El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación al caso de supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de esa diócesis. La cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento procesal oportuno, informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el auto, contra el que cabe recurso de reforma, el juez Antonio Moreno considera que los imputados, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada.
"Precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia", agrega el auto. Es por todo ello, "por culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten en relación de causalidad los actos de índole sexual que se residencian y originan desde la parroquia", por lo que se estima que se cumplen todos los presupuestos expuestos para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado.
En concreto, el juez entiende que "no cabe duda" de que los imputados, y especialmente el padre Román, "cabeza visible" del grupo de sacerdotes, aprovechando la condición de la víctima como monaguillo en la iglesia que regía, contaba con una "gran ascendencia" sobre él, invitándole a quedarse a dormir en su casa y a participar en actos comunales del grupo.
El juez acordó en febrero que la investigación judicial de la causa continuara sólo contra el padre Román al considerar que los delitos contra el resto de imputados habían prescrito
Sacerdotes "muy conocidos"
El juez agrega que, aunque es cierto que la mayoría de actos libidinosos se realizaron en la casa de los curas, "no lo es menos que precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial" de la iglesia.
Entiende el magistrado que el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, "habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimiento necesarios" y recomendados además tanto por la Santa Sede como por la Conferencia Episcopal "para evitar la comisión de unos hechos por parte de un grupo de sacerdotes". Se trataba además de un grupo de sacerdotes "muy conocido en una ciudad como Granada, en el propio Arzobispado y por el arzobispo por su idiosincrasia propia de vida comunal, y bajo cuya autoridad se encuentran de forma directa".
El juez acordó en febrero que la investigación judicial de la causa continuara sólo contra el padre Román al considerar que los delitos contra el resto de los once imputados habían prescrito, lo que fue recurrido ante la Audiencia de Granada, que deberá pronunciarse.
La llamada del Papa
La investigación judicial se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven que ahora tiene unos 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre del año pasado. Lo hizo tras recibir en agosto la llamada del Papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17 años.
En la causa fueron imputados de manera inicial diez sacerdotes y dos seglares con diferentes grados de presunta autoría, a través de una participación necesaria, cooperación o encubrimiento.
