El juicio contra la farmaceútica alemana Grünenthal por la venta de la talidomida en España a través de su filial Medinsa ha comenzado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid. En el procedimiento civil están inmersas veinte de las cientos de víctimas que causó el consumo de este medicamente en España.
La farmacéutica ha asegurado este lunes que los afectados por este medicamento en España aún tienen la oportunidad de solicitar las ayudas que conceden la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal Alemania cincuenta años después. La compañía asegura que esto permitirá a los afectados españoles, que reclaman indemnizaciones por valor de 204 millones de euros, tener los mismos beneficios económicos que reciben los afectados en Alemania.
Así lo ha asegurado Grünenthal en un comunicado, coincidiendo con el inicio del juicio contra contra la empresa por la venta de este fármaco en la década de los sesenta, que causó numerosas discapacidades en recién nacidos. Las víctimas acusan a la compañía de haberles dado sólo una "pequeña ayuda" como indemnización y reclaman un total de 204 millones, a razón de 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía de los afectados.
En relación al juicio, recuerda que los hechos ocurrieron hace más de 50 años por lo que "la legitimidad de cualquier procedimiento podría verse seriamente comprometida por el lapso de tanto tiempo". La compañía admite que "por respeto a la Justicia" no realizará más comentarios mientras esté en curso el actual procedimiento legal.
No indicado para embarazadas
Durante su declaración en calidad de demandado, el representante legal de la farmacéutica alemana ha insistido en que este fármaco se retiró en diciembre de 1961 ante las sospechas de que podría tener efectos secundarios y ha negado, a preguntas del abogado de las víctimas, que se vendiera más allá de esa fecha. De hecho, ha especificado que se retiraron 91 kilos de este fármaco de los 150 kilos que se exportaron para su venta en España. "La retirada se hizo bajo sospecha de posibles efectos y sin que la empresa estuviera obligada a ello para que el impacto fuera el menor posible".
Según la Asociación de víctimas de la talidomida en España (Avite), se estima que en España hubo unas 3.000 personas afectadas por este fármaco, que en la década de los 60 fue utilizado para tratar las náuseas de las mujeres embarazadas y que provocó numerosas discapacidades en los recién nacidos. Recientemente, el Gobierno aprobó un real decreto para la concesión de ayudas a estos afectados. Pero los requisitos fijados sólo permitirán recibir esta compensación económica a 24 personas.
De los afectados, quedan vivos entre 500 y 1.000, aunque entre los requisitos para recibir las ayudas del Gobierno (que oscilan entre los 30.000 y 100.000 euros) se exige que presenten el 'certificado de talidomídico' del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas (CIAC), organismo del Instituto de Salud Carlos III que en 2006 desarrolló un protocolo clínico para determinar qué personas se habían visto realmente afectadas por el uso que sus madres hicieron de este fármaco.
