"En el ámbito sanitario, a veces las empresas crean o patrocinan supuestas organizaciones civiles que, tras un aparente interés por defender valores sociales, se ocupan en realidad de proteger sus intereses comerciales. En esta línea se han creado grupos de pacientes o sociedades científicas respaldadas por la industria". La salud como negocio, y las grandes industrias de la farmacia y la sanidad privada como financiadoras de asociaciones cuyo objetivo es propagar bajo cuerda una doctrina favorable a sus intereses económicos. La oenegé global Transparencia Internacional lo ha denunciado en un extensísimo informe publicado este miércoles en el que se pide una legislación más clara para los grupos de interés, que son especialmente poderosos en segmentos como el financiero, el energético, el de contenidos culturales o el de salud pública.
Especialmente grave es esta actividad lobística en la industria sanitaria y farmacéutica, donde los médicos toman cada día decisiones que pueden derivar el gasto público hacia unos productos u otros en base a criterios de intereses privados. Aunque los carísimos viajes con los que los laboratorios 'agasajaban' a los facultativos antes de la crisis ya se han controlado, el capital interesado en la industria tiene otras maneras de influir sin que se note. Por ejemplo, el informe menciona como las compañías 'compran' a los medios, especialmente a los especializados: "Hay en el sector sanitario numerosos medios especializados, generalmente bien financiados por las compañías, que pretenden condicionar la agenda científica y política de la sanidad. Los medios de comunicación generales pueden influir gracias a su amplia difusión, pero igualmente son influidos por actores interesados cuyo poder se refuerza por la creciente dependencia de la financiación ligada a la publicidad".
Como el lobby farmacéutico tiene más poder que el preventivo, las políticas públicas se dirigen a promover tecnologías que le den beneficios a la industria
Pero tal vez lo más grave es que, siempre según el estudio en el que han trabajado 19 expertos (principalmente académicos) y dos asociaciones, es que las políticas públicas sanitarias tienen "un sesgo asistencialista, dado el mayor peso que tiene el lobby farmacéutico-industrial frente al preventivo". ¿Qué significa esto? Que la agenda pública de salud se centra más en el cuidado de la enfermedad "y la promoción de tecnologías que rinden beneficios a determinados sectores industriales, mientras se descuidan otras actuaciones primordiales: la financiación pública de alternativas menos costosas que las intervenciones en productos patentados".
El ejemplo de la varicela
El estudio incluye un ejemplo, el ocurrido con la vacuna de la varicela, de nombre comercial en España Varivax y producida por los laboratorios Sanofi. Según el estudio, esta empresa 'pasó' de las autoridades sanitarias que estipulaban cuántas vacunas debían de comprar para "lograr la mayores venta posible en farmacias y su aplicación a niños pequeños". Al contrario que otros países europeos, todos con la misma recomendación de vacunación, Sanofi consiguió "un éxito de ventas" en España. Los números hablan por sí solos: en Francia con 820.000 nacidos en un año se utilizan 58.000 dosis (una vacuna por cada 14 bebés) y en Reino Unido con 805.000 nacidos, 17.000 dosis (una cada 47). En España, con 405.000 nacidos, se utilizaron 360.000 dosis. ¡Casi una vacuna por niño!
Por tanto, según la organización "el caso de la vacuna de la varicela ilustra "varios de los déficits de las instituciones o de su funcionamiento". Por ejemplo, la falta de reglas sobre conflictos de interés, independencia o imparcialidad e las organizaciones que deseen hacer recomendaciones sobre salud. Controlar mejor quiénes son y qué intereses tienen. También señala la falta de "una agencia de salud solvente con capacidad científica reconocida".
