En 2014 la crisis de los medicamentos contra la hepatitis C, cuando el Ministerio de Sanidad de Ana Mato negoció una compra masiva del innovador medicamento Sovaldi, patente de la canadiense Gilead que consigue un 95% de curaciones. Ha habido mucha especulación desde entonces (se habló de 60.000 o de 25.000 euros por tratamiento, que luego bajaron a 13.000 según 'El País') por saber el alto precio que ha pagado la sanidad pública.
Como era de esperar, a la opacidad siguió la especulación. Se publicó que algunos pacientes españoles a los que la sanidad pública no cubría por no estar en estado avanzado marcharon a países como Egipto, donde por unos 5.000 euros podían hacer el tratamiento necesario durante unas 3 semanas. Reuters decía que en el país de las pirámides el tratamiento valía unos 900 dólares.
Pero ni un sólo dato oficial. El Ejecutivo se niega, los laboratorios también. ¿Cuál es el motivo de esta opacidad?
Desde la industria ofrecen sus argumentos, empezando porque "ningún país lo hace, por ejemplo en Reino Unido los datos no son públicos, no se dice ni el comprador ni el vendedor y la propia ley de transparencia restringe este caso", aseguró Humberto Arnés, director general de la patronal Farmaindustria, quien sí advierte que los precios son más bajos de lo que se publicó en su momento.
"No puede costar lo mismo el medicamento en Alemania o en Rumanía. Apostamos por precios diferenciados"
Uno de los motivos es que, no dando los precios, "se obtienen condiciones más ventajosas que si se dieran. La industria pone un ejemplo como este: "Imaginen que un medicamento se comercializa en Alemania a un precio de 10. Si todo fuera público y en España se vendiera a precio de 7, ¿no protestarían los alemanes? Dando los precios saldrían perjudicados los países que tienen capacidad de negociar, que pueden conseguir precios más bajos", aseguran. Por ello es una información que sólo posee la administración y las empresas. "No es una situación oscura", aseguran, sino que si se supiera el precio de los medicamentos las compañías serían más reacias a ofrecer descuentos a los Estados. "España está en posición intermedia pero países como Bulgaria y Rumanía estarían mucho más débiles. Nosotros apostamos por precios diferenciados en función de la capacidad de pago en un país y no puede cobrarse lo mismo en Alemania que en Rumanía. Tendrías que practicar el precio de Rumanía en Alemania y eso no puede ser. No se vendería".
Un fondo de 800 millones
El coste para la sanidad pública española del medicamento para la hepatitis ha sido de unos 1.000 millones de euros. Sin embargo, no hay datos claros de cuántos pacientes ha habido y por ello no puede establecerse un precio con nitidez. Otro de los motivos para no dar los precios son, aseguran, "que se pactan en negociaciones donde también entra en juego las condiciones de acceso y otras variables. Otras veces hay comportamientos oportunistas, como esperar a que baje el precio para comprarlo". Para la industria, lo que es relevante es que los medicamentos lleguen a la población que lo necesita.
Sin embargo, ha habido muchas críticas con este modelo. Muchas de ellas en el sentido de que un sector regulado y una compra donde participa el estado deberían ser públicas.
Bajo la dirección de Alfonso Alonso, Sanidad calculó que en 2015 51.964 personas accederían al medicamento a través de las comunidades autónomas, de un total de 95.524 diagnosticados. El Gobierno dispuso de un fondo de 800 millones para esta partida extraordinaria.
