Desde hace cuatro años el Observatorio de las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) viene recopilando datos para analizar las causas y posibles soluciones de este tipo de problemas en el entorno laboral de los profesionales sanitarios. En 2013, las agresiones a médicos descendieron un 15%, registrándose 354 casos frente a los 416 del año anterior, pero pese a este descenso, los responsables admiten no sentirse satisfechos, ya que las 1.714 agresiones en los últimos años hablan de la necesidad de poner solución a este problema.
Según el informe presentado esta semana en Madrid y en otras provincias, con motivo del día contra las agresiones y bajo el lema de "ante las agresiones a médicos, tolerancia cero", el 89% de las agresiones se producen en el sector público, y sólo una de cada 10 en el privado, mientras que sólo en el 68% de los casos existen denuncias de lo ocurrido, pese a que el 18% de los afectados sufrieron lesiones. "Hemos mejorado, pero no podemos estar satisfechos puesto que queda mucho por hacer", decía Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.
El 89% de las agresiones se producen en el sector público y sólo una de cada 10 en el privado, donde los médicos no tiene consideración de funcionarios
Esa tendencia descendente refleja parte del trabajo del Observatorio, que se puso en marcha por parte de la OMC y los 52 colegios de médicos de toda España a raíz de la muerte en 2009 de la doctora María Eugenia Moreno, residente de 34 años asesinada por un paciente mientras trabajaba en un centro de salud en Moratalla (Murcia). Desde entonces, y con las cifras en la mano, la principal reivindicación de los médicos es que se homogeneice la legislación, de modo que se unifique el criterio para calificar las agresiones como faltas o como delitos, y que cuando ocurran, haya una misma respuesta en cualquier ámbito, ya sea público, privado, o de diferentes Comunidades Autónomas.
"Cuando un médico es agredido en un centro público, tiene consideración de funcionario, mientras que si ese mismo médico en horario diferente trabaja por lo privado y es agredido, esto podría considerarse una falta, y por lo tanto ser juzgado de modo diferente. Por eso pedimos que se contemple la consideración de delito contra la autoridad y se reconozca esta misma autoridad en ambos casos", explicaba Serafín Romero, secretario general de la OMC.
"Me gustaria saber por qué nos pegaron"
La doctora Carmen Rodríguez explicaba precisamente cómo se desencadenó la agresión que sufrió hace unos meses mientras trabajaba en una guardia de domingo en un centro médico de Sevilla. "Yo estaba atendiendo a dos niños, hermanos, cuando oigo voces en la sala de espera, y de repente dos equipos enteros de sanitarios -médicos, enfermeros, celadores- fuimos agredidos. Nos pusimos a atender a su familiar, un señor que decían que no respiraba, de unos 40 años, y sin saber cómo, porque no lo sé y me gustaría preguntárselo- empezaron a darnos puñetazos. Lanzaban las sillas, tiraban los ordenadores, los teléfonos, todo. No entendíamos nada pero sabíamos que había que escapar", relata.
Los médicos han contado con el compromiso de la Defensora del Pueblo, de los ministros de Sanidad y Justicia y de diferentes representantes de Sanidad de las Cámaras y las CCAA
Rodríguez pertenece a ese 9% que se coge su baja laboral, recibió tratamiento, y se reincorporó a su puesto de trabajo, aunque admite que tenía miedo. "A veces las agresiones son el resultado de decisiones políticas a las que el médico pone cara, pero tenemos que pedir que esos mismos políticos pongan empeño en proteger a estas personas. Es de agradecer, por ejemplo, la ley de Aragón 9/2013, que en sus artículos 6 y 7 reconoce a los médicos la consideración de autoridad pública y les hace gozar de la presunción de veracidad. No quiero destacar a ninguna comunidad en negativo, pero si siguen aumentando las diferencias entre unas y otras vamos a tener que ponerlo por escrito con cifras, porque algunas no están haciendo nada", se quejaba Rodríguez Sendín.
Con ese objetivo de avanzar en la regulación se reunieron el Observatorio y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien se ha comprometido a trasladar las quejas a su informe anual. Los sanitarios por su parte se muestran optimistas, ya que cuentan con el apoyo tácito de los representantes de Sanidad del PP en el Congreso y Senado, la propia ministra Ana Mato y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, del anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y de las consejerías de las diferentes CCAA.
"Además se va a generar un convenio de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender con especial celeridad estas llamadas de los médicos dentro de un protocolo de actuación para que se prioricen estas intervenciones", añadía el presidente de la OMC.
Entre 2008 y 2012 más de 9.296 profesionales de enfermería han presentado denuncias por agresión, aunque el SATSE estima que esto sólo representa un 11% de las agresiones reales
También los enfermeros
La reivindicación de los médicos es idéntica a la que unos días antes hacían los profesionales de enfermería, que también solicitan ser considerados como autoridad pública en su puesto de trabajo. El sindicato SATSE ha contabilizado entre 2008 y 2012 más de 9.296 denuncias de enfermeros por agresión físical o verbal, una cifra que sólo representa el 11% de las agresiones reales.
Según los datos que maneja el SATSE, al menos 8 de cada 10 profesionales han sufrido una agresión en su trabajo, y aunque la tendencia fue creciendo de 2008 a 2011, sí se aprecia un ligero descenso en 2012. Para tramitar las denuncias, el sindicato insiste en que las administraciones deben facilitar el necesario apoyo, defensa y asesoramiento jurídico al afectado, algo que en el caso de los médicos sólo ocurre en un 32% de los casos.
Bajo el lema "la agresión no es la solución", el sindicato defiende que se les tenga por autoridad pública para reforzar la consideración y respeto de los profesionales de enfermería, algo que haría disminuir las agresiones, que dejarían de ser faltas para pasar a ser delitos.
