "desordenada", "con poco rigor" y que "está dando más problemas que satisfacciones. Por su parte, su homólogo extremeño, Luis Alfonso Hernández (PP), ha valorado la reforma de la Ley de Dependencia que ha aprobado el Ejecutivo.
A su juicio, todos los políticos deben priorizar a la hora de tomar decisiones, y la disminución presupuestaria la están sufriendo todas las autonomías, en respuesta a los consejeros de las autonomías gobernadas por el PSOE, que han criticado que el Gobierno desmantele el sistema de la dependencia con la excusa de la crisis. Sobre el Consejo Territorial ha dicho que se va a establecer un nuevo sistema "para que pesen más a la hora de la financiación de la dependencia las prestaciones de servicio que generan empleo frente a las prestaciones económicas".
Sanidad da seis meses a las autonomías para actualizar los beneficiarios
Tras conocer los datos del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las comunidades autónomas para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia.
El informe del Tribunal de Cuentas se encuentra en fase de alegaciones. Este documento analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluyendo que 29.169 fallecidos constan como beneficiarios, por los que las autonomías recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.
Este órgano indica que ha habido "falta de comunicación" por parte de las autonomías a la aplicación informática que gestiona el sistema de dependencia. Asimismo, apunta a una "ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización".
