Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Inspección de Trabajo, han detenido a un español de 54 años, propietario de una gestoría y titular de diversas empresas y varias fincas rurales, de la zona de Palma de Mallorca por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de discriminación laboral, dado que pagaba a sus empleados 70 euros semanales por diez horas diarias y seis días a la semana.
En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado de que las indagaciones de la denominada operación 'Sa Flor' se iniciaron hace unas semanas, cuando se recibieron diversas denuncias, comunicando las numerosas irregularidades que se estaban produciendo por parte de un empresario en Palma y que podría estar atentando contra el derecho de varios trabajadores extranjeros, principalmente de origen marroquí, informa Europa Press.
Las victimas, dos ciudadanos de origen marroquí, contratados por dos horas diarias como jardineros, eran obligadas a realizar jornadas laborales de hasta 10 horas diarias percibiendo únicamente 70 euros semanales y teniendo únicamente un día a la semana libre, el cual según las necesidades del propio empresario podía ser disfrutado, o no.
Así, según la Policía, los trabajadores realizaban funciones de albañiles, jardineros, traslado de muebles y enseres sin ningún tipo de medidas de seguridad acorde a la legislación laboral referente a la Ley de Riesgos Laborales.
Concretamente, según la versión policial, los dos trabajadores, residían en la finca agrícola en la que trabajaban, en condiciones "infrahumanas", incluso sin agua corriente para aseo personal y baño, debiendo a tal efecto sacar el agua de un pozo de la finca, y si por ello se quejaban, eran amonestados diciéndoles "mejor estáis aquí que aparcando coches".
Ante tal situación, se procedió a la realización de una Inspección junto a la Delegación de Trabajo y Seguridad Social, identificando a cuatro trabajadores, dos marroquíes y dos rumanos, y procediéndose a la intervención de diversa documentación.
Las víctimas, los dos ciudadanos marroquíes, llevados por sus diferentes situaciones económicas y personales (cargas familiares), y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían obligados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario, dándose la circunstancia de que mientras los ciudadanos rumanos cobraban en torno a los 600 euros mensuales por cinco horas de jornada diarias durante seis días a la semana, los ciudadanos marroquíes, por diez horas diarias y seis días a la semana cobraban 70 euros a la semana.
