El Banco de España había advertido que en el primer semestre de 2014 hasta 15.000 grandes compañías y 50.000 microempresas podían declararse en quiebra por falta de crédito. Ante esa avalancha, el Ejecutivo flexibiliza los criterios para permitir que se retrase el pago de deudas entre acreedores privados. Hacienda y la Seguridad Social no aceptarán ni retrasos ni quitas.