Abanca, controlada por el grupo venezolano Banesco, reconoce en su último informe anual que la Agencia Tributaria mantiene "abiertos a inspección fiscal todos los ejercicios para los principales impuestos", si bien desde la entidad gallega matizan que es un formalismo que afecta a todo el sector.

La gallega es la única entidad nacionalizada que aún mantenía su presencia en el capital de Sacyr.

El tribunal señala en su sentencia que "la situación justificaba sobradamente la implementación de un nuevo proceso de despido colectivo" porque "la entidad, y el grupo en el que se integra, ha sufrido pérdidas millonarias y desmesuradamente crecientes en los dos últimos ejercicios". El banco tuvo unas pérdidas de 121,7 millones de euros en 2011.

El presidente ejecutivo de la entidad, José María Castellano, dirigió un escrito a los empleados este jueves, coincidiendo con el inicio del periodo de consultas del ERE, en el que llama a buscar un acuerdo en la negociación y señala que buscará rebajar la cifra de afectados.

La entidad ha informado a través de un comunicado de esta salida y de los cambios en el comité de dirección ejecutivo.

El polémico pago de más de 20 millones de euros netos que se llevaron cuatro directivos al salir de la entidad y entrar la nueva cúpula, con José María Castellano al frente, ha generado gran debate. Los partidos políticos gallegos han demandado la devolución de las retribuciones, mientras que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, envió una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que le demandó que "rectifique" y que "deje sin efecto" las indemnizaciones millonarias.