El caso del maltratador que cambió de sexo tiene ya quien se haga caso del caso, y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha dictado una providencia en la que reclama al Ministerio Público que aclare quién debe hacerse cargo de este caso cuyo agresor está condenado a quince meses de prisión, pero del cual se inhibió el juzgado de violencia sobre la mujer.
Los hechos denunciados se conocieron el pasado 21 de agosto, cuando un condenado a 15 meses de cárcel por agredir a su pareja era informado, al mismo tiempo que la víctima, de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se inhibía en el caso, mientras que su abogado pedía el indulto de la pena.
La razón: se cambió de sexo en el Registro Civil tras haber sido condenado por la agresión. Tras conocerse esta nueva circunstancia el Juzgado envió el caso a Instrucción, que a su vez lo remitió al número 15 para que siga con las actuaciones, pero la jueza considera, en la providencia, consultada por EFE, que “dadas las circunstancias personales de las personas litigantes”, es la Fiscalía quien debe decidir qué se hace y quien gestiona este asunto.
Es por eso, que el Juzgado pide que se remitan las actuaciones “a fin de que informe si este órgano es competente para continuar con el conocimiento de la causa” o procede plantear una cuestión de competencia a la Audiencia Provincial”. La jueza constata que no consta el visto de la Fiscalía en el auto dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Sevilla de fecha 13 de agosto de 2024 “acordando la inhibición a favor de los Juzgados de Instrucción de Sevilla por falta de competencia objetiva”.
Cinco años de malos tratos
Este caso se inicia, según ha adelantado a EFE tras hablar con el letrado de la víctima, José Antonio Sires, cuando la mujer rompió la relación sentimental con su expareja hace cinco años por los malos tratos físicos y psicológicos a los que se vio sometida durante una década. Todos estos hechos fueron denunciados en muchas ocasiones ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer. A raíz de estas denuncias, en 2014, a la víctima le fueron concedidas varias órdenes de protección a su agresor, pero este las violó en varias ocasiones hasta que finalmente, en 2019, el agresor fue condenado a quince meses de prisión por los delitos de amenazas y quebrantamiento de condena.
Después de varios recursos, los cuales fueron todos desestimados, un juzgado de los Penal de Sevilla ordenó en septiembre del año pasado el ingreso inmediato en prisión del agresor, con el apercibimiento de librar la correspondiente requisitoria a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para la detención y efectivo ingreso forzoso en un centro penitenciario.
Pero un mes antes de esto, el agresor acudió al Registro Civil y cambió su registro para ser reconocido como mujer. Ante este cambio, el letrado de la víctima consideró este movimiento como "un indubitado fraude de ley", al considerar que el cambio de sexo registral del agresor, que además cuenta con multitud de antecedentes penales en materia de violencia de género, busca ser enjuiciado por un tribunal penal y no por uno especifico de Violencia de Genero, evitando así una pena mayor por los hechos cometidos.
La defensa del agresor ha presentado una petición de indulto frente al ingreso en prisión, que todavía está pendiente de ser resuelta por la Audiencia de Sevilla. El letrado de la víctima recuerda que su clienta todavía "sigue sufriendo un calvario continuado por nuevas amenazas y agresiones". Tras el cambio de sexo del condenado, ha añadido el abogado de la víctima, "las agresiones y amenazas, lejos de cesar han continuado, temiéndose por la integridad física de la víctima".
"Te quedan pocos días de vida"
El pasado julio la víctima llamó a emergencias ya que -presuntamente- el condenado volvió a agredirla y a amenazarla formulando frases como "te quedan pocos días de vida". Después de la llegada de una patrulla de la Policía Nacional, el agresor se defendió ante los agentes alegando que: "soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho", para de esta forma evadir una condena por violencia machista.
Sires defiende que el cambio de sexo registral se ha hecho "sin la exigencia de buena fe y en fraude de ley" y como parte de la defensa pedirán la anulación de la gestión en el Registro, llegando "incluso exigir una responsabilidad civil o administrativa".
El abogado defensor ha señalado que existen precedentes de actuaciones judiciales similares que "dejan claro" que cualquier hombre que cambie su sexo "no puede eludir las condenas por violencia machista", ya que se que perdura la responsabilidad jurídica que la persona tuviese antes de cualquier rectificación registral.
